Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas prevista para evitar posibles inundaciones
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| La desaladora del Bajo Almanzora continúa inservible desde que fue arrasada por unas inundaciones en septiembre de 2012. |
ALMERÍA HOY / 26·07·2020
Ecologistas en Acción ha reclamado a la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica que se estudie el traslado de la desaladora de Villaricos, en Cuevas del Almanzora a la margen derecha del río en el que se ubica y "donde originalmente se proyectó" para sacarla de la zona "inundable" en la que se encuentra inutilizada después de que en 2012 quedara anegada a consecuencia de unas riadas.
Así lo ha trasladado el colectivo conservacionista ante la publicación del proyecto constructivo para la ampliación de las obras de protección de la planta desaladora, al que presentó alegaciones dentro del periodo de exposición pública iniciado el pasado 19 de junio ante unas obras declaradas de interés general y que están incluidas en el Plan Hidrológico Nacional.
Según alegan los verdes, el traslado de la desaladora en la que se invirtieron 77 millones de euros permitiría "definitivamente eludir riesgos catastróficos por inundación" así como "dejar sin afección ambiental los espacios protegidos".
El grupo ecologista incide en que el proyecto actual va condicionado por el estudio de inundabilidad redactado en 2016 en el que se reflejaba un caudal de avenida extraordinaria "insuficiente" ante la "grave confusión" de ramblas, dando por buena la avenida de la rambla de la Artesica, con un periodo de retorno de 500 años con 121 metros cúbicos por segundo en lugar de la rambla de Canalejas, con un caudal por el mismo periodo de 1.500 metros cúbicos por segundo.
"Este error conllevó la imposibilidad de protección frente a los episodios de inundación ocurridos el 28 de septiembre de 2012", han observado los ecologistas, que afean que el proyecto y su adenda no contemplen como alternativa "el 'statu quo' previo, es decir, la alternativa cero" que pasa por ubicar la planta fuera del cauce de la rambla "independientemente de ejecutar las responsabilidades civiles o penales que pudieran conllevar la implantación, en su día, de la desaladora del Bajo Almanzora en una parcela inundable".
Así, achacan este cambio de ubicación inicial "a ciertas presiones urbanísticas y políticas frente a las hidrológicas" que, según han recalcado, "debieron prevalecer". Recuerda la organización ecologista que la situación jurídica de la desaladora se sustancia a través del conocido caso Acuamed en la Audiencia Nacional, en el que se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal de obras a una decena de empresas, incluida la de la instalación almeriense.
"A la sociedad civil más condicionada nos corresponde luchar sin descanso para evitar que la desaladora del Bajo Almanzora y su indebido emplazamiento se convierta en otro Algarrobico para vergüenza de las presentes y futuras generaciones", alegan desde Ecologistas en Acción, que señalan "otros desgraciados ejemplos" de desastres medioambientales como "la falta de limpieza de la contaminación radiactiva que Palomares soporta desde el año 1966" o la "masiva construcción de viviendas en la desembocadura del Río Antas" en Pueblo Laguna.
De otro lado, la organización ha criticado que el proyecto que se somete a información pública "más bien parece un refrito de documentos, farragoso y desordenado" que se muestra "muy difícil de entender por el público en general", toda vez que echan en falta información sobre el deslinde del dominio público hidráulico y del terreno expropiado en la construcción de la planta "para delimitar el ámbito y la influencia hidrológica cierta de las obras a acometer".
Así lo ha trasladado el colectivo conservacionista ante la publicación del proyecto constructivo para la ampliación de las obras de protección de la planta desaladora, al que presentó alegaciones dentro del periodo de exposición pública iniciado el pasado 19 de junio ante unas obras declaradas de interés general y que están incluidas en el Plan Hidrológico Nacional.
Según alegan los verdes, el traslado de la desaladora en la que se invirtieron 77 millones de euros permitiría "definitivamente eludir riesgos catastróficos por inundación" así como "dejar sin afección ambiental los espacios protegidos".
El grupo ecologista incide en que el proyecto actual va condicionado por el estudio de inundabilidad redactado en 2016 en el que se reflejaba un caudal de avenida extraordinaria "insuficiente" ante la "grave confusión" de ramblas, dando por buena la avenida de la rambla de la Artesica, con un periodo de retorno de 500 años con 121 metros cúbicos por segundo en lugar de la rambla de Canalejas, con un caudal por el mismo periodo de 1.500 metros cúbicos por segundo.
"Este error conllevó la imposibilidad de protección frente a los episodios de inundación ocurridos el 28 de septiembre de 2012", han observado los ecologistas, que afean que el proyecto y su adenda no contemplen como alternativa "el 'statu quo' previo, es decir, la alternativa cero" que pasa por ubicar la planta fuera del cauce de la rambla "independientemente de ejecutar las responsabilidades civiles o penales que pudieran conllevar la implantación, en su día, de la desaladora del Bajo Almanzora en una parcela inundable".
Así, achacan este cambio de ubicación inicial "a ciertas presiones urbanísticas y políticas frente a las hidrológicas" que, según han recalcado, "debieron prevalecer". Recuerda la organización ecologista que la situación jurídica de la desaladora se sustancia a través del conocido caso Acuamed en la Audiencia Nacional, en el que se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal de obras a una decena de empresas, incluida la de la instalación almeriense.
"A la sociedad civil más condicionada nos corresponde luchar sin descanso para evitar que la desaladora del Bajo Almanzora y su indebido emplazamiento se convierta en otro Algarrobico para vergüenza de las presentes y futuras generaciones", alegan desde Ecologistas en Acción, que señalan "otros desgraciados ejemplos" de desastres medioambientales como "la falta de limpieza de la contaminación radiactiva que Palomares soporta desde el año 1966" o la "masiva construcción de viviendas en la desembocadura del Río Antas" en Pueblo Laguna.
De otro lado, la organización ha criticado que el proyecto que se somete a información pública "más bien parece un refrito de documentos, farragoso y desordenado" que se muestra "muy difícil de entender por el público en general", toda vez que echan en falta información sobre el deslinde del dominio público hidráulico y del terreno expropiado en la construcción de la planta "para delimitar el ámbito y la influencia hidrológica cierta de las obras a acometer".
