“La negligente gestión del PP lleva a Almería a presupuestos de susto o muerte por pagar 30 millones en sentencias”

Adriana Valverde evidencia que el alcalde oculta esa realidad en los de 2020, que en el mejor caso dejará inversiones hipotecadas 5 años y en el peor subida de impuestos y recortes

Adriana Valverde


ALMERÍA HOY / 13·03·2020

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha subrayado “que la negligente gestión del PP en el Ayuntamiento ha hecho que los almerienses vayan a pagar 30 millones por la expropiación de terrenos para el Paseo Marítimo, más 2.500 euros diarios de intereses, y ha llevado a la tesitura del susto o muerte a los presupuestos municipales de los próximos años”.

Porque, según ha explicado, el mejor de los escenarios pasa por la aceptación por parte del juzgado de un fraccionamiento en el pago de esa cantidad e implicaría “que los almerienses van a tener un futuro hipotecado en cuanto a inversiones, y lleno de mentiras” como se constata en las cuentas para 2020 que PP, Cs y Vox sacarán adelante en pleno este viernes.

“Ya se ven los recortes y el engaño porque se oculta que existe esa deuda y cómo se va a pagar, aunque el gobierno municipal del PP conoce las sentencias desde hace 1 año, y porque el alcalde contempla dinero para inversiones que ya sabe que no ejecutará, con la intención de luego destinar el dinero sobrante a esta losa” de 30 millones, ha remarcado Valverde.

Si la justicia termina por rechazar “el pago en cómodos plazos que el alcalde ruega ahora” y tiene que abonar ese dinero de una vez, el PP habrá empujado a la ciudad hasta el peor de los escenarios posibles: subirán los impuestos a los almerienses, les recortarán los servicios municipales y se someterá al Ayuntamiento a un duro plan de ajuste económico. “Y no es que lo diga el PSOE, es que lo ha reconocido el propio concejal de Economía del gobierno municipal del PP”, ha explicado Valverde.

Voto en contra de las cuentas

Será en el pleno extraordinario que se celebra el 13 de marzo cuando el gobierno municipal del PP eleva en su punto cuarto tanto la desestimación de las alegaciones presentadas al presupuesto de 2020, que se centran en las presentadas por las empresas propietarias de los terrenos para el pago íntegro de la deuda con cargo a las cuentas de este año, y la aprobación definitiva de las mismas. Los socialistas, como ya hicieron en la aprobación inicial de enero, votarán en contra al tener claro que “no son las que necesitan Almería y los almerienses” y porque “están llenas de tretas por parte del alcalde y su equipo de gobierno del PP, al ocultar cómo se piensan pagar esos 30 millones”.

De ese modo, la portavoz socialista ha detallado que, además de “centrarse en beneficiar a una minoría de almerienses, los que interesan electoralmente a las tres derechas; no tratar de manera igualitaria a los barrios en cuanto a inversiones previstas y no hacer una apuesta real por el empleo, las políticas sociales o las mujeres de esta ciudad”, se ha ocultado “que existe esa losa y las repercusiones contundentes que puede tener para la ciudad y los almerienses en cuanto a la reducción de inversiones, por ejemplo”. No se gastará de antemano

En ese sentido, ha destacado la gravedad de ocultar “el problema financiero de mayor envergadura en la ciudad, en el que el PP nos ha metido de lleno” cuando “la realidad es que el alcalde tiene como plan pagar la mayor parte de la deuda en cinco años, si se le acepta el fraccionamiento en el juzgado, reduciendo las inversiones con fondos propios y sacando el dinero cada año de una serie de partidas que pondrá sobre el papel en los presupuestos pero que sabe de antemano que no va a ejecutar o lo hará en una mínima parte, porque van infladas con respecto a lo que en verdad puede hacerse”. Así, la estrategia pasa por “mentir” sobre lo que se hará a los almerienses para, después, tirar de ese dinero no gastado para ir haciendo frente a la deuda.

Ejemplo de ello es que las cuentas para este año se reducen en 2,3 millones las inversiones con respecto a 2019 y que “nadie se cree que se vayan a gastar de aquí a diciembre el medio millón de euros de fondos propios para proyectos del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuando ni se ha firmado todavía el convenio con la Junta de Andalucía, o 1 millón en la peatonalización del Paseo cuando no se tiene ni el concurso de ideas”.

Y aún peor que eso puede ser, si el juzgado terminara por rechazar el fraccionamiento del pago de los 30 millones, “que estos presupuestos estén para tirarse al cubo de la basura, directamente, porque el Ayuntamiento, como ya ha reconocido el propio concejal de Economía del equipo de gobierno, se vería sometido a un duro plan de ajuste económico, subirían impuestos a los almerienses y se sufriría una merma drástica de los servicios municipales esenciales”.

Antecedentes de las sentencias

Para concluir, Adriana Valverde ha recordado que el desenlace que supone esta hipoteca de las cuentas municipales que asumirán todos los almerienses llega después de 15 años de gobierno municipal del PP en los que “la larga historia de litigios ha venido caracterizada por su negligente gestión”. Ya que, ha enfatizado, “está constatado en el estudio del expediente de este caso que actuó con una lentitud y pasividad inadmisibles al no contestar o aportar pruebas en momentos clave dentro del procedimiento judicial o, por ejemplo, al no haber querido tratar de llegar a acuerdos negociando con estas sociedades”.

Cabe destacar que los expedientes de expropiación de los terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo comenzaron en 2005. Las empresas propietarias firmaron convenios urbanísticos para permutarlos por otros en la Vega de Acá con el que fuera concejal de Urbanismo del PP, Juan Megino.

Pero con la llegada al área de otro edil, Pablo Venzal, se cambió de criterio y el Ayuntamiento desistió de llevar a efecto los convenios. Eso desembocó en una petición de expropiación forzosa por parte de las dos sociedades, primero al Ayuntamiento y, una vez rechazada, a la justicia. En 2019 se puso fin al periplo judicial por parte del Tribunal Supremo, fallando en contra de los intereses municipales, y determinando el pago de 30 millones a los propietarios de los terrenos.