José Antonio Lorenzo reprocha al PP que conozca el estudio desde hace un año y que no haya informado al Consejo ni tomado medidas para paliar la situación
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| María González, Juan Antonio Lorenzo y Maribel Alarcón |
ALMERÍA HOY / 19·12·2019
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha desvelado el contenido del informe sobre la situación de Galasa, encargado por el equipo de Gobierno del PP y al que ha tenido acceso el PSOE tras solicitarlo en reiteradas ocasiones, en el que destaca, como conclusión más grave, que los técnicos consideran “imposible la viabilidad de la empresa” a tenor de la “deuda acumulada por la misma y por el pago del suministro anual de compra de agua” a Acuamed.
Para paliar esta deuda, continúa desgranando Lorenzo Cazorla, el informe que conoce el PP desde septiembre de 2018, propone opciones tales como una subida tarifaria en los pueblos del Levante de un 21%, así como la dación en pago a Acuamed de la propia Galasa y “supedita la supervivencia de la empresa pública de gestión de aguas al contencioso administrativo que ésta interpuso a la Junta de Andalucía en relación a la financiación de las infraestructuras por las que se le debe dinero a Acuamed”, empresa a la que se le adeuda, también, por los impagos de consumo, ha añadido el portavoz socialista.
Estas “graves” conclusiones no han sido trasladadas por parte del equipo de Gobierno que dirige Javier Aureliano García a la Asamblea de Galasa y tampoco se han tomado medidas al respecto en un nuevo incumplimiento de las obligaciones de la institución provincial en la gestión de este organismo, así como con los representantes públicos que la integran, según ha reprochado esta mañana Lorenzo Cazorla. Además, añade, que después de 6 meses de corporación no se ha constituido el nuevo Consejo de Administración de Galasa en el que deben estar representados todos los grupos políticos que constituyen el pleno provincial, ni tampoco se conoce si los estatutos “están en vigor y si se están aplicando”.
“Es urgente que se convoque y que se constituya el nuevo Consejo de Dirección de Galasa y que se dé cuenta a los accionistas del estado real de la empresa, además de tomar las medidas oportunas para no dañar más los intereses económicos de los accionistas de Galasa cuyo único objetivo es que sus pueblos tengan agua”, ha exigido al PP el portavoz socialista.
Lorenzo Cazorla ha reiterado el “comportamiento irresponsable” del PP y la “inacción” que promueve en esta empresa pública que pierde desde 2011, según los propios informes de la entidad, 8 hectómetros cúbicos anuales de agua que, en términos económicos, supone la pérdida de tres millones de euros al cabo del año.
Incumplimiento de acuerdos
El PSOE recuerda que Diputación aprobó –sólo con los votos del PP- una modificación de los estatutos de Galasa en la que se plasmaba unas prestaciones accesorias a los municipios, como que debían adquirir acciones de Galasa si querían seguir recibiendo el servicio y, además, se preveía la incorporación de miembros del plenario al consejo de Galasa y no sólo los del equipo de Gobierno. Sin embargo, a día de hoy nada se cumple ya que, por ejemplo, “se está prestando servicio a pueblos que no son accionistas y no hay representantes de otros partidos en dicho órgano”, ha asegurado Lorenzo Cazorla, quien pregunta al PP si la modificación de los estatutos se ha elevado a información pública y, por lo tanto, está en vigor o si todo esto forma parte de la “nefasta” gestión que está llevando a cabo con la empresa Galasa que está en quiebra desde hace ya ocho años.
Para paliar esta deuda, continúa desgranando Lorenzo Cazorla, el informe que conoce el PP desde septiembre de 2018, propone opciones tales como una subida tarifaria en los pueblos del Levante de un 21%, así como la dación en pago a Acuamed de la propia Galasa y “supedita la supervivencia de la empresa pública de gestión de aguas al contencioso administrativo que ésta interpuso a la Junta de Andalucía en relación a la financiación de las infraestructuras por las que se le debe dinero a Acuamed”, empresa a la que se le adeuda, también, por los impagos de consumo, ha añadido el portavoz socialista.
Estas “graves” conclusiones no han sido trasladadas por parte del equipo de Gobierno que dirige Javier Aureliano García a la Asamblea de Galasa y tampoco se han tomado medidas al respecto en un nuevo incumplimiento de las obligaciones de la institución provincial en la gestión de este organismo, así como con los representantes públicos que la integran, según ha reprochado esta mañana Lorenzo Cazorla. Además, añade, que después de 6 meses de corporación no se ha constituido el nuevo Consejo de Administración de Galasa en el que deben estar representados todos los grupos políticos que constituyen el pleno provincial, ni tampoco se conoce si los estatutos “están en vigor y si se están aplicando”.
“Es urgente que se convoque y que se constituya el nuevo Consejo de Dirección de Galasa y que se dé cuenta a los accionistas del estado real de la empresa, además de tomar las medidas oportunas para no dañar más los intereses económicos de los accionistas de Galasa cuyo único objetivo es que sus pueblos tengan agua”, ha exigido al PP el portavoz socialista.
Lorenzo Cazorla ha reiterado el “comportamiento irresponsable” del PP y la “inacción” que promueve en esta empresa pública que pierde desde 2011, según los propios informes de la entidad, 8 hectómetros cúbicos anuales de agua que, en términos económicos, supone la pérdida de tres millones de euros al cabo del año.
Incumplimiento de acuerdos
El PSOE recuerda que Diputación aprobó –sólo con los votos del PP- una modificación de los estatutos de Galasa en la que se plasmaba unas prestaciones accesorias a los municipios, como que debían adquirir acciones de Galasa si querían seguir recibiendo el servicio y, además, se preveía la incorporación de miembros del plenario al consejo de Galasa y no sólo los del equipo de Gobierno. Sin embargo, a día de hoy nada se cumple ya que, por ejemplo, “se está prestando servicio a pueblos que no son accionistas y no hay representantes de otros partidos en dicho órgano”, ha asegurado Lorenzo Cazorla, quien pregunta al PP si la modificación de los estatutos se ha elevado a información pública y, por lo tanto, está en vigor o si todo esto forma parte de la “nefasta” gestión que está llevando a cabo con la empresa Galasa que está en quiebra desde hace ya ocho años.
