El Gobierno de España no ha construido la conexión que permite traer el agua de la desaladora de Torrevieja que corresponde a los regantes de Almería y el Sur de Murcia, pero sí se la cobra.
ALMERÍA HOY / 09·11·2019
Tras 13 años de unas obras que parecían interminables, la desaladora de Torrevieja se puso por fin en marcha 2017. Sin embargo, por uno de esos errores de previsión que empiezan a convertirse, por frecuentes, en una costumbre, no se tuvo en cuenta la construcción de una tubería que conectara la planta con el acueducto del trasvase Tajo-Segura a la altura de Molina de Segura para, de esa manera, poder hacer llegar el agua cuyos derechos adquirieron los regantes del Campo de Lorca y el Levante almeriense.
De momento, sólo pueden aprovechar los recursos aportados por la desaladora de Torrevieja los agricultores de Orihuela, Pilar de la Horadada y Cartagena, pero la planta funciona al 100%, y el agua que corresponde a los usuarios de Almería y el sur de Murcia está siendo almacenada en el embalse de La Pedrera, donde ya hay 40 Hm3 que el Gobierno de España ha cobrado puntualmente a los regantes de estas comarcas al precio de 0,61 €/m3, hasta un total de 25 millones de euros en dos años por un agua que ha vendido pero no ha entregado a sus 'clientes'.
La situación ha provocado que algunas de las comunidades de regentes afectadas estén pasándolo mal económicamente, pues han debido sustituir ese recurso que no les ha llegado comprando y pagando más agua, por lo que han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que no se les cobre en tanto no se les suministre.
De momento, sólo pueden aprovechar los recursos aportados por la desaladora de Torrevieja los agricultores de Orihuela, Pilar de la Horadada y Cartagena, pero la planta funciona al 100%, y el agua que corresponde a los usuarios de Almería y el sur de Murcia está siendo almacenada en el embalse de La Pedrera, donde ya hay 40 Hm3 que el Gobierno de España ha cobrado puntualmente a los regantes de estas comarcas al precio de 0,61 €/m3, hasta un total de 25 millones de euros en dos años por un agua que ha vendido pero no ha entregado a sus 'clientes'.
La situación ha provocado que algunas de las comunidades de regentes afectadas estén pasándolo mal económicamente, pues han debido sustituir ese recurso que no les ha llegado comprando y pagando más agua, por lo que han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que no se les cobre en tanto no se les suministre.
