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AMANDO DE MIGUEL
Cunde la tendencia a ostentar la bandera española en balcones y ventanas, incluso en mástiles. Culmina de momento con el despliegue de una bandera del tamaño de un apartamento por las férvidas huestes de Vox. Se trata de un fenómeno animoso, pero más bien reactivo. Representa la respuesta colectiva a una extraña situación en la que la bandera española no se muestra en muchos edificios públicos. Además, en ciertos ambientes oficiales, cuando ya no queda más remedio que exhibirla, se suele hacer en pie de igualdad con las respectivas enseñas regionales, mal llamadas “autonómicas”. En Cataluña, por ejemplo, son dos o tres algo distintas las que ondean en las manifestaciones.
La bandera es solo un símbolo, bien que egregio. Por debajo está la realidad de que ese edificio histórico que es la nación española se desmorona poco a poco, como si fuera un castillo de arena o de naipes. O mejor, se trata de un viejo edificio que alguien trata de demolerlo.
Hace cerca de medio siglo se inventó el “Estado de las autonomías”, seguramente como una imitación de Yugoslavia. Se daba así a las regiones un grado notable de autogobierno, aunque a unas más que a otras. En la práctica se certificó una nueva desigualdad, lo que trajo consigo un amargo desasosiego. Lo que es peor, el autogobierno facilitó el auge la de la corrupción política, la vieja amenaza de la “oligarquía y caciquismo”. La mayor parte de los casos de corrupción política que se han dado en España durante los últimos lustros han sido en la Administración Autonómica de varias regiones. Se sospecha que hay muchos más que han quedado impunes. Es lógico, en la Administración Autonómica no pesan tanto los altos cuerpos de funcionarios y se desenvuelven mejor los grupos de presión. Sin llegar a la patología de la corrupción, las autonomías han supuesto un desaforado gasto público. Considérese solo el símbolo ostentoso de la flota de coches oficiales de alta gama.
Por si fuera poco, los movimientos antaño regionalistas o nacionalistas se han ido radicalizando hasta hacerse abiertamente secesionistas o independentistas. Aducen un imposible “derecho de autodeterminación” como si fueran colonias. Es más, el fermento nacionalista, antes circunscrito a las regiones donde coexisten dos lenguas, se extiende ahora a otras monolingües, como Asturias, Canarias o Cantabria. Puede que en algunas de ellas se resucite la lengua ancestral perdida. En definitiva, España se descompone, se disuelve en varios pedazos insolidarios. En ciertas regiones la palabra “español” muchos la consideran como un insulto.
La estructura actual de los partidos políticos, con bastantes de ellos de alcance meramente regional, imposibilita la formación de un Gobierno mínimamente estable. Además, las autonomías regionales conducen a un creciente despilfarro del dinero público, aunque se mantenga en los límites legales.
Todo ello se agrava ahora, circunstancialmente, porque nos encontramos abocados a una nueva crisis económica de alcance europeo y quizá mundial. Como es sólito, el Gobierno español no la reconoce. Es más, anuncia un alza de los gastos públicos y de los impuestos. Lo que resulta increíble es que una política de tal orientación pueda recibir más votos en las elecciones generales.
No es impensable que en España se acerque el momento en que el Estado no pueda pagar las ayudas establecidas a los pensionistas, los parados o los inmigrantes. Todos esos colectivos desasistidos se cuentan por millones de personas y la suma no parece que vaya a menguar en números absolutos.
Hace cerca de medio siglo se inventó el “Estado de las autonomías”, seguramente como una imitación de Yugoslavia. Se daba así a las regiones un grado notable de autogobierno, aunque a unas más que a otras. En la práctica se certificó una nueva desigualdad, lo que trajo consigo un amargo desasosiego. Lo que es peor, el autogobierno facilitó el auge la de la corrupción política, la vieja amenaza de la “oligarquía y caciquismo”. La mayor parte de los casos de corrupción política que se han dado en España durante los últimos lustros han sido en la Administración Autonómica de varias regiones. Se sospecha que hay muchos más que han quedado impunes. Es lógico, en la Administración Autonómica no pesan tanto los altos cuerpos de funcionarios y se desenvuelven mejor los grupos de presión. Sin llegar a la patología de la corrupción, las autonomías han supuesto un desaforado gasto público. Considérese solo el símbolo ostentoso de la flota de coches oficiales de alta gama.
Por si fuera poco, los movimientos antaño regionalistas o nacionalistas se han ido radicalizando hasta hacerse abiertamente secesionistas o independentistas. Aducen un imposible “derecho de autodeterminación” como si fueran colonias. Es más, el fermento nacionalista, antes circunscrito a las regiones donde coexisten dos lenguas, se extiende ahora a otras monolingües, como Asturias, Canarias o Cantabria. Puede que en algunas de ellas se resucite la lengua ancestral perdida. En definitiva, España se descompone, se disuelve en varios pedazos insolidarios. En ciertas regiones la palabra “español” muchos la consideran como un insulto.
La estructura actual de los partidos políticos, con bastantes de ellos de alcance meramente regional, imposibilita la formación de un Gobierno mínimamente estable. Además, las autonomías regionales conducen a un creciente despilfarro del dinero público, aunque se mantenga en los límites legales.
Todo ello se agrava ahora, circunstancialmente, porque nos encontramos abocados a una nueva crisis económica de alcance europeo y quizá mundial. Como es sólito, el Gobierno español no la reconoce. Es más, anuncia un alza de los gastos públicos y de los impuestos. Lo que resulta increíble es que una política de tal orientación pueda recibir más votos en las elecciones generales.
No es impensable que en España se acerque el momento en que el Estado no pueda pagar las ayudas establecidas a los pensionistas, los parados o los inmigrantes. Todos esos colectivos desasistidos se cuentan por millones de personas y la suma no parece que vaya a menguar en números absolutos.
