<-- ANUNCIO VW VOLKSWAGEN ANULADO A VENCIMIENTO -->

El Parlamento de Andalucía convalida el decreto ley sobre viviendas irregulares

La consejera Marifrán Carazo anuncia un plan general de inspección autonómica para evitar que se vuelva a edificar en suelos donde no está permitido


La consejera Marifrán Carazo junto a una representación de los afectados y otras autoridades, como la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

ALMERÍA HOY / 24·10·2019

El Parlamento de Andalucía ha convalidado, con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y VOX, el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido en el pleno unas medidas que “abren un camino de esperanza de miles de familias que tienen viviendas en las que no pueden acceder a servicios básicos como el agua y la luz” y reducen “los efectos negativos que los vertidos o tomas de agua incontroladas generan sobre el medio ambiente”.

La consejera, que ha mantenido un encuentro en el Parlamento con representantes de urbanizaciones afectadas como la Asociación Abusos Urbanísticos de Andalucía-NO (AUAN) o Save our Homes Axarquía (SOHA), ha reivindicado que esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones, que se estiman en más de 300.000 en la comunidad andaluza.

Marifrán Carazo ha resaltado que el decreto ley pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.

Por otro lado, la aprobación del decreto ley permitirá derogar dos leyes -la Ley 6/2016 de 1 de agosto y la Ley 2/2018 de 1 de agosto-, un decreto -2/2012 de 10 de enero- y una orden, de marzo de 2013. Además, este mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido y cuyo borrador estará terminado a finales de año.

Plan de inspección autonómica

La consejera ha insistido que con “el decreto no es una amnistía, ni va a generar ningún efecto llamada” y “sólo viene a dar salida a “una situación insostenible, con unas irregularidades urbanísticas consentidas por gobiernos que habían bajado los brazos en una materia que era de su competencia”.

En esa línea, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se va a volcar en la labor inspectora y en la ejecución de la disciplina urbanística. “Este decreto ley tiene que ser el principio del fin de esta indisciplina”, ha manifestado Marifrán Carazo, que ha avanzado que se pondrán en marcha las medidas necesarias para reactivar la inspección y colaborar con los ayuntamientos “para evitar que se vuelvan a construir edificaciones en suelos en los que no está permitido”.

Para ello, se va a elaborar un nuevo plan general de inspección autonómica, que reforzará las actuaciones y que establecerá las líneas prioritarias de actuación. “En esa labor de inspección tenemos claros cuáles van a ser nuestros objetivos: aplicar el decreto ley y evitar nuevas parcelaciones”, ha reivindicado la consejera, que ha insistido que el plan definirá una línea de cooperación activa con los ayuntamientos, además de buscar aliados en “todos los agentes sociales que pueden tener relación con esta tarea”, como registradores de la propiedad, notarios, inspectores de trabajo, salud y fiscalía.

Líneas básicas del decreto

El primer pilar del decreto ley es la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Aceptada la posibilidad de la declaración de AFO para viviendas aisladas en general, la Junta se ha negado hasta la fecha a admitir dicha declaración para las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones). Ahora estas viviendas se podrán acoger al decreto ley.

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Hasta ahora, había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.