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"30 millones de dos sentencias hipotecan las inversiones en Almería por la nefasta gestión del PP"

Los socialistas desvelan que, para empezar a pagar, se utilizan partidas que iban destinadas a la ayuda a domicilio, al alquiler de bicicletas y a movilidad sostenible


Pedro Díaz

ALMERÍA HOY / 30·10·2019

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha acusado al Partido Popular “de hipotecar las inversiones en Almería de los próximos años por los 30 millones a pagar como consecuencia de dos sentencias, un varapalo judicial relacionado con la expropiación de los terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo que los socialistas ya desvelamos en abril y que evidencia la nefasta gestión del PP en el Ayuntamiento”.

En ese sentido, ha subrayado que “alertamos entonces de las consecuencias que iban a tener estas sentencias, frente a un Partido Popular que intentó minimizarlas usando la mentira y, en su estrategia habitual, acusando falsamente de alarmismo”. Pero, “como la verdad solamente tiene un camino”, según ha adelantado, “ya tenemos que lamentar que para comenzar a abonar esa enorme cantidad, que supone el presupuesto en inversiones para toda la ciudad de dos años, el alcalde y su equipo de gobierno llevarán a la próxima Comisión de Economía una modificación presupuestaria para poder utilizar 5,3 millones de partidas que iban destinadas a la ayuda a domicilio, al alquiler de bicicletas o a proyectos de movilidad sostenible vinculados a fondos europeos”.

De ese modo, ha continuado, “estamos hablando de que esto va a afectar mucho a obras necesarias en los barrios y a otro tipo de inversiones, pero, para empezar, también a actuaciones de marcado carácter social”. Para el concejal socialista, “es un disparate que, mientras que hay personas dependientes esperando a ser atendidas por el programa de ayuda a domicilio o mientras que los almerienses llevan dos años sufriendo el retraso de la puesta en marcha de un servicio municipal de alquiler de bicicletas, resulte que ahora el dinero que tenía como destino hacer posible estas cosas vaya a parar a pagar estas sentencias”, ha subrayado.

“Y es lamentable, directamente, que el equipo de gobierno del Partido Popular considere un éxito una situación por la que se tendrá que pagar 30 millones de todos los almerienses, debido a su nefasta gestión, y por la que habrá que pedir a los tribunales autorización para fraccionar el pago ya que, si tuviera que abonarse de una vez, se tendrían que dejar de prestar servicios esenciales por parte del Ayuntamiento”, ha remarcado.

Lentitud y pasividad

Los socialistas dieron a conocer el pasado mes de abril este revés judicial, que parte del hecho de que dos sociedades recurrieran a los tribunales por no estar de acuerdo con el precio dado a sus fincas en el Paseo Marítimo, que estaba en los 3,5 millones de euros aproximadamente. En ambos casos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en el incremento de la cantidad que se tiene que abonar por parte del Ayuntamiento, elevándola a más de 20 millones de euros –a lo que se añaden intereses de demora por los que se eleva la cantidad a cerca de 30 millones-.

Una cifra ratificada después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Almería, y que se divide en casi 18 millones para una de las demandantes y en 2,7 millones para la segunda de ellas. El último intento “a la desesperada” del gobierno municipal del PP, fue la interposición de incidentes de nulidad a las sentencias, lo que ya se ha comunicado que no ha sido admitido para la de menor importe y se tiene claro que ocurrirá lo mismo con la otra.

Ya en el momento en el que pusieron públicamente en conocimiento lo que ocurría, desde el PSOE en el Ayuntamiento de Almería pusieron el acento en que, del estudio de la información sobre la sentencia con mayor repercusión económica, se desprende “una lentitud” y “una pasividad” en la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento que ha perjudicado al interés general.

En concreto, y para concluir, Díaz ha rememorado que, por ejemplo, resulta llamativo que “a pesar de que al Ayuntamiento se le notifica la demanda en febrero de 2014, el equipo de gobierno no hiciera nada: no la contestó ni aportó las pruebas” en el momento en el que debía de hacerlo dentro de la tramitación judicial.