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Las diligencias contra el alcalde de Antas y la Junta Rectora de la SAT del pueblo suspendidas hasta enero

Una empresa emprendió la querella contra la directiva de la comunidad de regantes del pueblo, de la que el regidor formaba parte


Imagen de la finca cuyo arrendamiento ha causado ha desencadenado una serie de hechos que han acabado en los juzgados 

ALMERÍA HOY / 24·09·2019

El alcalde de Antas, Pedro Ridao Zamora (PSOE), ha declarado esta mañana como investigado junto a otro miembro de la Junta Rectora de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) del pueblo en el marco de las diligencias previas abiertas por Gestimur, una empresa del Grupo Torralba.

Ayer lo hicieron la presidenta de la SAT y otros dos miembros de la dirección. Aún queda un componente más de la Junta Rectora, que lo hará el próximo 22 de enero a las 10:00, media hora antes que el ex teniente de alcalde Ginés Pérez Segura (PP), que también era miembro de la directiva del grupo de regantes, pero que comparecerá en calidad de testigo.

La comparecencia de los declarantes está resultando bastante accidentada, pues la juez titular del nº 1 de Vera lo es también del juzgado especial que entiende los asuntos de violencia de género, que tienen prioridad sobre cualquier otra instrucción, y la concurrencia de dos casos, uno en el día de ayer y otro en el de hoy, han provocado la suspensión de las declaraciones, todas previstas en principio para el día de ayer.

La querella tiene como cuerpo la reclamación de 1,8 millones de euros por parte de la Mercantil a la SAT por el concepto de unos trabajos realizados en una finca de 85 Has de la SAT para poder ponerla en producción, para lo que la mercantil había llegado a un acuerdo de arrendamiento con la comunidad de regantes.

Sin embargo, el contrato no llegó a firmarse nunca porque, según la presidenta de la SAT, Isabel Alvargonzález, "Torralba pretendió cambiar las condiciones del mismo después de haber sido aprobada la propuesta de acuerdo inicial por la asamblea de socios".

"Ese contrato era el único para el que teníamos mandato de suscribir por parte de los comuneros, pero Torralba pretendió dar un golpe de estado en la asamblea y destituir a la Junta Rectora para que se nombrara una gestora que firmara lo que él quería, y no le salió".

En cualquier caso, Alvargonzález asegura "que Torralba únicamente tenía permiso de la SAT para desbrozar, no para acondicionar la finca y, además, los trabajos realizados no pasan de los 400.000 euros, y no llegan ni de lejos a los 1,8 millones que exige como indemnización en la querella".

"No creo que la querella tenga mucho recorrido -prosigue la presidenta de los regantes antusos- porque se fundamenta en una denuncia falsa".

En términos similares se ha pronunciado el alcalde, Pedro Ridao, que dejó de formar parte de la Junta Rectora de la SAT, en la que ocupaba el cargo de tesorero, tras ser elegido candidato socialista a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales.

"Estoy muy tranquilo -dice Ridao- porque lo único que hemos hecho los miembros de la Junta Rectora de la SAT ha sido defender los intereses y el mandato de nuestros socios, que es tanto como decir los de todo el pueblo".

Por su parte, El ex teniente de alcalde Ginés Pérez lamenta lo que ha sucedido y está ocurriendo.

"Yo todavía creo que se puede llegar a un acuerdo. Los viejos dicen que siempre es preferible un mal arreglo antes que un buen juicio. Me duele que haya terminado en los tribunales lo que empezó siendo una idea de obtener más ingresos para la SAT. Todos queríamos un beneficio, pero se han cruzado intereses que algunos tendrían que explicar para que lo único que hayamos conseguido sea gastar dinero en perjuicio de todos".