Asegura que el Ayuntamiento le otorgó una licencia para construir en la franja de protección litoral de 20 metros que mantuvo a pesar de saber que Costas estudiaba la posibilidad de ampliar la protección a 100 metros
ALMERÍA HOY / 08·04·2019
El Ayuntamiento de Carboneras podría verse condenado a pagar una exorbitante indemnización a Azata, la promotora del mundialmente conocido, a la vez que frustrado, hotel de El Algarrobico.
La promotora ha tasado el daño sufrido, incluido el 5% correspondiente a la afección moral, en 70.042.712,38 euros, a los que habría que añadir los interese legales que correspondan más las costas derivadas del procedimiento.
Azata presentó un recurso de reclamación el 23 de septiembre de 2013 ante la Audiencia Nacional en el que exigía la responsabilidad patrimonial solidaria frente a la Junta de Andalucía, el entonces denominado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como contra el Ayuntamiento de Carboneras, por el perjuicio que le ha comportado, supuestamente, la acción de las tres administraciones citadas en el proceloso asunto que comenzó con lo que iba a ser la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la playa de El Algarrobico, unos trabajos que tuvieron su inicio y fueron paralizados con posterioridad, estando, a día de hoy, pendiente de demolición la impresionante mole de sus más de 20 pisos.
En lo concerniente al municipio almeriense, la promotora señala que el equipo de gobierno, presidido entonces por Cristóbal Fernández (PSOE), “tuvo constancia de que la Administración de Costas estaba estudiando la posibilidad de ampliar la servidumbre a 100 metros en el mes de agosto de 2004”. Prueba de ello sería que “el Ayuntamiento de Carboneras emitiera un informe en fecha 17 de septiembre de 2004 y otro posterior en mayo de 2005 defendiendo la servidumbre de 20 metros”.
Sin embargo, el Consistorio “no suspendió y mantuvo la licencia” que había otorgado el 13 de enero de 2003, así como “la calificación ambiental favorable y la licencia de actividad, llegando incluso a conceder una bonificación del Impuesto de Construcciones” a pesar de ser consciente que esos permisos podían ser “contrarios a la Ley de Costas”.
Por todo ello, Azata pide que se le compense con esos más de 70 millones, que unidos a los intereses y costas podría alcanzar una cantidad en el entorno de los 90 millones, a Junta, Ministerio y Ayuntamiento, por los perjuicios sufridos derivados de lo que califica como “negligente actuación administrativa o, cuanto menos, desorden e inactividad”. Desde Ecologistas en Acción, entidad personada en los procedimientos que, por la misma reclamación, se siguen contra las administraciones central y autonómica, están sorprendidos de que la Audiencia Nacional no se haya pronunciado aún "después de más de cinco años" sobre el asunto, mientras que el alcalde, Felipe Cayuela, ha manifestado a RADIO ACTUALIDAD "que esa herencia del gobierno del PSOE significaría el bloqueo de la actividad municipal, que es precisamente lo que viene persiguiendo el Partido Socialista de antes y de ahora".
La promotora ha tasado el daño sufrido, incluido el 5% correspondiente a la afección moral, en 70.042.712,38 euros, a los que habría que añadir los interese legales que correspondan más las costas derivadas del procedimiento.
Azata presentó un recurso de reclamación el 23 de septiembre de 2013 ante la Audiencia Nacional en el que exigía la responsabilidad patrimonial solidaria frente a la Junta de Andalucía, el entonces denominado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como contra el Ayuntamiento de Carboneras, por el perjuicio que le ha comportado, supuestamente, la acción de las tres administraciones citadas en el proceloso asunto que comenzó con lo que iba a ser la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la playa de El Algarrobico, unos trabajos que tuvieron su inicio y fueron paralizados con posterioridad, estando, a día de hoy, pendiente de demolición la impresionante mole de sus más de 20 pisos.
En lo concerniente al municipio almeriense, la promotora señala que el equipo de gobierno, presidido entonces por Cristóbal Fernández (PSOE), “tuvo constancia de que la Administración de Costas estaba estudiando la posibilidad de ampliar la servidumbre a 100 metros en el mes de agosto de 2004”. Prueba de ello sería que “el Ayuntamiento de Carboneras emitiera un informe en fecha 17 de septiembre de 2004 y otro posterior en mayo de 2005 defendiendo la servidumbre de 20 metros”.
Sin embargo, el Consistorio “no suspendió y mantuvo la licencia” que había otorgado el 13 de enero de 2003, así como “la calificación ambiental favorable y la licencia de actividad, llegando incluso a conceder una bonificación del Impuesto de Construcciones” a pesar de ser consciente que esos permisos podían ser “contrarios a la Ley de Costas”.
Por todo ello, Azata pide que se le compense con esos más de 70 millones, que unidos a los intereses y costas podría alcanzar una cantidad en el entorno de los 90 millones, a Junta, Ministerio y Ayuntamiento, por los perjuicios sufridos derivados de lo que califica como “negligente actuación administrativa o, cuanto menos, desorden e inactividad”. Desde Ecologistas en Acción, entidad personada en los procedimientos que, por la misma reclamación, se siguen contra las administraciones central y autonómica, están sorprendidos de que la Audiencia Nacional no se haya pronunciado aún "después de más de cinco años" sobre el asunto, mientras que el alcalde, Felipe Cayuela, ha manifestado a RADIO ACTUALIDAD "que esa herencia del gobierno del PSOE significaría el bloqueo de la actividad municipal, que es precisamente lo que viene persiguiendo el Partido Socialista de antes y de ahora".
