La concejala de Economía recuerda que la Comisión Provincial de Valoración, órgano dependiente de la Administración autonómica, fijó el justiprecio al procedimiento iniciado en el año 2006 para la obtención del suelo necesario para la continuación del Paseo Marítimo
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| María Vázquez, concejala de Economía |
ALMERÍA HOY / 07·04·2019
La concejala de Economía del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha explicado que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga al Consistorio al pago de 17 millones de euros, es consecuencia de la demanda interpuesta por las sociedades Sabinal, S.L. y J. Guiard, S.A. contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería, órgano que depende de la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el Psoe, y en el que el Ayuntamiento se personó como codemandado, puesto que lo que se recurre es un acto dictado por la administración autonómica.
Vázquez ha insistido en que en el procedimiento de expropiación iniciado por el Ayuntamiento en el año 2006 para la consecución de los suelos en la desembocadura del río Andarax destinados como espacios libres y equipamiento público, de acuerdo al Plan General del año 98 y necesarios para la culminación del proyecto de prolongación del Paseo Marítimo, abonó la indemnización que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones, que resolvió la petición de la propiedad de más de 65 millones de euros fijándola en 2.337.473,54 euros, que posteriormente la Sentencia de la Sala de Granada dice que deben ser 17.016.299,80 euros.
La edil popular ha lamentado que esta sentencia quiera ser utilizada ahora políticamente por el grupo municipal socialista, reiterando que en la defensa de los intereses municipales “el Ayuntamiento siempre ha tenido predisposición a negociar con los propietarios de suelo y encontrar una solución negociada”, actuando conforme a la decisión tomada entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, resolviendo a que se fijara el justiprecio a través de la Comisión Provincial de Valoraciones y a favor de la expropiación de dichos terrenos.
Reconociendo el derecho de los recurrentes en contra de la expropiación, Vázquez ha insistido en que “en el procedimiento iniciado entonces por el Consistorio ha permitido la obtención de 80.000 metros cuadrados de suelo público, así como el aprovechamiento derivado de los mismos, para poder poder concluir un proyecto necesario para esta ciudad que conecte, definitivamente, el Paseo Marítimo con la Universidad y Costacabana, a través del Paseo de Ribera”.
Vázquez ha subrayado además que, una vez dictada la sentencia de la Sala de Granada, en julio del año pasado, el Ayuntamiento formuló escrito de preparación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía, a pesar de ser la demandada (el Ayuntamiento es codemandado) interpusiera recurso alguno contra tal resolución.
Una vez inadmitido dicho recurso de casación, el Ayuntamiento ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones contra dicha Sentencia de la Sala de Granada.
Vázquez ha insistido en que en el procedimiento de expropiación iniciado por el Ayuntamiento en el año 2006 para la consecución de los suelos en la desembocadura del río Andarax destinados como espacios libres y equipamiento público, de acuerdo al Plan General del año 98 y necesarios para la culminación del proyecto de prolongación del Paseo Marítimo, abonó la indemnización que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones, que resolvió la petición de la propiedad de más de 65 millones de euros fijándola en 2.337.473,54 euros, que posteriormente la Sentencia de la Sala de Granada dice que deben ser 17.016.299,80 euros.
La edil popular ha lamentado que esta sentencia quiera ser utilizada ahora políticamente por el grupo municipal socialista, reiterando que en la defensa de los intereses municipales “el Ayuntamiento siempre ha tenido predisposición a negociar con los propietarios de suelo y encontrar una solución negociada”, actuando conforme a la decisión tomada entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, resolviendo a que se fijara el justiprecio a través de la Comisión Provincial de Valoraciones y a favor de la expropiación de dichos terrenos.
Reconociendo el derecho de los recurrentes en contra de la expropiación, Vázquez ha insistido en que “en el procedimiento iniciado entonces por el Consistorio ha permitido la obtención de 80.000 metros cuadrados de suelo público, así como el aprovechamiento derivado de los mismos, para poder poder concluir un proyecto necesario para esta ciudad que conecte, definitivamente, el Paseo Marítimo con la Universidad y Costacabana, a través del Paseo de Ribera”.
Vázquez ha subrayado además que, una vez dictada la sentencia de la Sala de Granada, en julio del año pasado, el Ayuntamiento formuló escrito de preparación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía, a pesar de ser la demandada (el Ayuntamiento es codemandado) interpusiera recurso alguno contra tal resolución.
Una vez inadmitido dicho recurso de casación, el Ayuntamiento ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones contra dicha Sentencia de la Sala de Granada.
