El Fiscal le acusa de quedarse con 9.500 euros correspondientes a la fianza del contrato de gestión del bar de la piscina, pero el ex regidor asegura "que no llegó a adjudicarse".
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| El exalcalde de Oria José Pérez |
ALMERÍA HOY / 04·03·2019
La Fiscalía Provincial ha solicitado seis años de prisión y un total de 20 de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el ex alcalde de Oria, el socialista José Pérez, a quien acusa de recibir 9.500 euros de fianza por la adjudicación del bar-restaurante de la piscina municipal que, además, realizó presuntamente “de forma directa y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”.
Sin embargo, según ha declarado Pérez a RADIO ACTUALIDAD, el contrato objeto del caso “no llegó a adjudicarse y, por tanto, no hubo fianza alguna”.
El exalcalde, que cumple condena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber realizado contrataciones de obras y servicios sin emplear procedimiento administrativo alguno, asegura que “es cierto que existe un recibo por el importe de 9.500 euros con el que se habría satisfecho al anterior concesionario del servicio el valor de la maquinaria comprada por él que dejaba en las instalaciones, pero no se correspondía, en realidad, con ninguna cantidad depositada por nadie porque nadie se quedó con el contrato. Detrás de la denuncia sólo existe un ajuste de cuentas políticas por parte del PP local contra mí, que ya abandoné la política”.
No obstante, el Ministerio Público señala que Pérez, regidor entre 2007 y 2015, se “quedó para sí” los 9.500 euros que “recibió” de la persona que consiguió irregularmente la explotación del establecimiento “en lugar de ingresarla en las arcas municipales” y afirma que, además, tramó un “burdo intento de legalización” del proceso de adjudicación, “que ni se formalizó”.
En el escrito de calificación provisional elevado al Juzgado de Instrucción Único de Purchena, le atribuye la presunta comisión de un delito de prevaricación por el que interesa diez años de inhabilitación y otro de malversación de caudales públicos por el que pide seis años de prisión y otros diez de inhabilitación. Solicita, además, que indemnice al Ayuntamiento de Oria en la cuantía de 9.500 euros.
El Juzgado de Instrucción Único de Purchena acordó en 2015 tramitar la causa como tribunal de jurado pero, finalmente, esta resolución fue revocada y los hechos tramitados como procedimiento abreviado.
El Ministerio Público sostiene que, en 2004, el ex alcalde socialista “adjudicó de forma directa, prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido”, la explotación del bar-restaurante de titularidad municipal de la piscina y que lo hizo “sabiendo que esto era contrario a derecho y con absoluto desprecio hacía la legislación”.
Apunta que no tramitó expediente de contratación, lo que supone que llevo a cabo “una contratación verbal prohibida por la legislación” en una actuación que describe, asimismo, como “arbitraria”.
“Con su caprichoso quehacer, el acusado vulneró los principios de igualdad, no discriminación, libre concurrencia y publicidad que han presidir la contratación pública, lo cual culminó con la exclusión de eventuales competidores para la contratación y los beneficios que esa competencia podría reportar para la administración”, remarca.
El fiscal relata, asimismo, que, un mes después, José Pérez “intentó revestir de apariencia legal” la adjudicación, para lo que presuntamente aprobó un pliego de cláusulas por resolución de Alcaldía y emitió un bando publicitando la adjudicación y recepción de una serie de proposiciones económicas en un “burdo intento de legalización, dado que ni siquiera llegó a tramitarse el expediente administrativo en su totalidad y puesto que ni se formalizó la adjudicación, ni se procedió a la publicación de la misma”.
Con respecto al delito de malversación de caudales públicos, el escrito recoge, que días después de esto, en su condición de alcalde y en ejercicio de sus funciones públicas, recibió presuntamente del adjudicatario la cantidad de 9.500 euros “en efectivo en concepto de fianza que, con la intención de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se quedó para si en lugar de ingresarla en las arcas municipales”.
Cabe recordar que José Pérez fue condenado en firme en mayo de 2018 por el Tribunal Supremo (TS) a diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa al firmar numerosos contratos temporales, sin seguir ningún procedimiento administrativo y sin justificar las causas de la elección de las personas contratadas.
Sin embargo, según ha declarado Pérez a RADIO ACTUALIDAD, el contrato objeto del caso “no llegó a adjudicarse y, por tanto, no hubo fianza alguna”.
El exalcalde, que cumple condena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber realizado contrataciones de obras y servicios sin emplear procedimiento administrativo alguno, asegura que “es cierto que existe un recibo por el importe de 9.500 euros con el que se habría satisfecho al anterior concesionario del servicio el valor de la maquinaria comprada por él que dejaba en las instalaciones, pero no se correspondía, en realidad, con ninguna cantidad depositada por nadie porque nadie se quedó con el contrato. Detrás de la denuncia sólo existe un ajuste de cuentas políticas por parte del PP local contra mí, que ya abandoné la política”.
No obstante, el Ministerio Público señala que Pérez, regidor entre 2007 y 2015, se “quedó para sí” los 9.500 euros que “recibió” de la persona que consiguió irregularmente la explotación del establecimiento “en lugar de ingresarla en las arcas municipales” y afirma que, además, tramó un “burdo intento de legalización” del proceso de adjudicación, “que ni se formalizó”.
En el escrito de calificación provisional elevado al Juzgado de Instrucción Único de Purchena, le atribuye la presunta comisión de un delito de prevaricación por el que interesa diez años de inhabilitación y otro de malversación de caudales públicos por el que pide seis años de prisión y otros diez de inhabilitación. Solicita, además, que indemnice al Ayuntamiento de Oria en la cuantía de 9.500 euros.
El Juzgado de Instrucción Único de Purchena acordó en 2015 tramitar la causa como tribunal de jurado pero, finalmente, esta resolución fue revocada y los hechos tramitados como procedimiento abreviado.
El Ministerio Público sostiene que, en 2004, el ex alcalde socialista “adjudicó de forma directa, prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido”, la explotación del bar-restaurante de titularidad municipal de la piscina y que lo hizo “sabiendo que esto era contrario a derecho y con absoluto desprecio hacía la legislación”.
Apunta que no tramitó expediente de contratación, lo que supone que llevo a cabo “una contratación verbal prohibida por la legislación” en una actuación que describe, asimismo, como “arbitraria”.
“Con su caprichoso quehacer, el acusado vulneró los principios de igualdad, no discriminación, libre concurrencia y publicidad que han presidir la contratación pública, lo cual culminó con la exclusión de eventuales competidores para la contratación y los beneficios que esa competencia podría reportar para la administración”, remarca.
El fiscal relata, asimismo, que, un mes después, José Pérez “intentó revestir de apariencia legal” la adjudicación, para lo que presuntamente aprobó un pliego de cláusulas por resolución de Alcaldía y emitió un bando publicitando la adjudicación y recepción de una serie de proposiciones económicas en un “burdo intento de legalización, dado que ni siquiera llegó a tramitarse el expediente administrativo en su totalidad y puesto que ni se formalizó la adjudicación, ni se procedió a la publicación de la misma”.
Con respecto al delito de malversación de caudales públicos, el escrito recoge, que días después de esto, en su condición de alcalde y en ejercicio de sus funciones públicas, recibió presuntamente del adjudicatario la cantidad de 9.500 euros “en efectivo en concepto de fianza que, con la intención de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se quedó para si en lugar de ingresarla en las arcas municipales”.
Cabe recordar que José Pérez fue condenado en firme en mayo de 2018 por el Tribunal Supremo (TS) a diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa al firmar numerosos contratos temporales, sin seguir ningún procedimiento administrativo y sin justificar las causas de la elección de las personas contratadas.
