El expediente judicial con la documentación aportada por los curas ecónomos en su reclamación ha sido la estrella del Museo Arqueológico durante el mes de julio. Se trataba de una cantidad importante derivada de los numerosos fallecimientos que diezmaron a la población en 1804
ALMERÍA HOY / 03·09·2018
“De las 2.000 muertes que las epidemias de fiebre amarilla que se sucedieron en Vera durante los años 1804, 1811 y 1812, alrededor de 400 tuvieron lugar durante el primero de los años citados. Una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que la población de la ciudad rondaba los 6.000 habitantes”, explica Víctor Luque, investigador del Área de Historia Económica de la Universidad de Almería.
Luque ha estudiado el expediente judicial que contiene la demanda presentada en 1.805 por los curas ecónomos de la parroquia de Vera en la que reclamaban el cobro a los herederos de unas cantidades debidas como consecuencia de los servicios prestados para la salvación de las almas de ciertos fallecidos por motivo de la citada epidemia.
Este expediente judicial fue elegido para exhibirse durante el mes de julio en el Museo Arqueológico de Almería como documento del mes.
“Consta de diferentes documentos –afirma el investigador, que tuvo acceso al legajo gracias a la titular del Archivo Provincial Marisa Andrés, antigua responsable del municipal de Vera-. Se inicia con la solicitud firmada por los curas ecónomos en la que se explican los motivos de la deuda y el impago, a pesar de los requerimientos efectuados. A la misma se incorpora un listado detallado de los finados, la cantidad debida y los conceptos de la deuda, así como la rebaja realizada para el cobro”.
“Con la solicitud se acompaña testimonio del certificado del auto del obispo de Almería, de fecha 18 de octubre de 1796 en el que hace referencia a un acuerdo del tribunal de Madrid presidido por el Marqués de Murillo, que resolvió la controversia por una causa similar dando instrucciones en relación a la incompetencia de los alcaldes y la desestimación de cualquier recurso interpuesto por los mismos en este tipo de procedimientos, resolviendo la legitimación exclusiva de la Iglesia para determinar la deudas por el servicio de cura de almas: ‘que en lo sucesivo no haya iguales recursos y se evite que los jueces se entrometan a querer arbitrar acerca de estos derechos, que solo a su ilustrísima toca conocer y los curas que se hallen instruidos de esta determinación’. Es decir, impuso al tribunal la prerrogativa de la Iglesia para discernir sobre los asuntos que le concernían como parte”.
“Seguidamente –abunda el investigador-, consta el Auto, de 3 de septiembre de 1805, por el que atendiendo la solicitud, ordena que se realicen los pagos, indicando los plazos y señalando las consecuencias en caso de impago: ‘se prevenga a los herederos y testamentarios satisfagan dentro del plazo de treinta días su respectivos adeudos con arreglo a las liquidaciones y sus rebajas hechas por los curas ecónomos, con apercibimiento de que pasado dicho término sin haberlo efectuado se procederá a los apremios, siendo el importe de las costas de cuenta de los morosos’. Tras el Auto, completan el legajo las diligencias efectuadas para llevar a cabo la ejecución ordenada”.
“En realidad, los curas ecónomos demandaban a los herederos de 28 familias. Se trataba de los importes más potentes, cantidades por las que merecía la pena embarcarse en pleitos correspondientes a deudores de contrastada solvencia. No iban contra los pobres ni contra aquellos sobre los que tenían serias dudas de poder cobrar por mucho que ganaran el pleito. Por eso, en el cómputo global, hemos observado que las denuncias se interpusieron contra familias pudientes, como hacendados, terratenientes, presbíteros y gente de letras”.
“En ese sentido, los curas insisten expresamente en sus escritos que los demandados pertenecían a la clase social más pudiente del municipio. En el mismo documento se recoge la afirmación donde señalan su ‘moderación, puesto que nada intentamos interesar por la pompa funeral que no hubo, ni tratamos del pobre ni el de diáfana fortuna, y sí solo con el pudiente facultado’”.
“Es decir, los propios curas señalan la existencia de servicios diferenciados. Desde simples entierros con misa austera que se pagaban con limosnas, hasta otros revestidos de mayor pomposidad, con misas cantadas, profusión de senescales para rezar por el fallecido y ceremonias oficiadas por varios párrocos e, incluso, obispos”.
“El documento –añade Luque- es muy valioso para poder comprender diferentes aspectos propios de la época. Por un lado, se puede estudiar desde el punto de vista del impacto demográfico que conllevó la epidemia de fiebre amarilla. Por otro lado, nos ofrece un ejemplo de la forma procesal de tramitación de los impagos por la cura de almas. Además, también refleja los conflictos existentes entre los diferentes poderes (judicial, eclesiástico, la administración representada por los alcaldes, etc.), así como el poder de la Iglesia en la España de esas fechas. Y, en definitiva, pone de manifiesto las consecuencias sociales que producen las perturbaciones económicas provocadas por una epidemia de esta magnitud”.
“No tenemos datos fidedignos sobre el porcentaje de impagados en relación al total de servicios prestados por la Iglesia, aunque sí nos consta que fue ciertamente alto, hasta el punto de llegar a constituir un problema de tal calibre que necesitara de la acción de la justicia. Hay que recordar que la Iglesia, como ya hemos dicho, ocupaba por entonces un lugar central en la vida social de los pueblos”.
Entre las dificultades con que se encontraron los ecónomos para cobrar, el investigador señala “que los pudientes trataban de escapar al cordón sanitario que aisló la ciudad para irse, y por lo general lo conseguían, a Garrucha”.
“El foco de la epidemia estaba en Vera –continúa Luque-. No se trataba de una enfermedad que se contagiaba de un humano a otro, sino que era transmitida por determinados mosquitos que había en las charcas, pero ni la población ni las autoridades sanitarias lo sabían. El limitado desarrollo de la ciencia médica les impedía conocer el origen de la enfermedad y adoptar las medidas higiénicas necesarias para combatirla”.
“Sumados ese brote, más los de 1811 y 1812, murieron más de 2.000 personas de una población que contaba con apenas 6.000. Es decir, pereció una tercera parte de los veratenses de entonces”.
“La epidemia aterrorizó a la población porquelas muertes se concentraban en los meses de verano, desde finales de julio o principios de julio hasta noviembre, lo que significaba que tenían lugar alrededor de ocho muertos diarios durante ese periodo de tiempo. Demasiados para una población como la de Vera”.
“Cuando se muere tanta gente, agarrarse a la fe es lo que quedaba. Por eso pagaban lo que hiciera falta por tratar de salvar el alma” concluye Víctor Luque.
Luque ha estudiado el expediente judicial que contiene la demanda presentada en 1.805 por los curas ecónomos de la parroquia de Vera en la que reclamaban el cobro a los herederos de unas cantidades debidas como consecuencia de los servicios prestados para la salvación de las almas de ciertos fallecidos por motivo de la citada epidemia.
Este expediente judicial fue elegido para exhibirse durante el mes de julio en el Museo Arqueológico de Almería como documento del mes.
“Consta de diferentes documentos –afirma el investigador, que tuvo acceso al legajo gracias a la titular del Archivo Provincial Marisa Andrés, antigua responsable del municipal de Vera-. Se inicia con la solicitud firmada por los curas ecónomos en la que se explican los motivos de la deuda y el impago, a pesar de los requerimientos efectuados. A la misma se incorpora un listado detallado de los finados, la cantidad debida y los conceptos de la deuda, así como la rebaja realizada para el cobro”.
“Con la solicitud se acompaña testimonio del certificado del auto del obispo de Almería, de fecha 18 de octubre de 1796 en el que hace referencia a un acuerdo del tribunal de Madrid presidido por el Marqués de Murillo, que resolvió la controversia por una causa similar dando instrucciones en relación a la incompetencia de los alcaldes y la desestimación de cualquier recurso interpuesto por los mismos en este tipo de procedimientos, resolviendo la legitimación exclusiva de la Iglesia para determinar la deudas por el servicio de cura de almas: ‘que en lo sucesivo no haya iguales recursos y se evite que los jueces se entrometan a querer arbitrar acerca de estos derechos, que solo a su ilustrísima toca conocer y los curas que se hallen instruidos de esta determinación’. Es decir, impuso al tribunal la prerrogativa de la Iglesia para discernir sobre los asuntos que le concernían como parte”.
“Seguidamente –abunda el investigador-, consta el Auto, de 3 de septiembre de 1805, por el que atendiendo la solicitud, ordena que se realicen los pagos, indicando los plazos y señalando las consecuencias en caso de impago: ‘se prevenga a los herederos y testamentarios satisfagan dentro del plazo de treinta días su respectivos adeudos con arreglo a las liquidaciones y sus rebajas hechas por los curas ecónomos, con apercibimiento de que pasado dicho término sin haberlo efectuado se procederá a los apremios, siendo el importe de las costas de cuenta de los morosos’. Tras el Auto, completan el legajo las diligencias efectuadas para llevar a cabo la ejecución ordenada”.
“En realidad, los curas ecónomos demandaban a los herederos de 28 familias. Se trataba de los importes más potentes, cantidades por las que merecía la pena embarcarse en pleitos correspondientes a deudores de contrastada solvencia. No iban contra los pobres ni contra aquellos sobre los que tenían serias dudas de poder cobrar por mucho que ganaran el pleito. Por eso, en el cómputo global, hemos observado que las denuncias se interpusieron contra familias pudientes, como hacendados, terratenientes, presbíteros y gente de letras”.
“En ese sentido, los curas insisten expresamente en sus escritos que los demandados pertenecían a la clase social más pudiente del municipio. En el mismo documento se recoge la afirmación donde señalan su ‘moderación, puesto que nada intentamos interesar por la pompa funeral que no hubo, ni tratamos del pobre ni el de diáfana fortuna, y sí solo con el pudiente facultado’”.
“Es decir, los propios curas señalan la existencia de servicios diferenciados. Desde simples entierros con misa austera que se pagaban con limosnas, hasta otros revestidos de mayor pomposidad, con misas cantadas, profusión de senescales para rezar por el fallecido y ceremonias oficiadas por varios párrocos e, incluso, obispos”.
“El documento –añade Luque- es muy valioso para poder comprender diferentes aspectos propios de la época. Por un lado, se puede estudiar desde el punto de vista del impacto demográfico que conllevó la epidemia de fiebre amarilla. Por otro lado, nos ofrece un ejemplo de la forma procesal de tramitación de los impagos por la cura de almas. Además, también refleja los conflictos existentes entre los diferentes poderes (judicial, eclesiástico, la administración representada por los alcaldes, etc.), así como el poder de la Iglesia en la España de esas fechas. Y, en definitiva, pone de manifiesto las consecuencias sociales que producen las perturbaciones económicas provocadas por una epidemia de esta magnitud”.
“No tenemos datos fidedignos sobre el porcentaje de impagados en relación al total de servicios prestados por la Iglesia, aunque sí nos consta que fue ciertamente alto, hasta el punto de llegar a constituir un problema de tal calibre que necesitara de la acción de la justicia. Hay que recordar que la Iglesia, como ya hemos dicho, ocupaba por entonces un lugar central en la vida social de los pueblos”.
Entre las dificultades con que se encontraron los ecónomos para cobrar, el investigador señala “que los pudientes trataban de escapar al cordón sanitario que aisló la ciudad para irse, y por lo general lo conseguían, a Garrucha”.
“El foco de la epidemia estaba en Vera –continúa Luque-. No se trataba de una enfermedad que se contagiaba de un humano a otro, sino que era transmitida por determinados mosquitos que había en las charcas, pero ni la población ni las autoridades sanitarias lo sabían. El limitado desarrollo de la ciencia médica les impedía conocer el origen de la enfermedad y adoptar las medidas higiénicas necesarias para combatirla”.
“Sumados ese brote, más los de 1811 y 1812, murieron más de 2.000 personas de una población que contaba con apenas 6.000. Es decir, pereció una tercera parte de los veratenses de entonces”.
“La epidemia aterrorizó a la población porquelas muertes se concentraban en los meses de verano, desde finales de julio o principios de julio hasta noviembre, lo que significaba que tenían lugar alrededor de ocho muertos diarios durante ese periodo de tiempo. Demasiados para una población como la de Vera”.
“Cuando se muere tanta gente, agarrarse a la fe es lo que quedaba. Por eso pagaban lo que hiciera falta por tratar de salvar el alma” concluye Víctor Luque.
