Lo que no consiguieron ni han conseguido aún quienes lograron que Huércal Overa acabase siendo municipio, es el reconocimiento de su compatriotas, ni siquiera un rótulo que los recuerde
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| Cuadrode Overa, de Pedro Hurtado,extraída del volumen Historia Ilustrada de Huércal-Overa, de ediciones PAHV. |
ANTONIO J. RUBIO SIMÓN/ 07·04·2018
Es difíficl de baremar el beneficio para la comunidad y los ciudadanos contemporáneos que los gestos altruistas y la capacidad de sacrificio personal de algunos responsables administrativos ha podido aportar, por más que los hechos se impongan y aparezcan meridianos. Así ocurre con los protagonistas inductores de la Exención de Villazgo de Huércal-Overa en 1668. En este 350 aniversario de aquellos hechos, vaya en memoria de aquel puñado de huercalenses este puñado de líneas.
En la comedia del Siglo de Oro español era frecuente incluir a personajes históricos. Es lo que hace Calderón de la Barca en su obra “El alcalde de Zalamea”. En ella hace participar a un importante general de la época. Se trata de Lope de Figueroa y Barradas, nacido en Guadix en torno a 1542. Éste intentará convencer a Pedro Crespo, a la sazón alcalde de Zalamea, de que no actúe judicialmente contra los agravios que cometen los soldados en la localidad.El diálogo es muy sustancial para entender la mentalidad que animaba los comportamientos de ciertos elementos del pueblo llano.
Don Lope advierte al alcalde Crespo de que ajusticiaría en la horca al que se le ocurriese tocar un pelo a un soldado. A lo que responde el alcalde: «A quien se atreviera a un átomo de mi honor, ¡por vida también del cielo!, que también le ahorcara yo».
Los sencillos habitantes de pueblos y ciudades estaban obligados a alojar a soldados y oficiales cuando estaban de paso o en campaña, corriendo con los gastos de la manutención. Don Lope le espeta: «¿Sabéis que estáis obligado a sufrir, por ser quien sois, estas cargas?» A lo que el alcalde Pedro Crespo responde: «Con mi hacienda. Pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios».
En torno a 1636, Calderón retrata la mentalidad de la época, que valora el honor de la persona, presagia el valor de la libertad individual y la necesidad de una justicia que proteja a las clases populares de los desafueros de los poderosos. Era común que señores feudales o incluso los miembros de concejos con mayor poder y jurisdicción sobre las aldeas, abusasen de su posición de dominio y maltratasen a sus súbditos vulnerando la ley y minando los derechos de los ciudadanos. Los villanos están dispuestos a sacrificar su hacienda, pero no a ser humillados o a que se atropellen las leyes que consagran sus derechos.
Los siglos medievales legaron una estructura poblacional y administrativa con extensos territorios regidos por ciudades y salpicados por pequeñas aldeas, en torno a la frontera del Reino de Granada.La situación de guerra casi permanente a mediados del siglo XVII impulso la fiscalidad de la Hacienda Real hasta unos límites insospechados. Las ciudades se vieron obligadas a hacer frente a unos gastos desmesurados y extraordinarios. La armonía que debía presidir las relaciones entre las ciudades y sus aldeas fue debilitándose. La pesada sombra de un estado extremadamente voraz en cuanto a la fiscalidad, se tradujo en el intento de las ciudades de hacer descansar la fiscalidad Real sobre sus aldeas.
Los intereses particulares de los regidores de las ciudades impulsaban todo tipo de excesos. La naturaleza jerárquica de dicha dualidad ciudad-aldea, las relaciones de dominio, la desigualdad y las vejaciones fueron acusándose con más fuerza con el paso del tiempo, provocando la desafección de los vecinos de los lugares y aldeas. Es decir, la Real Hacienda apremiaba a las ciudades con nuevos apremios económicos motivados por los esfuerzos bélicos y paralelamente impulsaba la emancipación de sus aldeas a cambio de estipendios, provenientes de la venta de las jurisdicciones a los vecinos aldeanos. Esta oferta fue bien acogida por linajes de tendencia oligárquica que, surgidos en las aldeas, pretendían hacer valer sus derechos e intereses. Así pronto vieron una oportunidad para prosperar en esta nueva política de venta de jurisdicciones que,con finalidad recaudatoria, planteaba ya la corona desde la época de Carlos V.
Entre las poblaciones de la actual provincia de Almería, sólo Huércal-Overa (1668) conseguiría la exención en el siglo XVII, posiblemente influida en parte por su cercanía al territorio murciano y las compras de jurisdicción que en él se fueron produciendo, Mazarrón 1572, Blanca 1588, Abarán 1589, Alguazas 1590, Fortuna 1628, Bullas 1665.
Desde 1488, los lugares de Huércal y Overa pertenecían a la jurisdicción de la ciudad de Lorca, y singularmente al Reino de Granada y al Obispado de Cartagena. Las imposiciones del Concejo de la Ciudad de Lorca tenían incomodados a los vecinos de Huércal, y animados por algunos principales decidieron comprar la jurisdicción huercalense a la Corona. Los 120 vecinos, unos 480 habitantes, se endeudaron fuertemente para convertirse en villa “en sí y sobre sí”. En principio debían satisfacer 5.600 ducados, pero el Consejo de Hacienda había cometido un error y la cantidad a pagar al fisco era superior. Para poder hacer frente a los gastos solicitaron licencia para contraer un censo sobre los bienes de propios y sobre las propiedades de los vecinos. Estos bienes de propios consistían en las dos redondas con pastos que se venían arrendando a ganaderos. Los gastos se multiplicaron. Por efecto de los créditos y los pleitos derivados todavía en el siglo XVIII, la deuda era considerable y abultada. Entre los pleitos planteados como consecuencia de la exención, podemos citar el de la elección de oficios del concejo de Huércal, elecciones vulneradas por Lorca, los problemas derivados del nombramiento del capitán de la milicia, el amojonamiento violento del término municipal y los relacionados con el censo de las redondas.
La voracidad fiscal de la Hacienda Real, ofreció paradójicamente una oportunidad a los huercalenses para eximirse de la opresiva jurisdicción lorquina. Esta oportunidad fue aprovechada por los regidores huercalenses que, aún apremiados por las justicias, fueron capaces de conseguir la ansiada independencia administrativa. Lo que no consiguieron ni han conseguido aún, es el reconocimiento de su compatriotas, ni siquiera un rótulo que los recuerde. Ya quisieran, siquiera, un ápice de la fama e inmortalidad de Pedro Crespo, alcalde de Zalamea.
En la comedia del Siglo de Oro español era frecuente incluir a personajes históricos. Es lo que hace Calderón de la Barca en su obra “El alcalde de Zalamea”. En ella hace participar a un importante general de la época. Se trata de Lope de Figueroa y Barradas, nacido en Guadix en torno a 1542. Éste intentará convencer a Pedro Crespo, a la sazón alcalde de Zalamea, de que no actúe judicialmente contra los agravios que cometen los soldados en la localidad.El diálogo es muy sustancial para entender la mentalidad que animaba los comportamientos de ciertos elementos del pueblo llano.
Don Lope advierte al alcalde Crespo de que ajusticiaría en la horca al que se le ocurriese tocar un pelo a un soldado. A lo que responde el alcalde: «A quien se atreviera a un átomo de mi honor, ¡por vida también del cielo!, que también le ahorcara yo».
Los sencillos habitantes de pueblos y ciudades estaban obligados a alojar a soldados y oficiales cuando estaban de paso o en campaña, corriendo con los gastos de la manutención. Don Lope le espeta: «¿Sabéis que estáis obligado a sufrir, por ser quien sois, estas cargas?» A lo que el alcalde Pedro Crespo responde: «Con mi hacienda. Pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios».
En torno a 1636, Calderón retrata la mentalidad de la época, que valora el honor de la persona, presagia el valor de la libertad individual y la necesidad de una justicia que proteja a las clases populares de los desafueros de los poderosos. Era común que señores feudales o incluso los miembros de concejos con mayor poder y jurisdicción sobre las aldeas, abusasen de su posición de dominio y maltratasen a sus súbditos vulnerando la ley y minando los derechos de los ciudadanos. Los villanos están dispuestos a sacrificar su hacienda, pero no a ser humillados o a que se atropellen las leyes que consagran sus derechos.
Los siglos medievales legaron una estructura poblacional y administrativa con extensos territorios regidos por ciudades y salpicados por pequeñas aldeas, en torno a la frontera del Reino de Granada.La situación de guerra casi permanente a mediados del siglo XVII impulso la fiscalidad de la Hacienda Real hasta unos límites insospechados. Las ciudades se vieron obligadas a hacer frente a unos gastos desmesurados y extraordinarios. La armonía que debía presidir las relaciones entre las ciudades y sus aldeas fue debilitándose. La pesada sombra de un estado extremadamente voraz en cuanto a la fiscalidad, se tradujo en el intento de las ciudades de hacer descansar la fiscalidad Real sobre sus aldeas.
Los intereses particulares de los regidores de las ciudades impulsaban todo tipo de excesos. La naturaleza jerárquica de dicha dualidad ciudad-aldea, las relaciones de dominio, la desigualdad y las vejaciones fueron acusándose con más fuerza con el paso del tiempo, provocando la desafección de los vecinos de los lugares y aldeas. Es decir, la Real Hacienda apremiaba a las ciudades con nuevos apremios económicos motivados por los esfuerzos bélicos y paralelamente impulsaba la emancipación de sus aldeas a cambio de estipendios, provenientes de la venta de las jurisdicciones a los vecinos aldeanos. Esta oferta fue bien acogida por linajes de tendencia oligárquica que, surgidos en las aldeas, pretendían hacer valer sus derechos e intereses. Así pronto vieron una oportunidad para prosperar en esta nueva política de venta de jurisdicciones que,con finalidad recaudatoria, planteaba ya la corona desde la época de Carlos V.
Entre las poblaciones de la actual provincia de Almería, sólo Huércal-Overa (1668) conseguiría la exención en el siglo XVII, posiblemente influida en parte por su cercanía al territorio murciano y las compras de jurisdicción que en él se fueron produciendo, Mazarrón 1572, Blanca 1588, Abarán 1589, Alguazas 1590, Fortuna 1628, Bullas 1665.
Desde 1488, los lugares de Huércal y Overa pertenecían a la jurisdicción de la ciudad de Lorca, y singularmente al Reino de Granada y al Obispado de Cartagena. Las imposiciones del Concejo de la Ciudad de Lorca tenían incomodados a los vecinos de Huércal, y animados por algunos principales decidieron comprar la jurisdicción huercalense a la Corona. Los 120 vecinos, unos 480 habitantes, se endeudaron fuertemente para convertirse en villa “en sí y sobre sí”. En principio debían satisfacer 5.600 ducados, pero el Consejo de Hacienda había cometido un error y la cantidad a pagar al fisco era superior. Para poder hacer frente a los gastos solicitaron licencia para contraer un censo sobre los bienes de propios y sobre las propiedades de los vecinos. Estos bienes de propios consistían en las dos redondas con pastos que se venían arrendando a ganaderos. Los gastos se multiplicaron. Por efecto de los créditos y los pleitos derivados todavía en el siglo XVIII, la deuda era considerable y abultada. Entre los pleitos planteados como consecuencia de la exención, podemos citar el de la elección de oficios del concejo de Huércal, elecciones vulneradas por Lorca, los problemas derivados del nombramiento del capitán de la milicia, el amojonamiento violento del término municipal y los relacionados con el censo de las redondas.
La voracidad fiscal de la Hacienda Real, ofreció paradójicamente una oportunidad a los huercalenses para eximirse de la opresiva jurisdicción lorquina. Esta oportunidad fue aprovechada por los regidores huercalenses que, aún apremiados por las justicias, fueron capaces de conseguir la ansiada independencia administrativa. Lo que no consiguieron ni han conseguido aún, es el reconocimiento de su compatriotas, ni siquiera un rótulo que los recuerde. Ya quisieran, siquiera, un ápice de la fama e inmortalidad de Pedro Crespo, alcalde de Zalamea.
