Mojácar es uno de los 19 pueblos españoles calificados como administración entorpecedora. El delito por el que se le acusa está castigado con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para empleo público
ALMERÍA HOY / 24·04·2018
Rosa María Cano (PP), alcaldesa de Mojácar, se ha manifestado por primera vez en relación a la denuncia que el Defensor del Pueblo ha llevado a la Fiscalía por un delito de desobediencia tras calificarla, junto a otros 18 de los más de 8.000 municipios de España, como administración entorpecedora al negarle reiteradamente información solicitada.
En ese sentido, Cano expresa su convencimiento de que la causa quedará en nada. «Espero que lo archiven, y estoy a la espera de que me notifiquen el archivo». Se muestra confiada la regidora, si bien no aporta ningún dato que revele en qué basa dicha confianza.
El delito por el que se acusa a la regidora está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años. El caso por el que la Defensora ha incoado la denuncia arrancó el 16 de junio de 2015, cuando, a instancias de un vecino, solicitó información referente a incidencias en la numeración de las calles que entorpecían la recepción de correo.
Cabe señalar que, sólo en el presente mandato, han tenido que renunciar por motivos similares los alcaldes de Albox o Carboneras, mientras que el de Lucainena fue condenado en primera instancia por un tribunal.
En ese sentido, Cano expresa su convencimiento de que la causa quedará en nada. «Espero que lo archiven, y estoy a la espera de que me notifiquen el archivo». Se muestra confiada la regidora, si bien no aporta ningún dato que revele en qué basa dicha confianza.
El delito por el que se acusa a la regidora está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años. El caso por el que la Defensora ha incoado la denuncia arrancó el 16 de junio de 2015, cuando, a instancias de un vecino, solicitó información referente a incidencias en la numeración de las calles que entorpecían la recepción de correo.
Cabe señalar que, sólo en el presente mandato, han tenido que renunciar por motivos similares los alcaldes de Albox o Carboneras, mientras que el de Lucainena fue condenado en primera instancia por un tribunal.
