El que fuera regidor popular llamó a la secretaria y puso en marcha la maquinaria municipal para aprobar la refinanciación de 8 millones ante la pasividad de la alcaldesa. Su acción ha supuesto el ahorro de más de 300.000 euros al Ayuntamiento
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Arturo Grima (en la foto, a la derecha de la secretaria durante el pleno de investidura de María Isabel López junto al resto del Grupo Popular) tomó la iniciativa para evitar la pérdida de 300.000 euros del erario municipal. |
ALMERÍA HOY / 26·03·2018
Si la gestión del dinero de los vecinos debe ser la más importante preocupación para todo alcalde, en el caso de Turre, un municipio que debe 7,7 millones de euros, casi tres veces su presupuesto anual, su cuidado debería elevarse a la máxima potencia. Pero al equipo de gobierno de la localidad parecía no importarle que su inacción hubiera podido costar más de 300.000 euros. Sin embargo, Arturo Grima (PP) decidió vestirse de alcalde.
Antes de comenzar el relato de los hechos, es preciso recordar el precario equilibrio en que se encuentra la Corporación, con una alcaldesa, María Isabel López (PSOE), sostenida por los cuatro votos incondicionales de los miembros de su grupo y el no tan seguro del exalcalde Martín Morales (IU-Somos Turre). Enfrente, una oposición más numerosa, liderada por el PP con cinco concejales y, además, la edil no adscrita María Luisa Cervantes, antigua compañera de Morales en la coalición de izquierdas y hoy su más acérrima adversaria.
La jornada en que ocurrió lo que vamos a narrar tuvo su prólogo hace ahora exactamente un año. Ese día, tocaba refinanciar el préstamo que el Ayuntamiento mantenía con el BBVA. El Partido Popular se opuso porque la entidad financiera había incluido una cláusula que, bajo el eufemístico nombre de ‘derivados financieros’, exigía 215.000 euros por la extinción del préstamo vigente para sustituirlo por otro con diferentes condiciones. Algo así como una indemnización por lucro cesante.
A Arturo Grima le parecía aquello una «salvajada» y logró convencer al gobierno turrero para, después de un receso, dejar el asunto encima de la mesa y consultar al Ministerio de Hacienda sobre la mencionada condición. Y el Ministerio respondió que el importe de la mencionada cláusula nunca debería exceder los 95.000 euros, así se lo comunicó al Banco, que acabó por admitir la recomendación de Hacienda. Eso supuso 120.000 euros de ahorro «que podían haber sido más si la alcaldesa hubiera apretado algo en la negociación”», según fuentes del Partido Popular.
JUEVES 22, 20:00 h.
En un salón de plenos, como de costumbre, prácticamente vacío daba comienzo ese día y a esa hora una sesión extraordinaria que, tras la oportuna lectura del acta de la anterior, presentaba a debate la aprobación de dos puntos diferentes, pero estrechamente relacionados entre sí.
El primero de ellos tenía como objeto la refinanciación de un préstamo de 1,5 millones de euros que el erario municipal mantenía con la entidad financiera BBVA. De esa manera, el Consistorio pasaría de pagar un 5,5% de intereses a sólo el 0,60%. El otro punto consistía en la petición de permiso al Gobierno de España, dada la crítica situación financiera del Ayuntamiento de Turre, para firmar otra operación con la que amortizar la anterior.
La decisión debía ser adoptada por mayoría absoluta para cumplir la normativa vigente, y con urgencia, pues el plazo para renovar el crédito expiraba al día siguiente. Sin embargo, la alcaldesa había decidido acudir al Pleno sin conocer con qué apoyos contaba, porque no existen comisiones informativas en su Ayuntamiento y no había tenido la previsión de llamar a los diferentes grupos municipales para ponerles al corriente de su propósito y recabar su apoyo.
Ese día no acudió la concejal no adscrita María Luisa Cervantes y sentado en su escaño, el exalcalde Arturo Grima apenas escuchaba el murmullo de la secretaria entregada a la monótona lectura de los avisos legales y de las actas pendientes.
El líder de la oposición andaba tratando de poner orden en sus pensamientos para decidir entre lo que le pedía el cuerpo, es decir, votar que no, dar un bofetón político a la regidora, pero también un golpe de 300.000 euros a sus vecinos, o apoyar las mociones mirando al techo.
La tensión era un viento frío que inundaba el espacio de la sala, que acabó helando el ambiente cuando llegó la hora de la votación y los populares optaron por una tercera alternativa: la abstención.
Aún no eran las 20:30 cuando la secretaria dio por terminada la sesión. Las mociones quedaron sin aprobar sobre la mesa y los diez ediles presentes se levantaron y abandonaron despacio sus asientos sin cruzar ni una palabra. Grima también salió del Ayuntamiento, acompañado por los suyos, y se dirigió hasta su casa. Activó el sonido de su teléfono convencido de que no tardaría en sonar. Sabía que la alcaldesa lo llamaría para intentar solventar la situación. Aún había tiempo. Podía convocar otro pleno extraordinario con carácter urgente para el día siguiente. Había 300.000 euros de los turreros en juego.
VIERNES 23, 11:30
No obstante, la noche fue avanzando y el teléfono no se activó por la acción remota de María Isabel López. Pero Arturo Grima aún confiaba en la llamada de la alcaldesa cuando despertó al día siguiente. Se trataba de una cantidad importante que podía perderse y él estaba convencido de que la responsabilidad de López la obligaría a recapacitar, comprender que un grupo con cuatro concejales socialistas en una Corporación de once no puede gobernar dando la espalda a la formación mayoritaria. Ni el voto de Martín Morales, socio en las tareas municipales, lo tenía asegurado.
Sin embargo, las horas se sucedían y el silencio pesaba sobre el líder popular de Turre, que, incrédulo, comenzaba a ver volar los 300.000 euros.
En ese momento, Grima estaba en Almería, pero decidió enfundarse el traje de alcalde y llamar a la secretaria municipal. Eran las 11:30 y había tiempo para salvar la situación.
Indicó a la funcionaria que hablara con la alcaldesa y la convenciera de la necesidad de reunirse con el segundo portavoz del Grupo Popular, Juan Ángel Guerrero, para llegar a un acuerdo y convocar el Pleno extraordinario que diera conformidad a la refinanciación del préstamo con el BBVA.
VIERNES 23, 13:45
La secretaria siguió las recomendaciones del exalcalde, la regidora accedió y se reunió con Guerrero. Le pidió perdón por lo sucedido y convocaron una nueva sesión extraordinaria a las 13:45 a la que acudieron los cinco concejales del equipo de gobierno y dos del Popular. No pudieron asistir, dada la premura de tiempo, el resto, pero sí los necesarios para aprobar con siete votos a favor las dos mociones frustradas en la jornada anterior. Incluso sobró uno de los seis que requería la ley.
Cuando el Pleno terminó, aún no había cerrado la oficina de la entidad bancaria y pudo iniciarse el procedimiento de refinanciación.
Todo acabó como debía. Mientras, a cuarenta kilómetros de allí, Arturo Grima volvió a despojarse y guardar el uniforme de alcalde. Miraba por una ventana preguntándose si María Isabel López habría aprendido la lección. Todavía estaban por aprobar los presupuestos.
Finalmente, volvió hacia el centro de la estancia moviendo la cabeza de un lado a otro al tiempo que recordaba que cuando dejó la alcaldía, el importe adeudado al BBVA por esa operación era de 1,1 millones de euros, que habían subido hasta los 1,5 ahora renovados porque el actual equipo de gobierno no había pagado ni una sola mensualidad.
Antes de comenzar el relato de los hechos, es preciso recordar el precario equilibrio en que se encuentra la Corporación, con una alcaldesa, María Isabel López (PSOE), sostenida por los cuatro votos incondicionales de los miembros de su grupo y el no tan seguro del exalcalde Martín Morales (IU-Somos Turre). Enfrente, una oposición más numerosa, liderada por el PP con cinco concejales y, además, la edil no adscrita María Luisa Cervantes, antigua compañera de Morales en la coalición de izquierdas y hoy su más acérrima adversaria.
La jornada en que ocurrió lo que vamos a narrar tuvo su prólogo hace ahora exactamente un año. Ese día, tocaba refinanciar el préstamo que el Ayuntamiento mantenía con el BBVA. El Partido Popular se opuso porque la entidad financiera había incluido una cláusula que, bajo el eufemístico nombre de ‘derivados financieros’, exigía 215.000 euros por la extinción del préstamo vigente para sustituirlo por otro con diferentes condiciones. Algo así como una indemnización por lucro cesante.
A Arturo Grima le parecía aquello una «salvajada» y logró convencer al gobierno turrero para, después de un receso, dejar el asunto encima de la mesa y consultar al Ministerio de Hacienda sobre la mencionada condición. Y el Ministerio respondió que el importe de la mencionada cláusula nunca debería exceder los 95.000 euros, así se lo comunicó al Banco, que acabó por admitir la recomendación de Hacienda. Eso supuso 120.000 euros de ahorro «que podían haber sido más si la alcaldesa hubiera apretado algo en la negociación”», según fuentes del Partido Popular.
JUEVES 22, 20:00 h.
En un salón de plenos, como de costumbre, prácticamente vacío daba comienzo ese día y a esa hora una sesión extraordinaria que, tras la oportuna lectura del acta de la anterior, presentaba a debate la aprobación de dos puntos diferentes, pero estrechamente relacionados entre sí.
El primero de ellos tenía como objeto la refinanciación de un préstamo de 1,5 millones de euros que el erario municipal mantenía con la entidad financiera BBVA. De esa manera, el Consistorio pasaría de pagar un 5,5% de intereses a sólo el 0,60%. El otro punto consistía en la petición de permiso al Gobierno de España, dada la crítica situación financiera del Ayuntamiento de Turre, para firmar otra operación con la que amortizar la anterior.
La decisión debía ser adoptada por mayoría absoluta para cumplir la normativa vigente, y con urgencia, pues el plazo para renovar el crédito expiraba al día siguiente. Sin embargo, la alcaldesa había decidido acudir al Pleno sin conocer con qué apoyos contaba, porque no existen comisiones informativas en su Ayuntamiento y no había tenido la previsión de llamar a los diferentes grupos municipales para ponerles al corriente de su propósito y recabar su apoyo.
Ese día no acudió la concejal no adscrita María Luisa Cervantes y sentado en su escaño, el exalcalde Arturo Grima apenas escuchaba el murmullo de la secretaria entregada a la monótona lectura de los avisos legales y de las actas pendientes.
El líder de la oposición andaba tratando de poner orden en sus pensamientos para decidir entre lo que le pedía el cuerpo, es decir, votar que no, dar un bofetón político a la regidora, pero también un golpe de 300.000 euros a sus vecinos, o apoyar las mociones mirando al techo.
La tensión era un viento frío que inundaba el espacio de la sala, que acabó helando el ambiente cuando llegó la hora de la votación y los populares optaron por una tercera alternativa: la abstención.
Aún no eran las 20:30 cuando la secretaria dio por terminada la sesión. Las mociones quedaron sin aprobar sobre la mesa y los diez ediles presentes se levantaron y abandonaron despacio sus asientos sin cruzar ni una palabra. Grima también salió del Ayuntamiento, acompañado por los suyos, y se dirigió hasta su casa. Activó el sonido de su teléfono convencido de que no tardaría en sonar. Sabía que la alcaldesa lo llamaría para intentar solventar la situación. Aún había tiempo. Podía convocar otro pleno extraordinario con carácter urgente para el día siguiente. Había 300.000 euros de los turreros en juego.
VIERNES 23, 11:30
No obstante, la noche fue avanzando y el teléfono no se activó por la acción remota de María Isabel López. Pero Arturo Grima aún confiaba en la llamada de la alcaldesa cuando despertó al día siguiente. Se trataba de una cantidad importante que podía perderse y él estaba convencido de que la responsabilidad de López la obligaría a recapacitar, comprender que un grupo con cuatro concejales socialistas en una Corporación de once no puede gobernar dando la espalda a la formación mayoritaria. Ni el voto de Martín Morales, socio en las tareas municipales, lo tenía asegurado.
Sin embargo, las horas se sucedían y el silencio pesaba sobre el líder popular de Turre, que, incrédulo, comenzaba a ver volar los 300.000 euros.
En ese momento, Grima estaba en Almería, pero decidió enfundarse el traje de alcalde y llamar a la secretaria municipal. Eran las 11:30 y había tiempo para salvar la situación.
Indicó a la funcionaria que hablara con la alcaldesa y la convenciera de la necesidad de reunirse con el segundo portavoz del Grupo Popular, Juan Ángel Guerrero, para llegar a un acuerdo y convocar el Pleno extraordinario que diera conformidad a la refinanciación del préstamo con el BBVA.
VIERNES 23, 13:45
La secretaria siguió las recomendaciones del exalcalde, la regidora accedió y se reunió con Guerrero. Le pidió perdón por lo sucedido y convocaron una nueva sesión extraordinaria a las 13:45 a la que acudieron los cinco concejales del equipo de gobierno y dos del Popular. No pudieron asistir, dada la premura de tiempo, el resto, pero sí los necesarios para aprobar con siete votos a favor las dos mociones frustradas en la jornada anterior. Incluso sobró uno de los seis que requería la ley.
Cuando el Pleno terminó, aún no había cerrado la oficina de la entidad bancaria y pudo iniciarse el procedimiento de refinanciación.
Todo acabó como debía. Mientras, a cuarenta kilómetros de allí, Arturo Grima volvió a despojarse y guardar el uniforme de alcalde. Miraba por una ventana preguntándose si María Isabel López habría aprendido la lección. Todavía estaban por aprobar los presupuestos.
Finalmente, volvió hacia el centro de la estancia moviendo la cabeza de un lado a otro al tiempo que recordaba que cuando dejó la alcaldía, el importe adeudado al BBVA por esa operación era de 1,1 millones de euros, que habían subido hasta los 1,5 ahora renovados porque el actual equipo de gobierno no había pagado ni una sola mensualidad.
