Los alemanes en su código penal no la utilizan. Hemos descubierto por el derecho penal comparado, y una vez capturado el inefable Puigdemont, que la expresión equivalente es allí «alta traición». La «traición» implica que la «rebelión», además de ser injusta, ha fracasado felizmente, pues como muy bien decía el sofista Trasímaco, «la traición no prevalece nunca, ¿por qué? porque si prevalece ya no se la llama traición».
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JUAN LUIS PÉREZ TORNELL
Las palabras tienen a veces junto al significado oficial, el que registran los diccionarios, otro significado simbólico paralelo añadido imperceptiblemente por la literatura, el cine y el paso del tiempo. «Rebelión», ese delito absurdo del que se acusa a unos políticos medrosos y lloriqueantes, reviste connotaciones épicas que obviamente les vienen grandes a sus protagonistas y a sus actos. Es una palabra romántica que lleva implícita, casi por definición, una causa justa y pendiente.
Los alemanes en su código penal no la utilizan. Hemos descubierto por el derecho penal comparado, y una vez capturado el inefable Puigdemont, que la expresión equivalente es allí «alta traición». La «traición» implica que la «rebelión», además de ser injusta, ha fracasado felizmente, pues como muy bien decía el sofista Trasímaco, «la traición no prevalece nunca, ¿por qué? porque si prevalece ya no se la llama traición».
Yo no creo que merezcan grandes penas nuestros traidores de pacotilla. Bastaría una inhabilitación suficientemente larga para todo cargo público. Su delito es haberse creído que la ideología separatista triunfaría una vez alcanzada una masa crítica, y que una mayoría, aunque exigua, sería suficiente para justificar su revolución de la sonrisa. Cursis hasta el final.
El error, al que, también es cierto, se les ha inducido durante años, es pensar que determinados objetivos y ensoñaciones son posibles con solo desearlos y con tal de que sean refrendados por una mayoría. Que el principio democrático basta para derogar las leyes, justifica cualquier desafuero, y deslegitima a los jueces.
Pensemos, un suponer, que el Partido Comunista o la Falange, suponiendo que aún existan, por azares o contingencias del destino llegaran, dios no lo quiera, a obtener una mayoría, incluso absoluta, de los votos de los ciudadanos. Eso no les permitiría hacer mangas y capirotes y revoluciones de la sonrisa, y pasar por encima de los jueces y las leyes. Porque existe, parece mentira que haya que recordarlo, una ley suprema, la Constitución, que impide los bandazos coyunturales y que solo autoriza el gobierno de unas opciones políticas que van desde un liberalismo limitado hasta una socialdemocracia también limitada.
Más allá solo hay dragones y gente confundida.
Ni comunistas ni falangistas, ni por cierto los independentistas, son perseguidos por causas de sus ideas. Pueden exponerlas y predicarlas con total libertad y machacona insistencia. Pero no pueden materializarlas más que por la fuerza de la verdadera revolución: la armada.
La normativa que regula nuestro orden constitucional puede modificarse, pero por sus propios mecanismos, que obligarían a una sociedad a asumir, en una segunda e incluso una tercera lectura, los riesgos de las aventuras que otros llaman revoluciones. No es imposible, pero, desde luego, no es fácil. La propia Constitución lo regula minuciosamente.
Cualquier lunático puede promoverla, pero es justo que no se les pongan fáciles las cosas a los lunáticos. El modelo legal sería la propuesta del llamado 'plan Ibarretxe': va uno mandatado por su parlamentito regional al Congreso y hace su propuesta. Recibe una negativa y una palmadita en la espalda y se vuelve a su casa y, si tiene cierta dignidad, se retira de la política a esperar tiempos mejores. Que nada es imposible y torres más altas han caído.
Los alemanes en su código penal no la utilizan. Hemos descubierto por el derecho penal comparado, y una vez capturado el inefable Puigdemont, que la expresión equivalente es allí «alta traición». La «traición» implica que la «rebelión», además de ser injusta, ha fracasado felizmente, pues como muy bien decía el sofista Trasímaco, «la traición no prevalece nunca, ¿por qué? porque si prevalece ya no se la llama traición».
Yo no creo que merezcan grandes penas nuestros traidores de pacotilla. Bastaría una inhabilitación suficientemente larga para todo cargo público. Su delito es haberse creído que la ideología separatista triunfaría una vez alcanzada una masa crítica, y que una mayoría, aunque exigua, sería suficiente para justificar su revolución de la sonrisa. Cursis hasta el final.
El error, al que, también es cierto, se les ha inducido durante años, es pensar que determinados objetivos y ensoñaciones son posibles con solo desearlos y con tal de que sean refrendados por una mayoría. Que el principio democrático basta para derogar las leyes, justifica cualquier desafuero, y deslegitima a los jueces.
Pensemos, un suponer, que el Partido Comunista o la Falange, suponiendo que aún existan, por azares o contingencias del destino llegaran, dios no lo quiera, a obtener una mayoría, incluso absoluta, de los votos de los ciudadanos. Eso no les permitiría hacer mangas y capirotes y revoluciones de la sonrisa, y pasar por encima de los jueces y las leyes. Porque existe, parece mentira que haya que recordarlo, una ley suprema, la Constitución, que impide los bandazos coyunturales y que solo autoriza el gobierno de unas opciones políticas que van desde un liberalismo limitado hasta una socialdemocracia también limitada.
Más allá solo hay dragones y gente confundida.
Ni comunistas ni falangistas, ni por cierto los independentistas, son perseguidos por causas de sus ideas. Pueden exponerlas y predicarlas con total libertad y machacona insistencia. Pero no pueden materializarlas más que por la fuerza de la verdadera revolución: la armada.
La normativa que regula nuestro orden constitucional puede modificarse, pero por sus propios mecanismos, que obligarían a una sociedad a asumir, en una segunda e incluso una tercera lectura, los riesgos de las aventuras que otros llaman revoluciones. No es imposible, pero, desde luego, no es fácil. La propia Constitución lo regula minuciosamente.
Cualquier lunático puede promoverla, pero es justo que no se les pongan fáciles las cosas a los lunáticos. El modelo legal sería la propuesta del llamado 'plan Ibarretxe': va uno mandatado por su parlamentito regional al Congreso y hace su propuesta. Recibe una negativa y una palmadita en la espalda y se vuelve a su casa y, si tiene cierta dignidad, se retira de la política a esperar tiempos mejores. Que nada es imposible y torres más altas han caído.
