«Si a mi no me han creído, aportaremos testigos desde dentro de la casa que expliquen imparcialmente lo difícil que sería», afirma una de las acusadas
ALMERÍA HOY / 09·11·2017
Teresa González, —una de las principales acusadas en el denominado ‘caso Facturas’— ha conseguido de la Sala en la que se juzga la presunta trama en la que se la involucra que se apruebe la comparecencia de cuatro nuevos testigos «pese a los intentos de oposición por parte de la propia Diputación Provincial de Almería», señala, que aportarán según su defensa la información clara y concisa de cuál es el procedimiento que se sigue para poder ejecutar cualquier gasto dentro de la institución.
Asimismo, entre los comparecientes estarán las personas que pueden justificar cualquier gasto que se le atribuye. «Demostraremos que mi firma no da dinero. La firma de la secretaria delegada no tiene capacidad de dar ninguna orden de pago. Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación —los hechos que se juzgan se remontan al gobierno PSOE-Pal— se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera basándose siempre en acuerdos adoptados por el presidente del Patronato o por sus órganos colegiados tanto el consejo ejecutivo como la asamblea general».
«Si a mi no me han creído, aportaremos testigos desde dentro de la casa que expliquen imparcialmente lo difícil que sería intentar cualquier tipo de trama sin la propia connivencia de los verdaderos pagadores». De igual modo, mantiene que «se ha creado una falsa imagen sobre mi persona con gastos o viajes de ensueño, cuando con sólo tirar de mis cuentas, mis créditos e hipotecas, queda bastante claro cuál era mi situación personal, de dónde venían los ingresos y a dónde iban destinados como gastos, pero si se trata de demostrar demostraremos con testigos hasta quién me prestó cuando no tenía para poder gastar», afirma.
González asegura, y así lo ha transmitido mediante un comunicado de prensa, que el denominado caso 'Facturas’ ha sido «un claro aprovechamiento del modelo judicial para una batalla política entre dos partidos», pero «no pueden olvidar una cosa, y es que yo soy funcionaria por oposición y no una actora del escenario político. Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigado hasta por la compra de palmeras con GPS a la empresa de su yerno, o del que hemos sabido por una denuncia de esta misma semana que un concejal suyo ha gastado, que se sepa por ahora, un cuarto de millón de euros en una copistería de su pueblo por conceptos tan razonables como la compra de caramelos. Asimismo, no olvidemos un hecho de vital importancia en este caso, y es que justo cuando yo dejo de informar sobre las cuentas del Patronato se produce un aluvión de fraccionamientos de contrato, gastos que no se podían hacer sin concurso público, y que yo me negué a aceptar», afirma a la vez que adelanta que aportará pruebas de ello y que la propia Fiscalía de Almería tiene en su poder una completa denuncia sobre estos extremos.
Asimismo, entre los comparecientes estarán las personas que pueden justificar cualquier gasto que se le atribuye. «Demostraremos que mi firma no da dinero. La firma de la secretaria delegada no tiene capacidad de dar ninguna orden de pago. Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación —los hechos que se juzgan se remontan al gobierno PSOE-Pal— se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera basándose siempre en acuerdos adoptados por el presidente del Patronato o por sus órganos colegiados tanto el consejo ejecutivo como la asamblea general».
«Si a mi no me han creído, aportaremos testigos desde dentro de la casa que expliquen imparcialmente lo difícil que sería intentar cualquier tipo de trama sin la propia connivencia de los verdaderos pagadores». De igual modo, mantiene que «se ha creado una falsa imagen sobre mi persona con gastos o viajes de ensueño, cuando con sólo tirar de mis cuentas, mis créditos e hipotecas, queda bastante claro cuál era mi situación personal, de dónde venían los ingresos y a dónde iban destinados como gastos, pero si se trata de demostrar demostraremos con testigos hasta quién me prestó cuando no tenía para poder gastar», afirma.
González asegura, y así lo ha transmitido mediante un comunicado de prensa, que el denominado caso 'Facturas’ ha sido «un claro aprovechamiento del modelo judicial para una batalla política entre dos partidos», pero «no pueden olvidar una cosa, y es que yo soy funcionaria por oposición y no una actora del escenario político. Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigado hasta por la compra de palmeras con GPS a la empresa de su yerno, o del que hemos sabido por una denuncia de esta misma semana que un concejal suyo ha gastado, que se sepa por ahora, un cuarto de millón de euros en una copistería de su pueblo por conceptos tan razonables como la compra de caramelos. Asimismo, no olvidemos un hecho de vital importancia en este caso, y es que justo cuando yo dejo de informar sobre las cuentas del Patronato se produce un aluvión de fraccionamientos de contrato, gastos que no se podían hacer sin concurso público, y que yo me negué a aceptar», afirma a la vez que adelanta que aportará pruebas de ello y que la propia Fiscalía de Almería tiene en su poder una completa denuncia sobre estos extremos.
