En la provincia de Almería, los resultados de la gestión de fianzas de régimen general arrojan desde 2013 un notable incremento cifrado en casi un millón de euros
EUROPA PRESS / 18·06·2017
La gestión de las fianzas por arrendamiento de viviendas y para uso distinto del de vivienda se ha incrementado en los últimos cuatro años en la provincia de Almería un 60%, con lo que han pasado de los 1,6 millones de euros depositados en 2013 a los 2,5 millones que se registraron en el ejercicio de 2016.
Así lo han indicado fuentes del Gobierno andaluz, ya que esta labor la realiza la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Desde 2013, año en el que AVRA asumió la gestión de estas fianzas de arrendamientos de vivienda y para uso distinto del de vivienda, así como de suministros de agua, gas y electricidad, procedentes de la Consejería de Hacienda, la Agencia es el órgano gestor de los ingresos y de los gastos presupuestarios que genera la gestión de los contratos de alquiler de particulares, es decir, de la cantidad económica que un propietario o empresa deposita en concepto de fianza en un organismo público, que se encarga de custodiar y tutelar hasta la finalización del contrato de arrendamiento, momento en el que procede a su devolución.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, ha destacado «el valor de la gestión de estas fianzas por la Administración autonómica, al ser un instrumento que aporta seguridad y refuerza las garantías de arrendatarios e inquilinos, además de suponer una fuente de recursos públicos para avanzar en las políticas públicas de vivienda». Asimismo, ha incidido en la «óptima gestión que está realizando AVRA en esta materia desde que asumió estas funciones, mejorando dicha gestión e incrementando la cuantía de estas fianzas en la provincia de Almería».
De hecho, desde que AVRA asumió tal atribución, se viene planteando como objetivo el incremento, a corto y medio plazo, del volumen de depósitos constituidos. Para ello, la Agencia trata de hacer cumplir a la ciudadanía la obligación legal establecida por la ley 8/1997, y con ello se pretende ir reduciendo la economía sumergida relacionada con estas fianzas, al tiempo que se propicia la generación de recursos presupuestarios destinados a mejorar la gestión que en materia de vivienda lleva a cabo la Junta de Andalucía.
La gestión integral de las fianzas abarca las tareas de tramitación del preceptivo depósito en los contratos de arrendamientos y suministros, el control y registro de los depósitos y las actuaciones ligadas a la inspección y tramitación de las correspondientes sanciones.
Todo ello respecto a los dos tipos de fianzas que existen: las de régimen general para los contratos de alquiler de vivienda o de uso distinto a vivienda, y las de régimen concertado para las empresas que suministran agua, gas y electricidad y para arrendadores cuyas fianzas superen los 30.000 euros.
En la provincia de Almería, los resultados de la gestión de fianzas de régimen general arrojan desde 2013 un notable incremento cifrado en casi un millón de euros, pasando de 1.604.016 euros depositados el año anterior al del traspaso de las competencias desde la Consejería de Hacienda a la de Fomento y Vivienda, a los 2.570.579 euros registrados el pasado año.
Así lo han indicado fuentes del Gobierno andaluz, ya que esta labor la realiza la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Desde 2013, año en el que AVRA asumió la gestión de estas fianzas de arrendamientos de vivienda y para uso distinto del de vivienda, así como de suministros de agua, gas y electricidad, procedentes de la Consejería de Hacienda, la Agencia es el órgano gestor de los ingresos y de los gastos presupuestarios que genera la gestión de los contratos de alquiler de particulares, es decir, de la cantidad económica que un propietario o empresa deposita en concepto de fianza en un organismo público, que se encarga de custodiar y tutelar hasta la finalización del contrato de arrendamiento, momento en el que procede a su devolución.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, ha destacado «el valor de la gestión de estas fianzas por la Administración autonómica, al ser un instrumento que aporta seguridad y refuerza las garantías de arrendatarios e inquilinos, además de suponer una fuente de recursos públicos para avanzar en las políticas públicas de vivienda». Asimismo, ha incidido en la «óptima gestión que está realizando AVRA en esta materia desde que asumió estas funciones, mejorando dicha gestión e incrementando la cuantía de estas fianzas en la provincia de Almería».
De hecho, desde que AVRA asumió tal atribución, se viene planteando como objetivo el incremento, a corto y medio plazo, del volumen de depósitos constituidos. Para ello, la Agencia trata de hacer cumplir a la ciudadanía la obligación legal establecida por la ley 8/1997, y con ello se pretende ir reduciendo la economía sumergida relacionada con estas fianzas, al tiempo que se propicia la generación de recursos presupuestarios destinados a mejorar la gestión que en materia de vivienda lleva a cabo la Junta de Andalucía.
La gestión integral de las fianzas abarca las tareas de tramitación del preceptivo depósito en los contratos de arrendamientos y suministros, el control y registro de los depósitos y las actuaciones ligadas a la inspección y tramitación de las correspondientes sanciones.
Todo ello respecto a los dos tipos de fianzas que existen: las de régimen general para los contratos de alquiler de vivienda o de uso distinto a vivienda, y las de régimen concertado para las empresas que suministran agua, gas y electricidad y para arrendadores cuyas fianzas superen los 30.000 euros.
En la provincia de Almería, los resultados de la gestión de fianzas de régimen general arrojan desde 2013 un notable incremento cifrado en casi un millón de euros, pasando de 1.604.016 euros depositados el año anterior al del traspaso de las competencias desde la Consejería de Hacienda a la de Fomento y Vivienda, a los 2.570.579 euros registrados el pasado año.
