El alcalde de El Ejido se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de cárcel y una multa superior al millón de euros
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| Francisco Góngora, alcalde de El Ejido (archivo). |
ALMERÍA HOY / 05·05·2017
Tras conocerse la petición del Ministerio Fiscal de una pena de cuatro años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros para el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), al que acusa de presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, y la consiguiente petición de la oposición municipal para que el primer edil dimita de su cargo, Góngora ha vuelto a defender su inocencia, afirmando que no «debería estar imputado en este proceso».
«Para mí, lo más importante es que se sepa de qué estamos hablando: una compraventa en la cual, el Pal —partido de Juan Enciso— interpuso una denuncia diciendo que yo, en mi etapa de concejal de Urbanismo, me había aprovechado de mi cargo, acusándome de tráfico de influencias. Y eso quedó absolutamente claro y archivado en su momento», ha manifestado Góngora en rueda de prensa, donde también ha mostrado su «sorpresa y extrañeza» porque «aún no se ha notificado a ninguna de las partes» ese escrito de acusación del Ministerio Fiscal. «Es lamentable que tenga que enterarme por la prensa, siendo parte personada», ha dicho, añadiendo que «alguien debería de ofrecer alguna explicación al respecto».
Así, el regidor ha vuelto a aclarar que «nada tiene que ver» el asunto con su cargo público, pues el PGOU de 1998 ya preveía el cambio de declaración de los suelos afectados como urbanizables, y Góngora entró como edil de Urbanismo en 1999.
«Todo radica en la compraventa que se realiza en 2004, y la controversia está en si la compraventa se considera realizada entre 2004 y el 31 de enero de 2006, no hay ningún delito fiscal, porque el régimen de tributación de las sociedades patrimoniales en esa fecha es un tipo de gravamen del 15%», ha aclarado el primer edil, subrayando que «si se considerara que se efectúa con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, ya sí cambia la tributación al 30%».
Asimismo, Góngora recuerda que no es administrador de la sociedad. «Hay un administrador único con plenas facultades», subraya, aseverando que dicho administrador «es economista y asesor fiscal, y es el que ha llevado la gestión de esa sociedad».
Por todo ello, el alcalde de El Ejido defiende que estamos ante «un contrato perfectamente válido». Según la ley, «la compraventa se consuma cuando existe un título y un modo», algo que sí existe según Góngora. Y la «prueba irrefutable» sería, según apunta, que «en el año 2006, Murgi presenta el proyecto de delimitación del sector como propietario de ese suelo, donde el arquitecto redacta un proyecto de demilitación», y que «eso se tramita y se aprueba por el entonces alcalde, curiosamente el mismo que me denuncia». Con eso, matiza, «queda sobradamente de manifiesto que están haciendo acto de disposición».
«Lo que yo echo en falta es que ni el juez, que se fue porque pidió el traslado, ni la juez sustituta, ni el fiscal, han entrado a valorar en ningún momento esta cuestión». Si la compraventa se ha consumado antes del 31 de diciembre de 2006, el régimen de tributación es el 15% y no hay ningún delito fiscal». Así lo constatan dos informes, uno de un catedrático de Derecho de la UAL, y otro de Mariano Cuenca, un experto en fiscalidad, y que va más allá al hablar de irregularidades en el propio procedimiento de la Agencia Tributaria», defiende.
El regidor afirma que «no tendría que estar imputado en este procedimiento porque no tengo facultad ni para firmar documentos en nombre de la sociedad ni para tributar en su nombre, para eso hay un administrador único», y se refiere a que «tenía muy claro desde un principio que el fiscal tenía una predisposición para llevar esto a juicio oral, porque así se lo había manifestado a los letrados».
Por último, Francisco Góngora ha rechazado que vaya a dimitir, indicando que «no me aferro a ningún sillón; estoy defendiendo el Estado de Derecho», e insistiendo que se trata de «un tema civil», y no penal, pese a lo cual, asegura que va a ser «muy respetuoso con la Administración de Justicia». «Creo en el Estado de Derecho, y seguiré defendiendo mi inocencia porque lo tengo muy claro». ha sentenciado.
«Para mí, lo más importante es que se sepa de qué estamos hablando: una compraventa en la cual, el Pal —partido de Juan Enciso— interpuso una denuncia diciendo que yo, en mi etapa de concejal de Urbanismo, me había aprovechado de mi cargo, acusándome de tráfico de influencias. Y eso quedó absolutamente claro y archivado en su momento», ha manifestado Góngora en rueda de prensa, donde también ha mostrado su «sorpresa y extrañeza» porque «aún no se ha notificado a ninguna de las partes» ese escrito de acusación del Ministerio Fiscal. «Es lamentable que tenga que enterarme por la prensa, siendo parte personada», ha dicho, añadiendo que «alguien debería de ofrecer alguna explicación al respecto».
Así, el regidor ha vuelto a aclarar que «nada tiene que ver» el asunto con su cargo público, pues el PGOU de 1998 ya preveía el cambio de declaración de los suelos afectados como urbanizables, y Góngora entró como edil de Urbanismo en 1999.
«Todo radica en la compraventa que se realiza en 2004, y la controversia está en si la compraventa se considera realizada entre 2004 y el 31 de enero de 2006, no hay ningún delito fiscal, porque el régimen de tributación de las sociedades patrimoniales en esa fecha es un tipo de gravamen del 15%», ha aclarado el primer edil, subrayando que «si se considerara que se efectúa con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, ya sí cambia la tributación al 30%».
Asimismo, Góngora recuerda que no es administrador de la sociedad. «Hay un administrador único con plenas facultades», subraya, aseverando que dicho administrador «es economista y asesor fiscal, y es el que ha llevado la gestión de esa sociedad».
Por todo ello, el alcalde de El Ejido defiende que estamos ante «un contrato perfectamente válido». Según la ley, «la compraventa se consuma cuando existe un título y un modo», algo que sí existe según Góngora. Y la «prueba irrefutable» sería, según apunta, que «en el año 2006, Murgi presenta el proyecto de delimitación del sector como propietario de ese suelo, donde el arquitecto redacta un proyecto de demilitación», y que «eso se tramita y se aprueba por el entonces alcalde, curiosamente el mismo que me denuncia». Con eso, matiza, «queda sobradamente de manifiesto que están haciendo acto de disposición».
«Lo que yo echo en falta es que ni el juez, que se fue porque pidió el traslado, ni la juez sustituta, ni el fiscal, han entrado a valorar en ningún momento esta cuestión». Si la compraventa se ha consumado antes del 31 de diciembre de 2006, el régimen de tributación es el 15% y no hay ningún delito fiscal». Así lo constatan dos informes, uno de un catedrático de Derecho de la UAL, y otro de Mariano Cuenca, un experto en fiscalidad, y que va más allá al hablar de irregularidades en el propio procedimiento de la Agencia Tributaria», defiende.
El regidor afirma que «no tendría que estar imputado en este procedimiento porque no tengo facultad ni para firmar documentos en nombre de la sociedad ni para tributar en su nombre, para eso hay un administrador único», y se refiere a que «tenía muy claro desde un principio que el fiscal tenía una predisposición para llevar esto a juicio oral, porque así se lo había manifestado a los letrados».
Por último, Francisco Góngora ha rechazado que vaya a dimitir, indicando que «no me aferro a ningún sillón; estoy defendiendo el Estado de Derecho», e insistiendo que se trata de «un tema civil», y no penal, pese a lo cual, asegura que va a ser «muy respetuoso con la Administración de Justicia». «Creo en el Estado de Derecho, y seguiré defendiendo mi inocencia porque lo tengo muy claro». ha sentenciado.
