La juez toma esta decisión al no apreciar indicios de su participación en el ilícito penal, aunque sí continúa la causa contra el funcionario imputado
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| Clemente García saluda a un periodista a su salida de los juzgados. |
EUROPA PRESS / 23·12·2015
La juez que instruye el caso 'Cheques', donde se investiga la presunta malversación de más de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha dictado el sobreseimiento de la causa con respecto al exdelegado socialista, Clemente García, al no apreciar indicios de su participación en el ilícito penal.
El auto acuerda continuar el procedimiento contra el funcionario del departamento Miguel G.L., quien irá a juicio con un tribunal de jurado por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, según han informado fuentes judiciales.
Cabe recordar que fue el empleado público quien, en una primera fase de la investigación, señaló tanto a García, ahora eximido, y al entonces secretario de la Delegación Provincial, para quien ya se decretó sobreseimiento.
Durante la comparecencia prevista en la Ley del Jurado celebrada el lunes en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, el fiscal interesó lo ahora acordado por la juez, mientras que la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, no modificó y decidió acusar tanto a García como a Miguel G.L. Las mismas fuentes han precisado que la administración no se plantea, en principio, recurrir.
En declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, García trasladó su «satisfacción» por la petición del Ministerio Público ya que demostraba, según dijo, «que no tengo absolutamente nada que ver con este asunto tan desagradable como ya dije desde el principio» al tiempo que lamentó que la Junta de Andalucía siguiese «empeñada en meter la burra de culo».
Entre las diligencias que se solicitaron en la comparecencia, el Ministerio Público pidió que se oficiase a las entidades financieras en las que tiene abiertas cuentas Miguel G.L. para que remitan informes de los movimientos registrados.
Por otra parte, la entidad bancaria en la que se cobraron los cheques, en una segunda tanda «sin estar ya autorizado» el funcionario investigado, quien además habría «falseado» presuntamente su DNI «modificando un número», trasladó que va a consignar en el juzgado 112.000 euros para hacer frente a una eventual responsabilidad civil subsidiaria.
El juzgado instructor acordó en noviembre mediante auto que la causa se tramitase por la Ley de Jurado ya que estimó que concurrían indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
El auto acuerda continuar el procedimiento contra el funcionario del departamento Miguel G.L., quien irá a juicio con un tribunal de jurado por presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, según han informado fuentes judiciales.
Cabe recordar que fue el empleado público quien, en una primera fase de la investigación, señaló tanto a García, ahora eximido, y al entonces secretario de la Delegación Provincial, para quien ya se decretó sobreseimiento.
Durante la comparecencia prevista en la Ley del Jurado celebrada el lunes en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, el fiscal interesó lo ahora acordado por la juez, mientras que la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, no modificó y decidió acusar tanto a García como a Miguel G.L. Las mismas fuentes han precisado que la administración no se plantea, en principio, recurrir.
En declaraciones a los periodistas a su salida de la Ciudad de la Justicia, García trasladó su «satisfacción» por la petición del Ministerio Público ya que demostraba, según dijo, «que no tengo absolutamente nada que ver con este asunto tan desagradable como ya dije desde el principio» al tiempo que lamentó que la Junta de Andalucía siguiese «empeñada en meter la burra de culo».
Entre las diligencias que se solicitaron en la comparecencia, el Ministerio Público pidió que se oficiase a las entidades financieras en las que tiene abiertas cuentas Miguel G.L. para que remitan informes de los movimientos registrados.
Por otra parte, la entidad bancaria en la que se cobraron los cheques, en una segunda tanda «sin estar ya autorizado» el funcionario investigado, quien además habría «falseado» presuntamente su DNI «modificando un número», trasladó que va a consignar en el juzgado 112.000 euros para hacer frente a una eventual responsabilidad civil subsidiaria.
El juzgado instructor acordó en noviembre mediante auto que la causa se tramitase por la Ley de Jurado ya que estimó que concurrían indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
