Denuncian que llevan un año sin cobrar a pesar de las promesas realizadas por el Gobierno andaluz y critican el «menoscabo» de sus «derechos fundamentales»
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| Las protestas de los afectados se vienen produciendo desde 2013. |
EUROPA PRESS / 27·07·2015
Los trabajadores del Consorcio Escuela del Mármol (Fines) han expresado este martes su «agotamiento» y «desesperación» ante la «falta de solución», a punto de que concluya la actividad parlamentaria en Andalucía, a los impagos que arrastran, acumulando ya «diez meses sin cobrar el sueldo, en total, 12 nóminas».
En esta línea, señalan que el consorcio, con una capacidad para atender a 400 alumnos, tiene «justificadas» todas sus cuentas y está «a la espera» de poder pasar la auditoría por parte de la Intervención de la Consejería de Hacienda, último paso para integrarse definitivamente en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef), según la hoja de ruta marcada por la Consejería de Educación.
Los afectados por los impagos de la Junta de Andalucía critican que el Gobierno andaluz les haya «emplazado a septiembre» pese a «nuestros ruegos y las peticiones», lo que, según remarcan, les aboca «por tercera vez consecutiva» a un mes de agosto «de una total incertidumbre» con «menoscabo de nuestros derechos fundamentales».
Los trabajadores resaltan que el consorcio, con 20 años de funcionamiento y que en el curso 2013-14 recibió un total de 780 solicitudes para cursar estudios en sus instalaciones, lleva sin actividad formativa desde julio de 2014 al no haber autorizado la consejera socialista de Educación «su realización ni presupuesto alguno que financie los gastos de este centro desde esa fecha».
Detallan que se han rescindido contratos de limpieza y seguros, «dejando al personal que acude al centro en unas condiciones laborales indignas» y que, según subraya, «en algunos casos exponen a estos profesionales a responder con sus propios bienes, comprometer su futuro profesional por inhabilitación».
«Cada día que pasa sin solución se incrementan las deudas del centro, además de por las nóminas adeudadas a los trabajadores», señalan para aludir a las multas y recargos de Hacienda y Seguridad Social; así como por las sentencias judiciales condenatorias al pago de indemnizaciones por despido.
Apuntan que ha habido trabajadores que han tenido que «extinguir» su relación laboral por no disponer de recursos económicos cubrir necesidades básicas como el pago de la hipoteca, lo que ha llevado a que el centro pase de 24 trabajadores «a 16 que estamos en la actualidad».
«A pesar de la lamentable situación en la que nos encontramos, nos levantamos cada día con ganas de seguir luchando y con la ilusión de que esta pesadilla acabe pronto», concluyen.
En esta línea, señalan que el consorcio, con una capacidad para atender a 400 alumnos, tiene «justificadas» todas sus cuentas y está «a la espera» de poder pasar la auditoría por parte de la Intervención de la Consejería de Hacienda, último paso para integrarse definitivamente en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef), según la hoja de ruta marcada por la Consejería de Educación.
Los afectados por los impagos de la Junta de Andalucía critican que el Gobierno andaluz les haya «emplazado a septiembre» pese a «nuestros ruegos y las peticiones», lo que, según remarcan, les aboca «por tercera vez consecutiva» a un mes de agosto «de una total incertidumbre» con «menoscabo de nuestros derechos fundamentales».
Los trabajadores resaltan que el consorcio, con 20 años de funcionamiento y que en el curso 2013-14 recibió un total de 780 solicitudes para cursar estudios en sus instalaciones, lleva sin actividad formativa desde julio de 2014 al no haber autorizado la consejera socialista de Educación «su realización ni presupuesto alguno que financie los gastos de este centro desde esa fecha».
Detallan que se han rescindido contratos de limpieza y seguros, «dejando al personal que acude al centro en unas condiciones laborales indignas» y que, según subraya, «en algunos casos exponen a estos profesionales a responder con sus propios bienes, comprometer su futuro profesional por inhabilitación».
«Cada día que pasa sin solución se incrementan las deudas del centro, además de por las nóminas adeudadas a los trabajadores», señalan para aludir a las multas y recargos de Hacienda y Seguridad Social; así como por las sentencias judiciales condenatorias al pago de indemnizaciones por despido.
Apuntan que ha habido trabajadores que han tenido que «extinguir» su relación laboral por no disponer de recursos económicos cubrir necesidades básicas como el pago de la hipoteca, lo que ha llevado a que el centro pase de 24 trabajadores «a 16 que estamos en la actualidad».
«A pesar de la lamentable situación en la que nos encontramos, nos levantamos cada día con ganas de seguir luchando y con la ilusión de que esta pesadilla acabe pronto», concluyen.
