La corrupción se presenta a las elecciones

JOSÉ LUIS RAYA

23·09·2014

No deja de sorprender un país en el que la mayoría de los ciudadanos reconoce el problema de la corrupción como uno de los más importantes, al tiempo que es capaz de votar, no sólo listas en las que aparecen imputados, sino cabezas de lista encausados por delitos de corrupción y enriquecimiento irregular.

El último caso en saltar a los medios de comunicación ha sido el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, nuevamente imputada por delitos de corrupción y a quien las urnas volverían a dar la alcaldía en caso de presentarse… Así lo auguran al menos las últimas encuestas.

La candidatura de Castedo será sin duda una prueba para el PP, pero lo será sobre todo para una ciudadanía aparentemente acostumbrada a señalar la brizna en el ojo ajeno, o, más propiamente dicho, en el partido ajeno, mientras en el propio medran los tuertos y se multiplican los votos a Santa Lucía.

Aún perdura, en la Plaza del Ayuntamiento del Ejido, el eco de esas voces que, en apoyo del que fuera imputado, Juan Enciso, se alzaron mientras la Justicia investigaba el monumental agujero que su gestión había provocado en las arcas municipales. Aún es fácil encontrar a quienes justifiquen y respalden al actual alcalde, Francisco Góngora, también imputado; o a quienes, ante el rosario de irregularidades denunciadas en las distintas administraciones de la provincia, continúan sumidos en ese irritante bucle del “y tú más” al que PP y PSOE, tristemente, nos han acostumbrado.

Da la impresión de que los ciudadanos tolerásemos con relativa comodidad la corrupción del convecino, mientras clamamos y nos escandalizamos cuando ésta afecta al alcalde del pueblo contiguo, o al presidente de otra Diputación, o al Molt Honorable…

Valga como ejemplo la aparente comprensión de amplios sectores de la sociedad catalana para con las ‘travesuras’ de don Jordi. Será, como decía Pilar Rahola, que los ciudadanos entienden que forma parte de la política, si bien la tertuliana pretendía aludir a persecuciones y refriegas partidistas.
Tanto igual puede decirse de Andalucía, el PSOE y los ERES; de la Comunidad Valenciana y sus innumerables casos de corrupción, o las de decenas y decenas de ayuntamientos, cientos quizá, en los que la ciudadanía parece haberse acostumbrado a ver a su alcalde deambulando del ayuntamiento al juzgado, y viceversa.

Naturalmente no todo es corporativismo y patria chica en esto del trinque a punta de discurso, y aunque es cierto que no abundan (¿sería capaz el lector de citar alguno?) los ejemplos en los que el político denuncia la corrupción de su propio partido, sí es posible asistir, eventualmente, a tiernas muestras de afecto hacia el corrupto de otros lares. Me refiero, por supuesto, a las cariñosas y comprensivas palabras de don Felipe (González) acerca de don Jordi.


Ni siquiera entre los dos grandes partidos (desde hace tiempo, en cuarto menguante) se atreven a sacudirse realmente con sumarios judiciales, más allá, si acaso, del periodo de berrea electoral.
En los próximos meses, y a medida que se aproxime la campaña, tocarán a rebato a la tertulianía militante y se darán pataditas en la espinilla para que unos medios de comunicación en crisis, y cada vez más dependientes del presupuesto, glosen el épico combate entre un par de chupatintas con camisa de boutique y manicura.

Pasada las elecciones, volverán al confort de su despacho, del asiento trasero de su coche oficial, del reservado del restaurante de lujo… Los ciudadanos, por nuestra parte, nos dividiremos entre quienes criticamos el resultado y quienes lo aplaudimos; al principio, de manera entusiasta; más tarde, con cierta reserva; y finalmente, con ironía. Dejaremos de aplaudir tan solo un instante antes de pronunciar las cuatro palabras que nos exoneran de toda responsabilidad por el voto emitido: «el sistema no funciona».


José Luis Raya es coordinador local de UPyD en Almería.