La AUGC planta a la Comandancia y denuncia un déficit de 200 guardias civiles con el foco en Roquetas



ALMERÍA HOY / 05·11·2026

Conflicto abierto entre la representación de los agentes y la plantilla de la Benemérita en la provincia. La delegación almeriense de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que no asistirá a la próxima reunión de asociaciones convocada por la Comandancia de Almería. Con este plante, la organización rechaza respaldar las decisiones de la administración en un momento en el que la propia institución ha reconocido un déficit que supera los 200 efectivos en el territorio provincial.

El núcleo de la protesta se centra en la reorganización de la seguridad en Roquetas de Mar, un proceso marcado por la incertidumbre respecto a los puestos de trabajo y el futuro del Puesto Principal del municipio. Desde la AUGC critican que la Jefatura admita no tener fechas ni garantías concretas, dejando el destino de la unidad a una «decisión política» de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Impacto en la plantilla y falta de medios materiales

La reestructuración planeada genera preocupación entre los profesionales. La conversión de plazas de antigüedad en puestos específicos de la especialidad de Fiscal y Fronteras deja fuera a los agentes sin esa titulación, lo que, según la asociación, compromete el arraigo de los guardias civiles y sus familias en la comarca.

A la falta de personal se suma el deterioro del material de trabajo en Roquetas de Mar. La AUGC califica de «ruinosas» las instalaciones actuales y advierte de que el municipio tan solo dispone de seis vehículos para el servicio, habiendo superado algunos de ellos los 300.000 kilómetros recorridos.

Apelación al Ayuntamiento roquetero y reforma legal

Ante este panorama, la asociación ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para retomar los compromisos históricos de colaboración, como el auxilio en la custodia de los calabozos municipales a través de la Policía Local.

Finalmente, la AUGC ha reclamado la actualización de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vigente desde 1986. A juicio del colectivo, el marco legal actual ha quedado desfasado ante la realidad social y la pérdida del principio de autoridad, por lo que instan a los responsables políticos a dotar a los agentes de mayor protección legal y medios para ejercer su labor.