Condenado a siete años de inhabilitación el exalcalde de Carboneras por adjudicar a dedo el alumbrado del paseo marítimo



ALMERÍA HOY / 17·11·2026

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra el exregidor socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, tras desestimar su recurso de apelación. El fallo ratifica la sentencia dictada a principios de noviembre por el Tribunal de Instancia, condenándolo por un delito de prevaricación administrativa debido a la adjudicación directa de unas obras valoradas en casi medio millón de euros en 2008.

Con medios propios a empresas privadas

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, durante el mandato de Fernández (2007-2011), cuando una resolución de Alcaldía aprobó la sustitución del alumbrado del paseo marítimo por 492.182,65 euros. Aunque el documento estipulaba que el Ayuntamiento ejecutaría los trabajos con sus propios recursos, la obra acabó en manos de dos mercantiles privadas sin concurso ni licitación previa: Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL.

Ambas empresas facturaron 360.937,23 y 134.982,51 euros respectivamente, importes que fueron abonados con cargo a las arcas municipales. El tribunal señala que el exalcalde impuso su voluntad frente a los intereses generales, vulnerando consciente y deliberadamente los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que exige la ley.

Perjuicio a las arcas municipales

La falta de justificación formal de los trabajos tuvo además un coste directo para el consistorio. La Junta de Andalucía reclamó el reintegro de una subvención de 295.309 euros concedida para este proyecto, más los intereses generados, al detectar las irregularidades en la contratación.

La prueba clave en el recurso

Frente a los argumentos de la defensa, que cuestionaba la valoración de las pruebas en primera instancia, la Sección Segunda de la Audiencia ha dado pleno valor al informe del secretario municipal. Este documento acreditó la inexistencia total de un expediente administrativo que respaldara la contratación externa.

Con esta resolución queda firme la inhabilitación de siete años para el exmandatario almeriense por eludir los controles legales en la gestión de fondos públicos.