ALMERÍA HOY / 14·07·2026
La plaza frente al Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar se convirtió en el escenario de una multitudinaria protesta el pasado 13 de julio. Cientos de vecinos, familias y compañeros se concentraron para arropar a los 180 guardias civiles afectados por la reestructuración policial en la comarca. Con esta movilización, la ciudadanía ha querido dejar claro al Ministerio del Interior que los agentes no son meras fichas de un tablero organizativo, sino trabajadores con un profundo arraigo y familias cuyas vidas no pueden decidirse unilateralmente desde un despacho en Madrid. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) agradecen este respaldo social masivo, el cual evidencia una realidad que la Administración se niega a reconocer: la defensa de los derechos laborales de quienes protegen a la población.
La principal denuncia de la asociación se centra en la absoluta falta de certezas que sufren los agentes afectados. A día de hoy, lo único que saben con seguridad es que serán cesados de sus destinos actuales. Sin embargo, el cuándo, el dónde, en qué condiciones y con qué garantías para la conciliación de sus familias sigue siendo una incógnita absoluta tras meses de reuniones estériles y notas de prensa. El colectivo califica esta situación de «exilio forzoso» y «pena de destierro», una medida intolerable para un personal al que se le exige disciplina mientras se le niega la información básica para organizar su vida personal, afectando a la escolarización de sus hijos, las hipotecas y los empleos de sus cónyuges.
A esta preocupante falta de transparencia se suma una sospecha que la AUGC tilda de extrema gravedad: el posible bloqueo de las vacantes que se generan en las unidades próximas a Roquetas de Mar. Según fuentes internas del cuerpo, estas plazas libres no se estarían cubriendo a la espera de recolocar de manera forzosa al personal cesado. Esta maniobra administrativa implicaría debilitar deliberadamente la seguridad del Poniente almeriense, una comarca especialmente sensible al ser una de las vías de entrada irregular más activas del Mediterráneo occidental y una zona donde la Guardia Civil combate a diario el narcotráfico.
La AUGC advierte que la absorción de estos 180 agentes es inviable sobre el papel sin perjudicar a las plantillas o a las familias, más aún cuando el proyectado acuartelamiento de Vícar no cuenta siquiera con un calendario de obras. El derecho preferente por disolución de unidad corre el riesgo de convertirse en papel mojado si no se publican las plazas existentes. Por ello, la asociación exige la publicación inmediata de todas las vacantes de la provincia y un proceso con garantías reales. El sindicato asegura que el éxito de la concentración ciudadana es solo el principio de un calendario de movilizaciones que trasladarán a los tribunales si el Ministerio del Interior no rectifica su postura..
La principal denuncia de la asociación se centra en la absoluta falta de certezas que sufren los agentes afectados. A día de hoy, lo único que saben con seguridad es que serán cesados de sus destinos actuales. Sin embargo, el cuándo, el dónde, en qué condiciones y con qué garantías para la conciliación de sus familias sigue siendo una incógnita absoluta tras meses de reuniones estériles y notas de prensa. El colectivo califica esta situación de «exilio forzoso» y «pena de destierro», una medida intolerable para un personal al que se le exige disciplina mientras se le niega la información básica para organizar su vida personal, afectando a la escolarización de sus hijos, las hipotecas y los empleos de sus cónyuges.
A esta preocupante falta de transparencia se suma una sospecha que la AUGC tilda de extrema gravedad: el posible bloqueo de las vacantes que se generan en las unidades próximas a Roquetas de Mar. Según fuentes internas del cuerpo, estas plazas libres no se estarían cubriendo a la espera de recolocar de manera forzosa al personal cesado. Esta maniobra administrativa implicaría debilitar deliberadamente la seguridad del Poniente almeriense, una comarca especialmente sensible al ser una de las vías de entrada irregular más activas del Mediterráneo occidental y una zona donde la Guardia Civil combate a diario el narcotráfico.
La AUGC advierte que la absorción de estos 180 agentes es inviable sobre el papel sin perjudicar a las plantillas o a las familias, más aún cuando el proyectado acuartelamiento de Vícar no cuenta siquiera con un calendario de obras. El derecho preferente por disolución de unidad corre el riesgo de convertirse en papel mojado si no se publican las plazas existentes. Por ello, la asociación exige la publicación inmediata de todas las vacantes de la provincia y un proceso con garantías reales. El sindicato asegura que el éxito de la concentración ciudadana es solo el principio de un calendario de movilizaciones que trasladarán a los tribunales si el Ministerio del Interior no rectifica su postura..
