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J. A. SÁEZ CALVO
La libertad que se mide en estándares
La libertad se reconoce en detalles prácticos: una ley clara, un juez independiente, una prensa que pregunta, una Administración que responde, un impuesto razonable, una escuela que transmite y un Estado que sirve sin exigir adhesión. El Reino de España mantiene actividad, empresas, turismo, consumo y una sociedad que empuja con más paciencia que recompensa. La inquietud aparece al mirar los indicadores que miden calidad institucional, limpieza pública, seguridad jurídica y protección efectiva del ciudadano.
Los deterioros grandes avanzan por aceptación. Un día se normaliza que un cargo resista cualquier sospecha. Otro, que una rueda de prensa sustituya a una explicación. Después se considera habitual que un medio sea señalado por preguntar, que una reforma nazca al servicio de una coyuntura o que la Administración tarde meses en resolver aquello que exige en diez días. La anomalía se instala y termina pareciendo gestión.
La OCDE ofrece una radiografía reveladora. En 2025, el 43 % de los españoles declaraba confianza alta o moderada en el Gobierno central. La policía alcanzaba el 62 %, los tribunales el 50 %, la función pública el 45 % y los partidos políticos se quedaban en el 21 %. El ciudadano distingue: respeta más al servidor público que sostiene el país que a la estructura partidista que interpreta, reparte, justifica o resiste.
La población no rechaza la autoridad legítima; desconfía de su apropiación. El funcionario que atiende, el policía que protege, el juez que resuelve, el profesor que enseña o el sanitario que aguanta sostienen la continuidad diaria. La política pierde autoridad cuando convierte cada institución en pieza de defensa propia. El poder público deja entonces de parecer casa común y empieza a parecer territorio ocupado por turnos por quienes lo tratan como pertenencia.
La corrupción penal corresponde a los jueces. Exige pruebas, procedimiento, defensa y presunción de inocencia. Esa garantía civiliza el poder. La responsabilidad política pertenece a otro plano. Un investigado no es un condenado. Un cargo público, aun sin condena, puede dañar la institución que representa si la rodean contratos discutidos, intermediarios próximos, informes incómodos, explicaciones cambiantes o dimisiones tardías. La justicia determina si hubo delito. Se debe valorar si el cargo conserva autoridad para servir.
El apoyo político a ultranza agrava esa erosión. La lealtad a unas ideas es legítima; el blindaje automático del propio destruye la higiene democrática. El expediente se lee tarde y la defensa llega antes. Al denunciante se le atribuye mala fe. La investigación se presenta como persecución. La palabra fango funciona como detergente. La sospecha se tapa con disciplina de bloque. Así la ética depende del carné, la gravedad del color y la institución del cálculo.
Transparency International situaba a España en 2018 en el puesto 41 del Índice de Percepción de la Corrupción, con 58 puntos sobre 100. En 2025 aparece en el puesto 49 de 182 países, con 55 puntos. Tres puntos menos y ocho puestos de caída dibujan una tendencia que conviene tomar en serio. La reputación pública se pierde por acumulación: una reforma oportuna para el poder, un nombramiento discutible, una explicación insuficiente, un silencio conveniente, una salida que llega tarde.
El Consejo de Europa, mediante GRECO, no se ha limitado a formular advertencias vagas. En su quinta ronda de evaluación, dedicada a prevenir la corrupción en las altas funciones del Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad, El gobierno español recibió 19 recomendaciones. En el addendum publicado el 1 de agosto de 2025, GRECO concluye que ninguna ha sido aplicada satisfactoriamente: 16 figuran como parcialmente implementadas y 3 siguen sin aplicar. Entre los puntos pendientes aparecen asesores políticos, agendas, lobbies, puertas giratorias, declaraciones patrimoniales, Oficina de Conflictos de Intereses, aforamientos, designaciones y régimen disciplinario de Policía Nacional y Guardia Civil. Son estándares incompletos en zonas donde la autonomía ciudadana necesita garantías.
El Estado de derecho muestra señales de desgaste en piezas esenciales. World Justice Project sitúa a España en 2025 en el puesto 25 de 143 países. Freedom House concede 91 puntos sobre 100 en 2026. International IDEA nos mantiene en niveles altos, aunque detecta entre 2019 y 2024 un empeoramientos en tres ámbitos sensibles: percepción y control de la corrupción, independencia judicial y aplicación previsible de la ley. Esta última idea resulta decisiva. El ciudadano y la empresa deben saber a qué atenerse antes de invertir, contratar, construir, recurrir o defenderse, el derecho debe ser una garantía y empieza a convertirse en incertidumbre.
La prensa marca otra frontera de la libertad. Reporteros Sin Fronteras colocó a nuestro país en el puesto 23 de 180 en 2025 y la baja al 29 en 2026. Su diagnóstico cita polarización, presión partidista, confusión entre información y opinión, demandas abusivas y concentración mediática. Sin prensa libre, los abusos tardan más en conocerse. Con medios dependientes, el poder elige la pregunta que contesta, el periodista que acredita y la noticia que convierte en sospecha. La censura moderna rara vez necesita clausurar cabeceras; le basta con asfixiar, señalar o domesticar.
La economía acusa ese clima. El antiguo Doing Business dejó de publicarse y el Banco Mundial lo sustituyó por Business Ready, centrado en regulación, servicios públicos y eficiencia real. En España, el área peor situada es la localización empresarial, por brechas de integración digital en transferencias de propiedad, permisos de construcción y autorizaciones ambientales. El tejido productivo no tropieza por falta de talento. Lo hace por trámites, plazos, normas duplicadas, urbanismo lento, silencio administrativo y decisiones que cambian después de invertir.
El tamaño económico tampoco puede servir de consuelo. Seguimos siendo una de las grandes economías del mundo, lo que obliga a exigir más. En competitividad, el IMD World Competitiveness Ranking la situaba en el puesto 36 en 2018 y en torno al 39 en 2026. En innovación, el Global Innovation Index 2025 la coloca en el puesto 29 de 139 economías, uno menos que en la edición anterior, 28 entre países de renta alta y 18 en Europa. Son posiciones pobres para liderar.
La fiscalidad añade presión. Tax Foundation sitúa a España en el puesto 34 de 38 países de la OCDE en competitividad fiscal en 2025. Pesa la arquitectura impositiva: patrimonio, transmisiones, sucesiones, operaciones financieras, ahorro, vivienda, trabajo y consumo; cambios frecuentes; criterios territoriales distintos; inseguridad para familias y empresas. Un sistema tributario razonable recauda sin castigar la energía que crea riqueza. Uno mal diseñado convierte al contribuyente en experto defensivo.
Los fondos europeos debían corregir parte de esas debilidades. Según el Centro de Políticas Económicas de Esade, hasta marzo de 2026 se habían convocado 90.718 millones en transferencias europeas y adjudicado 63.403, con una brecha cercana a los 27.000 millones antes de agosto. CaixaBank Research añade que el gasto público efectivo financiado con NGEU entre 2021 y 2024 fue de 31.000 millones, por debajo de convocatorias y adjudicaciones. Anunciar, convocar, adjudicar, pagar y transformar son actos distintos. Desde el poder el mezclarlos luce más en un anuncio que en la productividad real.
Bruselas ha aprobado parcialmente el sexto desembolso, con 5.668 millones en transferencias y 1.051 millones en préstamos, minorando 537 millones por tres objetivos pendientes. Se han recibido alrededor de 61.000 millones en subvenciones y más de 17.000 en préstamos, mientras queda un último tramo superior a 25.000 millones. La contabilidad comunitaria impide afirmar alegremente que esos recursos se desvían a pensiones. El problema real resulta más serio: el gasto estructural estrecha las cuentas ordinarias y reduce la capacidad de convertir dinero extraordinario en inversión transformadora.
Las pensiones concentran la tensión de fondo. AIReF confirma que la regla de gasto se cumple formalmente y advierte que ese cumplimiento no garantiza sostenibilidad. En un escenario a políticas constantes, la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050 por envejecimiento. La aritmética es sobria: menos nacimientos, mayor esperanza de vida, salarios ajustados, carreras laborales fragmentadas y productividad débil exigen más cotizaciones, más transferencias, más deuda o promesas más honestas.
En ese contexto aparece la tentación de sumar población por vía administrativa. La regularización extraordinaria ha recibido cerca de 1,17 millones de solicitudes; 609.737 personas obtuvieron permiso temporal de trabajo durante la revisión y unas 160.000 habían accedido a empleo formal a 30 de junio. La Seguridad Social registró en mayo 3.359.548 afiliados extranjeros. Esos datos muestran actividad laboral real y aportación efectiva en muchos sectores. También exigen medir vivienda, escuela, sanidad, barrios, seguridad, lengua y cohesión.
Regularizar situaciones fuera de la legalidad puede tener sentido si permite cotización, control e integración. Convertir la excepción en costumbre altera el mensaje jurídico. El SEPE registró en mayo 213.606 beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo, el 12,66 % del total, con 222,7 millones de euros, el 11,5 % del gasto. Ese dato descarta la ingenuidad de tratar una decisión política masiva como si careciera de coste presupuestario o efecto social.
La llamada ley de nietos introduce otro elemento demográfico. Un total de 2,4 millones de descendientes ha solicitado la nacionalidad española; 544.722 la tienen aprobada y 306.000 figuran inscritos como españoles. La reparación histórica puede defenderse. La escala exige medir consecuencias censales, administrativas y políticas, especialmente cuando muchas altas se tramitan desde consulados. La nacionalidad incorpora derechos, deberes, comunidad y representación.
Cualquier nación necesita ordenar, no sumar por sumar. Un país equilibrado puede tener menos población y más futuro si cuenta con productividad, escuela exigente, vivienda accesible, seguridad jurídica y continuidad cultural. Quien llega puede conservar memoria, familia, acento, comidas, canciones o la camiseta del equipo de su infancia. Nadie sensato pide borrar una biografía. La convivencia exige respeto a la ley, lengua común, igualdad entre hombre y mujer, rechazo de guetos y lealtad pública al marco constitucional.
Una civilización se transmite mediante familia, escuela, costumbres, derecho, memoria y ejemplo. Convertirla en operación laboral, estadística o censal empobrece el debate. Los nacionalismos regionales que debilitan la idea de nación española deberían reparar en el búmeran. Sin cultura común, Estado fuerte y ley compartida, ninguna patria pequeña resistirá mejor las tensiones globales. Quedará más sola, más frágil y dependiente.
Un Estado pierde garantías cuando la responsabilidad se cambia por blindaje, la prensa libre por incomodidad, la fiscalidad por castigo, los fondos europeos por escaparate, las pensiones por promesa sin coste y la demografía por parche. Defender la libertad exige elevar los estándares, no rebajarlos. Cuentas claras, ceses cuando proceda, órganos independientes, fondos trazables, inmigración ordenada y escuela capaz de transmitir la casa común. Gobernar no consiste en ocupar el Estado; consiste en entregar un entorno más libre, más serio y mejor protegido que el recibido.
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Los deterioros grandes avanzan por aceptación. Un día se normaliza que un cargo resista cualquier sospecha. Otro, que una rueda de prensa sustituya a una explicación. Después se considera habitual que un medio sea señalado por preguntar, que una reforma nazca al servicio de una coyuntura o que la Administración tarde meses en resolver aquello que exige en diez días. La anomalía se instala y termina pareciendo gestión.
La OCDE ofrece una radiografía reveladora. En 2025, el 43 % de los españoles declaraba confianza alta o moderada en el Gobierno central. La policía alcanzaba el 62 %, los tribunales el 50 %, la función pública el 45 % y los partidos políticos se quedaban en el 21 %. El ciudadano distingue: respeta más al servidor público que sostiene el país que a la estructura partidista que interpreta, reparte, justifica o resiste.
La población no rechaza la autoridad legítima; desconfía de su apropiación. El funcionario que atiende, el policía que protege, el juez que resuelve, el profesor que enseña o el sanitario que aguanta sostienen la continuidad diaria. La política pierde autoridad cuando convierte cada institución en pieza de defensa propia. El poder público deja entonces de parecer casa común y empieza a parecer territorio ocupado por turnos por quienes lo tratan como pertenencia.
La corrupción penal corresponde a los jueces. Exige pruebas, procedimiento, defensa y presunción de inocencia. Esa garantía civiliza el poder. La responsabilidad política pertenece a otro plano. Un investigado no es un condenado. Un cargo público, aun sin condena, puede dañar la institución que representa si la rodean contratos discutidos, intermediarios próximos, informes incómodos, explicaciones cambiantes o dimisiones tardías. La justicia determina si hubo delito. Se debe valorar si el cargo conserva autoridad para servir.
El apoyo político a ultranza agrava esa erosión. La lealtad a unas ideas es legítima; el blindaje automático del propio destruye la higiene democrática. El expediente se lee tarde y la defensa llega antes. Al denunciante se le atribuye mala fe. La investigación se presenta como persecución. La palabra fango funciona como detergente. La sospecha se tapa con disciplina de bloque. Así la ética depende del carné, la gravedad del color y la institución del cálculo.
Transparency International situaba a España en 2018 en el puesto 41 del Índice de Percepción de la Corrupción, con 58 puntos sobre 100. En 2025 aparece en el puesto 49 de 182 países, con 55 puntos. Tres puntos menos y ocho puestos de caída dibujan una tendencia que conviene tomar en serio. La reputación pública se pierde por acumulación: una reforma oportuna para el poder, un nombramiento discutible, una explicación insuficiente, un silencio conveniente, una salida que llega tarde.
El Consejo de Europa, mediante GRECO, no se ha limitado a formular advertencias vagas. En su quinta ronda de evaluación, dedicada a prevenir la corrupción en las altas funciones del Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad, El gobierno español recibió 19 recomendaciones. En el addendum publicado el 1 de agosto de 2025, GRECO concluye que ninguna ha sido aplicada satisfactoriamente: 16 figuran como parcialmente implementadas y 3 siguen sin aplicar. Entre los puntos pendientes aparecen asesores políticos, agendas, lobbies, puertas giratorias, declaraciones patrimoniales, Oficina de Conflictos de Intereses, aforamientos, designaciones y régimen disciplinario de Policía Nacional y Guardia Civil. Son estándares incompletos en zonas donde la autonomía ciudadana necesita garantías.
El Estado de derecho muestra señales de desgaste en piezas esenciales. World Justice Project sitúa a España en 2025 en el puesto 25 de 143 países. Freedom House concede 91 puntos sobre 100 en 2026. International IDEA nos mantiene en niveles altos, aunque detecta entre 2019 y 2024 un empeoramientos en tres ámbitos sensibles: percepción y control de la corrupción, independencia judicial y aplicación previsible de la ley. Esta última idea resulta decisiva. El ciudadano y la empresa deben saber a qué atenerse antes de invertir, contratar, construir, recurrir o defenderse, el derecho debe ser una garantía y empieza a convertirse en incertidumbre.
La prensa marca otra frontera de la libertad. Reporteros Sin Fronteras colocó a nuestro país en el puesto 23 de 180 en 2025 y la baja al 29 en 2026. Su diagnóstico cita polarización, presión partidista, confusión entre información y opinión, demandas abusivas y concentración mediática. Sin prensa libre, los abusos tardan más en conocerse. Con medios dependientes, el poder elige la pregunta que contesta, el periodista que acredita y la noticia que convierte en sospecha. La censura moderna rara vez necesita clausurar cabeceras; le basta con asfixiar, señalar o domesticar.
La economía acusa ese clima. El antiguo Doing Business dejó de publicarse y el Banco Mundial lo sustituyó por Business Ready, centrado en regulación, servicios públicos y eficiencia real. En España, el área peor situada es la localización empresarial, por brechas de integración digital en transferencias de propiedad, permisos de construcción y autorizaciones ambientales. El tejido productivo no tropieza por falta de talento. Lo hace por trámites, plazos, normas duplicadas, urbanismo lento, silencio administrativo y decisiones que cambian después de invertir.
El tamaño económico tampoco puede servir de consuelo. Seguimos siendo una de las grandes economías del mundo, lo que obliga a exigir más. En competitividad, el IMD World Competitiveness Ranking la situaba en el puesto 36 en 2018 y en torno al 39 en 2026. En innovación, el Global Innovation Index 2025 la coloca en el puesto 29 de 139 economías, uno menos que en la edición anterior, 28 entre países de renta alta y 18 en Europa. Son posiciones pobres para liderar.
La fiscalidad añade presión. Tax Foundation sitúa a España en el puesto 34 de 38 países de la OCDE en competitividad fiscal en 2025. Pesa la arquitectura impositiva: patrimonio, transmisiones, sucesiones, operaciones financieras, ahorro, vivienda, trabajo y consumo; cambios frecuentes; criterios territoriales distintos; inseguridad para familias y empresas. Un sistema tributario razonable recauda sin castigar la energía que crea riqueza. Uno mal diseñado convierte al contribuyente en experto defensivo.
Los fondos europeos debían corregir parte de esas debilidades. Según el Centro de Políticas Económicas de Esade, hasta marzo de 2026 se habían convocado 90.718 millones en transferencias europeas y adjudicado 63.403, con una brecha cercana a los 27.000 millones antes de agosto. CaixaBank Research añade que el gasto público efectivo financiado con NGEU entre 2021 y 2024 fue de 31.000 millones, por debajo de convocatorias y adjudicaciones. Anunciar, convocar, adjudicar, pagar y transformar son actos distintos. Desde el poder el mezclarlos luce más en un anuncio que en la productividad real.
Bruselas ha aprobado parcialmente el sexto desembolso, con 5.668 millones en transferencias y 1.051 millones en préstamos, minorando 537 millones por tres objetivos pendientes. Se han recibido alrededor de 61.000 millones en subvenciones y más de 17.000 en préstamos, mientras queda un último tramo superior a 25.000 millones. La contabilidad comunitaria impide afirmar alegremente que esos recursos se desvían a pensiones. El problema real resulta más serio: el gasto estructural estrecha las cuentas ordinarias y reduce la capacidad de convertir dinero extraordinario en inversión transformadora.
Las pensiones concentran la tensión de fondo. AIReF confirma que la regla de gasto se cumple formalmente y advierte que ese cumplimiento no garantiza sostenibilidad. En un escenario a políticas constantes, la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050 por envejecimiento. La aritmética es sobria: menos nacimientos, mayor esperanza de vida, salarios ajustados, carreras laborales fragmentadas y productividad débil exigen más cotizaciones, más transferencias, más deuda o promesas más honestas.
En ese contexto aparece la tentación de sumar población por vía administrativa. La regularización extraordinaria ha recibido cerca de 1,17 millones de solicitudes; 609.737 personas obtuvieron permiso temporal de trabajo durante la revisión y unas 160.000 habían accedido a empleo formal a 30 de junio. La Seguridad Social registró en mayo 3.359.548 afiliados extranjeros. Esos datos muestran actividad laboral real y aportación efectiva en muchos sectores. También exigen medir vivienda, escuela, sanidad, barrios, seguridad, lengua y cohesión.
Regularizar situaciones fuera de la legalidad puede tener sentido si permite cotización, control e integración. Convertir la excepción en costumbre altera el mensaje jurídico. El SEPE registró en mayo 213.606 beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo, el 12,66 % del total, con 222,7 millones de euros, el 11,5 % del gasto. Ese dato descarta la ingenuidad de tratar una decisión política masiva como si careciera de coste presupuestario o efecto social.
La llamada ley de nietos introduce otro elemento demográfico. Un total de 2,4 millones de descendientes ha solicitado la nacionalidad española; 544.722 la tienen aprobada y 306.000 figuran inscritos como españoles. La reparación histórica puede defenderse. La escala exige medir consecuencias censales, administrativas y políticas, especialmente cuando muchas altas se tramitan desde consulados. La nacionalidad incorpora derechos, deberes, comunidad y representación.
Cualquier nación necesita ordenar, no sumar por sumar. Un país equilibrado puede tener menos población y más futuro si cuenta con productividad, escuela exigente, vivienda accesible, seguridad jurídica y continuidad cultural. Quien llega puede conservar memoria, familia, acento, comidas, canciones o la camiseta del equipo de su infancia. Nadie sensato pide borrar una biografía. La convivencia exige respeto a la ley, lengua común, igualdad entre hombre y mujer, rechazo de guetos y lealtad pública al marco constitucional.
Una civilización se transmite mediante familia, escuela, costumbres, derecho, memoria y ejemplo. Convertirla en operación laboral, estadística o censal empobrece el debate. Los nacionalismos regionales que debilitan la idea de nación española deberían reparar en el búmeran. Sin cultura común, Estado fuerte y ley compartida, ninguna patria pequeña resistirá mejor las tensiones globales. Quedará más sola, más frágil y dependiente.
Un Estado pierde garantías cuando la responsabilidad se cambia por blindaje, la prensa libre por incomodidad, la fiscalidad por castigo, los fondos europeos por escaparate, las pensiones por promesa sin coste y la demografía por parche. Defender la libertad exige elevar los estándares, no rebajarlos. Cuentas claras, ceses cuando proceda, órganos independientes, fondos trazables, inmigración ordenada y escuela capaz de transmitir la casa común. Gobernar no consiste en ocupar el Estado; consiste en entregar un entorno más libre, más serio y mejor protegido que el recibido.
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