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J. A. SÁEZ CALVO
La factura que no cabe en el escaparate del crecimiento
Si un comité serio examinara España: un economista, un fiscalista, un laboralista, un jurista, un empresario, un urbanista y un diplomático; quizá empezaría con una frase poco cómoda: el país conserva apariencia de solvencia, pero pierde orden por dentro. No hace falta negar sus activos: infraestructuras, turismo, Unión Europea, posición geográfica y empresas internacionalizadas. Precisamente por eso conviene mirar la trastienda: deuda pública por encima del 100 % del PIB, más de medio billón adicional desde 2018, presión fiscal creciente, paro que exige leer más allá del titular, pobreza infantil, vivienda inalcanzable, inseguridad jurídica, presupuestos prorrogados, tensión institucional y política exterior con costes.
El crecimiento puede aceptarse y, aun así, discutirse su calidad. El INE confirmó un avance del 0,6 % en el primer trimestre de 2026 y del 2,7 % interanual. El dato existe, pero no valida al modelo. La pregunta es de qué está hecho: consumo, gasto público, turismo, inflación pasada, fondos europeos, entrada de población y recaudación cada vez mayor. Un país puede aumentar el PIB y perder músculo. Puede crecer en la estadística y estrechar la vida cotidiana. Puede enseñar buenos gráficos mientras deteriora ahorro, vivienda, productividad, natalidad y confianza.
Las guías de comercio exterior están escritas para orientar a empresas que quieren invertir, vender o protegerse. La “International Trade Administration” de Estados Unidos ve en nuestra nación un mercado atractivo, pero señala deuda elevada, coste de pensiones, dificultad de acceso a vivienda y productividad estancada. En sus advertencias aparecen incertidumbre política, bloqueo parlamentario, complejidad territorial, carga regulatoria y retrasos en pagos públicos. Reino Unido añade otra preocupación: velocidad y previsibilidad judicial, exceso normativo y también incertidumbre. Traducido: España interesa, pero exige cautela.
La deuda pública sería el primer asunto sobre la mesa. El Banco de España la situaba en el 97,2 % del PIB al cierre de 2018. En marzo de 2026 la coloca en el 101,6 % y en 1,740 billones de euros. Es decir, 566.000 millones de euros más que al cierre de 2018. No son números de una hoja contable: son impuestos futuros, menos margen ante crisis y más dependencia de los tipos. Decir que baja la ratio mientras sube el saldo es mirar el termómetro por el lado que conviene.
Después vendría la fiscalidad. España recauda y aprieta más. El Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones entre 2018 y 2026, incluyendo subidas explícitas, IRPF sin deflactar y revisiones catastrales. Se podrá discutir el enfoque liberal del informe, pero no su fondo: el aparato institucional ha encontrado en la inflación, las cotizaciones y la ingeniería tributaria una forma eficaz de quedarse con más esfuerzo de familias, autónomos y empresas. La cuestión no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe. Si se pagan más impuestos, se sostiene más deuda, se encarece la vivienda y no mejora la productividad, el ciudadano no vive una expansión: vive una extracción.
El plano laboral tampoco permite triunfalismos. La EPA del primer trimestre de 2026 registra 2.708.600 parados y una tasa del 10,83 %. Es un mal dato para un país que presume de pleno éxito económico. Además, la discusión honesta no puede quedarse en el paro registrado, porque esa estadística administrativa no equivale al desempleo real y excluye determinados demandantes según la metodología del SEPE: ocupados que buscan otro empleo, quienes solicitan trabajos muy breves o de menos de veinte horas, determinados estudiantes, personas sin disponibilidad inmediata y otros supuestos. Tampoco puede tratarse con ligereza a los fijos discontinuos. Su expansión obliga a mirar intermitencia, periodos de inactividad, discontinuidad de ingresos y calidad real del empleo. Una economía sana no se mide solo por estar afiliado, que es una situación administrativa; se mide por continuidad, renta, productividad y proyecto vital.
El cuarto dato es social. Eurostat situó en 2024 a España entre los integrantes de la Unión Europea con mayor porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social: 34,6 %, solo por detrás de Bulgaria. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa la tasa AROPE general en el 25,7 %. Una economía que presume mientras uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza tiene un problema moral y productivo de primer orden. Esta fractura social no es una estadística blanda: es peor salud y escuela, menor capital humano, más dependencia y menos futuro.
La vivienda completa el cuadro. El Banco de España ha elevado el déficit habitacional acumulado a unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 y pide tratarlo como una emergencia nacional. Se crean más hogares de los que se construyen viviendas, y el resultado se ve en alquileres, hipotecas, natalidad aplazada, jóvenes bloqueados y movilidad laboral imposible. Un entorno que no permite formar hogar no prospera; expulsa futuro hacia la habitación familiar, la precariedad o la marcha. Para corregirlo no bastan eslóganes: hacen falta suelo, seguridad jurídica, menos carga fiscal, licencias ágiles y oferta real.
La quinta conclusión es político-presupuestaria. Vivimos con Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, aprobados para otra coyuntura económica y política. La AIReF ha advertido de que las prórrogas prolongadas perjudican la planificación y retrasan decisiones estructurales. Un presupuesto no es una hoja contable: expresa prioridades, límites y control parlamentario. Gobernar varios ejercicios con prórrogas, decretos y parches transmite una señal mala: se quiere gastar, pero no se logra ordenar. Y un país con deuda superior al 100 % del PIB no demuestra estabilidad por seguir funcionando; administra inercia y desfase respecto al panorama global. El sexto frente es jurídico e institucional. La inseguridad jurídica no aparece de repente, se instala por acumulación: regulación cambiante, anuncios fiscales que se atascan, intervención en sectores estratégicos, lentitud judicial e impresión de que la norma se acomoda al equilibrio parlamentario. A ello se añade una deriva más honda: la ocupación de espacios institucionales por la lógica del poder, cuando órganos, reguladores, empresas públicas y resortes del Estado dejan de percibirse como garantías neutrales. El problema no es solo si una medida prospera. Es que inversores y ciudadanos aprenden que la Administración puede anunciar medidas maximalistas antes de tener seguridad normativa, como los cerca de 30 laudos arbitrales vinculados al recorte de las primas renovables. Y eso tiene coste.
La entrada del poder público en empresas como Telefónica a través de SEPI merece una lectura. Defender sectores estratégicos puede ser legítimo; telecomunicaciones, datos y ciberseguridad no son negocios cualquiera. Pero la compra del 10 % por unos 2.300 millones, como respuesta a la entrada saudí, y las dudas sobre interferencia del poder público dibujan una tendencia delicada: el regreso de un capitalismo de Estado no siempre explicado con reglas claras. La antigua acción de oro puede no existir formalmente; pero puede reaparecer por otros caminos si el sector público usa participaciones, consejos y empresas públicas para condicionar decisiones privadas. La soberanía económica necesita instituciones fuertes e independientes.
Hay, además, una cuestión demográfica que conviene tratar. Se necesita una inmigración legal, integrada y compatible con la capacidad de vivienda, servicios, escuela y empleo. Y no debe convertirse en sustituto de la natalidad, de la productividad o de una posición económica seria. Tampoco se puede jugar con el censo, ni tratar la política migratoria como un recurso de aritmética parlamentaria o de ingeniería social. Una civilización no se gestiona como una bolsa de mano de obra ni como una columna electoral. Acoger requiere ordenar; integrar demanda exigir; gobernar demanda pensar más allá de la siguiente votación.
La política exterior añade presión. Las relaciones con Estados Unidos han sufrido tensiones, entre otras, por gasto en defensa, posición ante Irán, uso de las bases y aproximación a China. Reuters ha recogido amenazas arancelarias de Donald Trump contra España por el gasto militar y advertencias estadounidenses sobre los vínculos con Pekín. Puede gustar más o menos Washington, pero no se puede confundir gesto ideológico con estrategia. Un país endeudado, sin presupuestos nuevos, con dependencia tecnológica no debería abrir frentes con su principal aliado atlántico sin medir muy bien el coste.
Y queda la corrupción o, mejor dicho, la confianza. Conviene ser justo y duro a la vez. La presunción de inocencia no es una cortesía, sino una garantía esencial. Pero la responsabilidad política no funciona con el mismo reloj que la responsabilidad penal. En muchas democracias de nuestro entorno, la dimisión no es una confesión de culpabilidad; es una herramienta de higiene pública, un cortafuegos para proteger la institución mientras los jueces hacen su trabajo. España, en cambio, parece haber normalizado que todo se resista hasta la última sentencia firme, como si la confianza de un país pudiera esperar años en un pasillo judicial. Cuando se acumulan investigaciones, cargos señalados, contratos cuestionados y titulares internacionales, el daño reputacional existe. La ciudadanía madura no solo pregunta “¿es delito?”; pregunta también “¿puede seguir representando al Estado?”.
El comité cerraría con una advertencia: El ciudadano no necesita más relatos sedantes. Necesita presupuestos, cuentas claras, menos maquillaje estadístico, transparencia laboral, vivienda real, seguridad jurídica, productividad, educación exigente y una fiscalidad que no castigue el trabajo y el ahorro. Necesita distinguir crecimiento de prosperidad, empleo estable de ocupación intermitente, recaudación de riqueza y Estado de aparato de partido.
España se encarece, se endeuda y se desordena. Un país no se deteriora solo cuando quiebra. También lo hace cuando sus ciudadanos dejan de creer que el esfuerzo mejora su vida. Ese es el riesgo español: no el colapso inmediato, sino la normalización de una decadencia administrada con buenos gráficos.
Si un comité serio examinara España: un economista, un fiscalista, un laboralista, un jurista, un empresario, un urbanista y un diplomático; quizá empezaría con una frase poco cómoda: el país conserva apariencia de solvencia, pero pierde orden por dentro. No hace falta negar sus activos: infraestructuras, turismo, Unión Europea, posición geográfica y empresas internacionalizadas. Precisamente por eso conviene mirar la trastienda: deuda pública por encima del 100 % del PIB, más de medio billón adicional desde 2018, presión fiscal creciente, paro que exige leer más allá del titular, pobreza infantil, vivienda inalcanzable, inseguridad jurídica, presupuestos prorrogados, tensión institucional y política exterior con costes.
El crecimiento puede aceptarse y, aun así, discutirse su calidad. El INE confirmó un avance del 0,6 % en el primer trimestre de 2026 y del 2,7 % interanual. El dato existe, pero no valida al modelo. La pregunta es de qué está hecho: consumo, gasto público, turismo, inflación pasada, fondos europeos, entrada de población y recaudación cada vez mayor. Un país puede aumentar el PIB y perder músculo. Puede crecer en la estadística y estrechar la vida cotidiana. Puede enseñar buenos gráficos mientras deteriora ahorro, vivienda, productividad, natalidad y confianza.
Las guías de comercio exterior están escritas para orientar a empresas que quieren invertir, vender o protegerse. La “International Trade Administration” de Estados Unidos ve en nuestra nación un mercado atractivo, pero señala deuda elevada, coste de pensiones, dificultad de acceso a vivienda y productividad estancada. En sus advertencias aparecen incertidumbre política, bloqueo parlamentario, complejidad territorial, carga regulatoria y retrasos en pagos públicos. Reino Unido añade otra preocupación: velocidad y previsibilidad judicial, exceso normativo y también incertidumbre. Traducido: España interesa, pero exige cautela.
La deuda pública sería el primer asunto sobre la mesa. El Banco de España la situaba en el 97,2 % del PIB al cierre de 2018. En marzo de 2026 la coloca en el 101,6 % y en 1,740 billones de euros. Es decir, 566.000 millones de euros más que al cierre de 2018. No son números de una hoja contable: son impuestos futuros, menos margen ante crisis y más dependencia de los tipos. Decir que baja la ratio mientras sube el saldo es mirar el termómetro por el lado que conviene.
Después vendría la fiscalidad. España recauda y aprieta más. El Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones entre 2018 y 2026, incluyendo subidas explícitas, IRPF sin deflactar y revisiones catastrales. Se podrá discutir el enfoque liberal del informe, pero no su fondo: el aparato institucional ha encontrado en la inflación, las cotizaciones y la ingeniería tributaria una forma eficaz de quedarse con más esfuerzo de familias, autónomos y empresas. La cuestión no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe. Si se pagan más impuestos, se sostiene más deuda, se encarece la vivienda y no mejora la productividad, el ciudadano no vive una expansión: vive una extracción.
El plano laboral tampoco permite triunfalismos. La EPA del primer trimestre de 2026 registra 2.708.600 parados y una tasa del 10,83 %. Es un mal dato para un país que presume de pleno éxito económico. Además, la discusión honesta no puede quedarse en el paro registrado, porque esa estadística administrativa no equivale al desempleo real y excluye determinados demandantes según la metodología del SEPE: ocupados que buscan otro empleo, quienes solicitan trabajos muy breves o de menos de veinte horas, determinados estudiantes, personas sin disponibilidad inmediata y otros supuestos. Tampoco puede tratarse con ligereza a los fijos discontinuos. Su expansión obliga a mirar intermitencia, periodos de inactividad, discontinuidad de ingresos y calidad real del empleo. Una economía sana no se mide solo por estar afiliado, que es una situación administrativa; se mide por continuidad, renta, productividad y proyecto vital.
El cuarto dato es social. Eurostat situó en 2024 a España entre los integrantes de la Unión Europea con mayor porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social: 34,6 %, solo por detrás de Bulgaria. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa la tasa AROPE general en el 25,7 %. Una economía que presume mientras uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza tiene un problema moral y productivo de primer orden. Esta fractura social no es una estadística blanda: es peor salud y escuela, menor capital humano, más dependencia y menos futuro.
La vivienda completa el cuadro. El Banco de España ha elevado el déficit habitacional acumulado a unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 y pide tratarlo como una emergencia nacional. Se crean más hogares de los que se construyen viviendas, y el resultado se ve en alquileres, hipotecas, natalidad aplazada, jóvenes bloqueados y movilidad laboral imposible. Un entorno que no permite formar hogar no prospera; expulsa futuro hacia la habitación familiar, la precariedad o la marcha. Para corregirlo no bastan eslóganes: hacen falta suelo, seguridad jurídica, menos carga fiscal, licencias ágiles y oferta real.
La quinta conclusión es político-presupuestaria. Vivimos con Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, aprobados para otra coyuntura económica y política. La AIReF ha advertido de que las prórrogas prolongadas perjudican la planificación y retrasan decisiones estructurales. Un presupuesto no es una hoja contable: expresa prioridades, límites y control parlamentario. Gobernar varios ejercicios con prórrogas, decretos y parches transmite una señal mala: se quiere gastar, pero no se logra ordenar. Y un país con deuda superior al 100 % del PIB no demuestra estabilidad por seguir funcionando; administra inercia y desfase respecto al panorama global. El sexto frente es jurídico e institucional. La inseguridad jurídica no aparece de repente, se instala por acumulación: regulación cambiante, anuncios fiscales que se atascan, intervención en sectores estratégicos, lentitud judicial e impresión de que la norma se acomoda al equilibrio parlamentario. A ello se añade una deriva más honda: la ocupación de espacios institucionales por la lógica del poder, cuando órganos, reguladores, empresas públicas y resortes del Estado dejan de percibirse como garantías neutrales. El problema no es solo si una medida prospera. Es que inversores y ciudadanos aprenden que la Administración puede anunciar medidas maximalistas antes de tener seguridad normativa, como los cerca de 30 laudos arbitrales vinculados al recorte de las primas renovables. Y eso tiene coste.
La entrada del poder público en empresas como Telefónica a través de SEPI merece una lectura. Defender sectores estratégicos puede ser legítimo; telecomunicaciones, datos y ciberseguridad no son negocios cualquiera. Pero la compra del 10 % por unos 2.300 millones, como respuesta a la entrada saudí, y las dudas sobre interferencia del poder público dibujan una tendencia delicada: el regreso de un capitalismo de Estado no siempre explicado con reglas claras. La antigua acción de oro puede no existir formalmente; pero puede reaparecer por otros caminos si el sector público usa participaciones, consejos y empresas públicas para condicionar decisiones privadas. La soberanía económica necesita instituciones fuertes e independientes.
Hay, además, una cuestión demográfica que conviene tratar. Se necesita una inmigración legal, integrada y compatible con la capacidad de vivienda, servicios, escuela y empleo. Y no debe convertirse en sustituto de la natalidad, de la productividad o de una posición económica seria. Tampoco se puede jugar con el censo, ni tratar la política migratoria como un recurso de aritmética parlamentaria o de ingeniería social. Una civilización no se gestiona como una bolsa de mano de obra ni como una columna electoral. Acoger requiere ordenar; integrar demanda exigir; gobernar demanda pensar más allá de la siguiente votación.
La política exterior añade presión. Las relaciones con Estados Unidos han sufrido tensiones, entre otras, por gasto en defensa, posición ante Irán, uso de las bases y aproximación a China. Reuters ha recogido amenazas arancelarias de Donald Trump contra España por el gasto militar y advertencias estadounidenses sobre los vínculos con Pekín. Puede gustar más o menos Washington, pero no se puede confundir gesto ideológico con estrategia. Un país endeudado, sin presupuestos nuevos, con dependencia tecnológica no debería abrir frentes con su principal aliado atlántico sin medir muy bien el coste.
Y queda la corrupción o, mejor dicho, la confianza. Conviene ser justo y duro a la vez. La presunción de inocencia no es una cortesía, sino una garantía esencial. Pero la responsabilidad política no funciona con el mismo reloj que la responsabilidad penal. En muchas democracias de nuestro entorno, la dimisión no es una confesión de culpabilidad; es una herramienta de higiene pública, un cortafuegos para proteger la institución mientras los jueces hacen su trabajo. España, en cambio, parece haber normalizado que todo se resista hasta la última sentencia firme, como si la confianza de un país pudiera esperar años en un pasillo judicial. Cuando se acumulan investigaciones, cargos señalados, contratos cuestionados y titulares internacionales, el daño reputacional existe. La ciudadanía madura no solo pregunta “¿es delito?”; pregunta también “¿puede seguir representando al Estado?”.
El comité cerraría con una advertencia: El ciudadano no necesita más relatos sedantes. Necesita presupuestos, cuentas claras, menos maquillaje estadístico, transparencia laboral, vivienda real, seguridad jurídica, productividad, educación exigente y una fiscalidad que no castigue el trabajo y el ahorro. Necesita distinguir crecimiento de prosperidad, empleo estable de ocupación intermitente, recaudación de riqueza y Estado de aparato de partido.
España se encarece, se endeuda y se desordena. Un país no se deteriora solo cuando quiebra. También lo hace cuando sus ciudadanos dejan de creer que el esfuerzo mejora su vida. Ese es el riesgo español: no el colapso inmediato, sino la normalización de una decadencia administrada con buenos gráficos.
