ALMERÍA HOY / 21·07·2026
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido con los alcaldes de Bédar, Los Gallardos, Antas y Lubrín, municipios de Almería tras sufrir un incendio forestal que ha afectado a más de 7.000 hectáreas desde el pasado 9 de julio. Tras el encuentro, el delegado visitó la zona afectada de El Marchal, en Lubrín, para conocer de primera mano el impacto del fuego y coordinar los trabajos de recuperación.
Durante la reunión, Fernández subrayó que el Gobierno de España estuvo presente desde el inicio de la emergencia aportando los recursos solicitados para la extinción y la protección de los vecinos. En la fase actual, el Ejecutivo financiará los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos, cubrirá la reparación de las infraestructuras e instalaciones públicas dañadas y financiará el 50% de las actuaciones de restauración ambiental y reforestación. La Subdelegación del Gobierno en Almería ya asesora a los equipos locales para elaborar los informes de valoración de daños, los cuales deben presentarse en un plazo máximo de un mes.
En cuanto a la tramitación de la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, el delegado confía en que el Consejo de Ministros la apruebe con la mayor brevedad posible. Aunque la gestión del monte y del medio natural corresponde a la administración autonómica, la aportación estatal del 50% busca agilizar los trabajos de recuperación y reforzar la resiliencia de la zona frente a futuros incendios. Fernández insistió en la necesidad de unir esfuerzos entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno central para garantizar que los apoyos lleguen rápidamente a estos municipios.
En el despliegue estatal para sofocar las llamas participaron 981 efectivos, incluyendo 628 agentes de la Guardia Civil, 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 72 de las brigadas de refuerzo del Ministerio para la Transición Ecológica, 34 de Protección Civil y 61 de la Policía Nacional, respaldados por medios aéreos y terrestres.
Durante la reunión, Fernández subrayó que el Gobierno de España estuvo presente desde el inicio de la emergencia aportando los recursos solicitados para la extinción y la protección de los vecinos. En la fase actual, el Ejecutivo financiará los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos, cubrirá la reparación de las infraestructuras e instalaciones públicas dañadas y financiará el 50% de las actuaciones de restauración ambiental y reforestación. La Subdelegación del Gobierno en Almería ya asesora a los equipos locales para elaborar los informes de valoración de daños, los cuales deben presentarse en un plazo máximo de un mes.
En cuanto a la tramitación de la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, el delegado confía en que el Consejo de Ministros la apruebe con la mayor brevedad posible. Aunque la gestión del monte y del medio natural corresponde a la administración autonómica, la aportación estatal del 50% busca agilizar los trabajos de recuperación y reforzar la resiliencia de la zona frente a futuros incendios. Fernández insistió en la necesidad de unir esfuerzos entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno central para garantizar que los apoyos lleguen rápidamente a estos municipios.
En el despliegue estatal para sofocar las llamas participaron 981 efectivos, incluyendo 628 agentes de la Guardia Civil, 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 72 de las brigadas de refuerzo del Ministerio para la Transición Ecológica, 34 de Protección Civil y 61 de la Policía Nacional, respaldados por medios aéreos y terrestres.
