ALMERÍA HOY / 15·06·2026
La formación política Sumar ha denunciado públicamente la existencia de graves obstáculos administrativos en el municipio de Níjar, Almería, que impiden el empadronamiento de miles de personas inmigrantes. Según la organización, el Ayuntamiento incurre en una contradicción insostenible al beneficiarse de la mano de obra que sostiene los invernaderos y la economía local, mientras les niega el acceso a un derecho administrativo básico.
A través de un análisis del informe "Vivir sin existir. Barreras de acceso al padrón en el municipio de Níjar", elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, el coordinador provincial de Movimiento Sumar en Almería, José Francisco Cano de la Vega, ha expuesto una realidad que califica de preocupante. El estudio examina los expedientes de empadronamiento tramitados entre 2023 y 2025 para mostrar un supuesto bloqueo institucional.
Un cincuenta por ciento de solicitudes denegadas
Los datos recopilados en el informe muestran que, de 417 expedientes analizados minuciosamente, la mitad concluyó con una resolución denegatoria. Asimismo, un diez por ciento de las solicitudes quedó sin resolver dentro de los plazos que establece la ley.
Desde la formación señalan que el Consistorio exige requisitos adicionales no contemplados en la normativa estatal. También critica la realización de inspecciones domiciliarias rigurosas que dificultan la acreditación de la residencia efectiva, generando retrasos y una situación de indefensión para los solicitantes.
Sumar recuerda que el padrón no constituye una concesión graciable de los ayuntamientos, sino un registro regulado por la Ley de Bases de Régimen Local y por las instrucciones técnicas del Instituto Nacional de Estadística. La legislación vigente determina que toda persona que resida habitualmente en un municipio tiene el derecho y la obligación de inscribirse, con independencia de su nacionalidad, su situación administrativa o las características de su vivienda.
Consecuencias de la exclusión del padrón
La Federación Española de Municipios y Provincias refrenda este criterio al estipular que las personas que habitan en asentamientos, infraviviendas o alojamientos precarios deben ser registradas si se acredita su residencia efectiva. El padrón no certifica la legalidad urbanística del inmueble ni la regularidad administrativa del ocupante; su función se limita a reflejar la población real de un territorio.
La falta de inscripción censal acarrea consecuencias graves que exceden lo burocrático, puesto que dificulta el acceso a los siguientes servicios fundamentales: Atención sanitaria y cobertura médica; servicios sociales y ayudas institucionales; escolarización de menores y programas de formación y procedimientos de regularización administrativa previstos por la ley española.
Críticas a la gestión del Partido Popular y VOX
La organización política califica la situación de cinismo político y acusa directamente la gestión del Partido Popular y VOX en el municipio. Censura que la administración local presuma de liderazgo agrícola, exportaciones récord y capacidad productiva en Europa, pero muestre falta de voluntad para reconocer administrativamente a los trabajadores que hacen posible dicho éxito.
Sumar advierte de que Níjar no puede cimentar su prosperidad sobre una ciudadanía de segunda categoría. Para la formación, una economía moderna y socialmente responsable exige el respeto escrupuloso de los derechos de todos sus habitantes. Quienes sostienen la principal fuente de riqueza del municipio precisan seguridad jurídica y acceso efectivo a la legalidad, concluyendo que ninguna sociedad democrática puede tolerar la existencia de trabajadores imprescindibles para el mercado pero invisibles para las instituciones.
A través de un análisis del informe "Vivir sin existir. Barreras de acceso al padrón en el municipio de Níjar", elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes, el coordinador provincial de Movimiento Sumar en Almería, José Francisco Cano de la Vega, ha expuesto una realidad que califica de preocupante. El estudio examina los expedientes de empadronamiento tramitados entre 2023 y 2025 para mostrar un supuesto bloqueo institucional.
Un cincuenta por ciento de solicitudes denegadas
Los datos recopilados en el informe muestran que, de 417 expedientes analizados minuciosamente, la mitad concluyó con una resolución denegatoria. Asimismo, un diez por ciento de las solicitudes quedó sin resolver dentro de los plazos que establece la ley.
Desde la formación señalan que el Consistorio exige requisitos adicionales no contemplados en la normativa estatal. También critica la realización de inspecciones domiciliarias rigurosas que dificultan la acreditación de la residencia efectiva, generando retrasos y una situación de indefensión para los solicitantes.
Sumar recuerda que el padrón no constituye una concesión graciable de los ayuntamientos, sino un registro regulado por la Ley de Bases de Régimen Local y por las instrucciones técnicas del Instituto Nacional de Estadística. La legislación vigente determina que toda persona que resida habitualmente en un municipio tiene el derecho y la obligación de inscribirse, con independencia de su nacionalidad, su situación administrativa o las características de su vivienda.
Consecuencias de la exclusión del padrón
La Federación Española de Municipios y Provincias refrenda este criterio al estipular que las personas que habitan en asentamientos, infraviviendas o alojamientos precarios deben ser registradas si se acredita su residencia efectiva. El padrón no certifica la legalidad urbanística del inmueble ni la regularidad administrativa del ocupante; su función se limita a reflejar la población real de un territorio.
La falta de inscripción censal acarrea consecuencias graves que exceden lo burocrático, puesto que dificulta el acceso a los siguientes servicios fundamentales: Atención sanitaria y cobertura médica; servicios sociales y ayudas institucionales; escolarización de menores y programas de formación y procedimientos de regularización administrativa previstos por la ley española.
Críticas a la gestión del Partido Popular y VOX
La organización política califica la situación de cinismo político y acusa directamente la gestión del Partido Popular y VOX en el municipio. Censura que la administración local presuma de liderazgo agrícola, exportaciones récord y capacidad productiva en Europa, pero muestre falta de voluntad para reconocer administrativamente a los trabajadores que hacen posible dicho éxito.
Sumar advierte de que Níjar no puede cimentar su prosperidad sobre una ciudadanía de segunda categoría. Para la formación, una economía moderna y socialmente responsable exige el respeto escrupuloso de los derechos de todos sus habitantes. Quienes sostienen la principal fuente de riqueza del municipio precisan seguridad jurídica y acceso efectivo a la legalidad, concluyendo que ninguna sociedad democrática puede tolerar la existencia de trabajadores imprescindibles para el mercado pero invisibles para las instituciones.
