ALMERÍA HOY / 16·06·2026
Los presidentes de los nuevos Tribunales de Instancia de Andalucía (Fase III), entre los que se incluyen los máximos responsables de los órganos judiciales de la provincia de Almería y del partido judicial de El Ejido, han emitido un duro comunicado conjunto en el que rebaten de forma enérgica el optimismo del Ministerio de Justicia respecto a la digitalización judicial. Frente a la postura oficial del Gobierno central, plasmada en la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la judicatura andaluza denuncia un colapso operativo diario provocado por los fallos del sistema informático de gestión procesal.
El detonante del conflicto se encuentra en la propia exposición de motivos de la mencionada reforma legal. El texto legislativo asegura que las sedes judiciales españolas disponen actualmente de herramientas tecnológicas muy desarrolladas que han facilitado una transición modélica desde los expedientes en papel hacia el expediente judicial electrónico.
La respuesta de los representantes judiciales de la comunidad autónoma ha sido contundente al calificar de irreal dicha aseveración. Los magistrados afirman que resulta imposible desarrollar su labor jurisdiccional en unas condiciones mínimas de eficiencia cuando la herramienta informática principal de la que dependen carece de la estabilidad necesaria.
El foco de las protestas se centra de manera directa en el sistema procesal @driano, la plataforma autonómica empleada en todas las sedes judiciales andaluzas, afectando plenamente al día a día de los juzgados almerienses. Según relatan los jueces en su escrito, las caídas del sistema son constantes, una situación que paraliza el trabajo en las oficinas de los tribunales y dilata la resolución de los procedimientos de los ciudadanos.
A esta problemática tecnológica se suma la ineficacia del soporte técnico. El comunicado subraya la frustración de los profesionales de la justicia ante la imposibilidad de que el Centro de Atención al Usuario (CAU) ofrezca respuestas ágiles o soluciones definitivas cuando el programa informático deja de funcionar. Las quejas por el deficiente rendimiento de esta plataforma han sido trasladadas a la administración competente en reiteradas ocasiones, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas correctoras visibles.
Ante la gravedad de la situación, el colectivo de presidentes de los Tribunales de Instancia ha dirigido una exigencia expresa a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, órgano responsable de la gestión de los medios materiales de los juzgados en el territorio. Los jueces instan a la administración autonómica a asumir sus responsabilidades y a implantar de manera urgente las reformas técnicas que garanticen un entorno digital operativo. Los magistrados concluyen advirtiendo de que la modernización de la Administración de Justicia del siglo XXI no puede avanzar si se priva a los tribunales de las herramientas básicas indispensables para ofrecer al ciudadano el servicio público que merece.
El detonante del conflicto se encuentra en la propia exposición de motivos de la mencionada reforma legal. El texto legislativo asegura que las sedes judiciales españolas disponen actualmente de herramientas tecnológicas muy desarrolladas que han facilitado una transición modélica desde los expedientes en papel hacia el expediente judicial electrónico.
La respuesta de los representantes judiciales de la comunidad autónoma ha sido contundente al calificar de irreal dicha aseveración. Los magistrados afirman que resulta imposible desarrollar su labor jurisdiccional en unas condiciones mínimas de eficiencia cuando la herramienta informática principal de la que dependen carece de la estabilidad necesaria.
El foco de las protestas se centra de manera directa en el sistema procesal @driano, la plataforma autonómica empleada en todas las sedes judiciales andaluzas, afectando plenamente al día a día de los juzgados almerienses. Según relatan los jueces en su escrito, las caídas del sistema son constantes, una situación que paraliza el trabajo en las oficinas de los tribunales y dilata la resolución de los procedimientos de los ciudadanos.
A esta problemática tecnológica se suma la ineficacia del soporte técnico. El comunicado subraya la frustración de los profesionales de la justicia ante la imposibilidad de que el Centro de Atención al Usuario (CAU) ofrezca respuestas ágiles o soluciones definitivas cuando el programa informático deja de funcionar. Las quejas por el deficiente rendimiento de esta plataforma han sido trasladadas a la administración competente en reiteradas ocasiones, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas correctoras visibles.
Ante la gravedad de la situación, el colectivo de presidentes de los Tribunales de Instancia ha dirigido una exigencia expresa a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, órgano responsable de la gestión de los medios materiales de los juzgados en el territorio. Los jueces instan a la administración autonómica a asumir sus responsabilidades y a implantar de manera urgente las reformas técnicas que garanticen un entorno digital operativo. Los magistrados concluyen advirtiendo de que la modernización de la Administración de Justicia del siglo XXI no puede avanzar si se priva a los tribunales de las herramientas básicas indispensables para ofrecer al ciudadano el servicio público que merece.
