ALMERÍA HOY / 17·06·2026
El Ejecutivo autonómico modificará su hoja de ruta jurídica y solicitará al Alto Tribunal andaluz que decrete de manera subsidiaria la nulidad de la licencia de obras del polémico complejo hotelero. Este giro estratégico se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras pospusiera la votación destinada a este fin gracias al respaldo de cinco concejales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una postura que la portavoz gubernamental en funciones, Carolina España, ha calificado abiertamente como una «traición».
La Junta de Andalucía, que ostenta la coordinación de la comisión bilateral con el Ejecutivo central para la distribución de los costes de demolición, se encuentra personada desde hace meses en el procedimiento judicial. Tras el freno municipal en Carboneras —una decisión que contradice el criterio del Consejo Consultivo y que ha obligado al PSOE a aplicar sanciones disciplinarias inmediatas a sus ediles—, la Administración regional incrementará las acciones legales.
De este modo, el Gabinete andaluz emulará la iniciativa de Greenpeace e instará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano que ya había requerido la suspensión de la licencia al Consistorio, a que declare la invalidez del permiso de forma directa. De forma paralela, el equipo jurídico de la Junta estudia la viabilidad de iniciar un expediente para depurar posibles responsabilidades de índole penal o administrativa, dado que el Pleno optó por postergar el mandato judicial bajo el argumento de requerir estudios económicos y normativos más exhaustivos.
Asimismo, la Junta procederá a convocar la comisión mixta con el Gobierno de la nación para delimitar las competencias y la financiación del derribo. Aunque el Ejecutivo central había urgido a celebrar dicho encuentro tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo, la Administración autonómica había preferido esperar al pronunciamiento del municipio. El resultado de la última sesión plenaria, donde el Partido Popular (PP) apoyó la anulación y el PSOE la paralizó, ha precipitado el cambio de postura.
La portavoz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha cuestionado con dureza la coherencia del principal partido de la oposición, recordando que a comienzos de 2025 la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, impulsó un expediente de expropiación forzosa en los terrenos de dominio estatal, una fórmula que nunca contó con el aval de la Junta. España ha exigido aclaraciones públicas ante lo que califica como una actitud de rebeldía que perpetúa un grave perjuicio contra el medio ambiente.
La Junta de Andalucía, que ostenta la coordinación de la comisión bilateral con el Ejecutivo central para la distribución de los costes de demolición, se encuentra personada desde hace meses en el procedimiento judicial. Tras el freno municipal en Carboneras —una decisión que contradice el criterio del Consejo Consultivo y que ha obligado al PSOE a aplicar sanciones disciplinarias inmediatas a sus ediles—, la Administración regional incrementará las acciones legales.
De este modo, el Gabinete andaluz emulará la iniciativa de Greenpeace e instará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano que ya había requerido la suspensión de la licencia al Consistorio, a que declare la invalidez del permiso de forma directa. De forma paralela, el equipo jurídico de la Junta estudia la viabilidad de iniciar un expediente para depurar posibles responsabilidades de índole penal o administrativa, dado que el Pleno optó por postergar el mandato judicial bajo el argumento de requerir estudios económicos y normativos más exhaustivos.
Asimismo, la Junta procederá a convocar la comisión mixta con el Gobierno de la nación para delimitar las competencias y la financiación del derribo. Aunque el Ejecutivo central había urgido a celebrar dicho encuentro tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo, la Administración autonómica había preferido esperar al pronunciamiento del municipio. El resultado de la última sesión plenaria, donde el Partido Popular (PP) apoyó la anulación y el PSOE la paralizó, ha precipitado el cambio de postura.
La portavoz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha cuestionado con dureza la coherencia del principal partido de la oposición, recordando que a comienzos de 2025 la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, impulsó un expediente de expropiación forzosa en los terrenos de dominio estatal, una fórmula que nunca contó con el aval de la Junta. España ha exigido aclaraciones públicas ante lo que califica como una actitud de rebeldía que perpetúa un grave perjuicio contra el medio ambiente.
