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J. A. SÁEZ CALVO
España ante la necesaria arquitectura de seguridad
Cada año, al acercarse el 30 de mayo, España celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Su origen se remonta a 1978, cuando se buscó acercar los Ejércitos y la Armada a la sociedad; desde el Real Decreto 530/1987 se conmemora el sábado coincidente o más próximo a San Fernando, rey, santo y símbolo de una vieja idea española: la paz exige servicio, disciplina, límites y responsabilidad. La celebración de este año, con medios, unidades, buques, aeronaves y el nuevo 8x8 Dragón en Vigo, invita a mirar más allá del desfile. La pregunta de fondo es qué necesita nuestro país y qué tarea seguimos dejando para mañana.
El debate público sobre seguridad sigue siendo débil, demasiado pendiente del titular inmediato y poco habituado a tratar la defensa como una política de Estado. El interés por Almería como posible polo tecnológico del sector señala un cambio de fondo: la seguridad nacional empieza a medirse también en industria, logística, territorio, universidad, energía y tecnología aplicada. El viejo esquema del cuartel, el desfile y la misión exterior ya no explica por sí solo la seguridad del futuro. Cuenta la capacidad de convertir conocimiento, suelo, talento y empresa en soluciones disponibles.
Almería reivindica su potencial como enclave estratégico. La combinación de espacios de prueba, clima exigente, universidad, energía, presencia militar y llegada de empresas del sector, como EM&E, permite imaginar un entorno útil para ensayos, observación, sistemas no tripulados y tecnologías duales. La reciente campaña de experimentación táctica del Ejército de Tierra en Viator, con drones, vehículos terrestres no tripulados y guerra electrónica, muestra una realidad que ya no pertenece a la ciencia ficción. Una estrategia moderna necesita técnicos, datos, empresas y administraciones capaces de convertir una necesidad operativa en una solución disponible. Quien siga viéndola como un compartimento separado de la economía real no ha entendido Ucrania, el Indo-Pacífico ni la fragilidad de las cadenas de suministro.
La doctrina española parte de una tradición prudente. La PDC-01(A), “Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas”, habla de acción conjunta, legitimidad, subordinación al poder civil, coordinación con otros instrumentos del Estado y actuación dentro del marco constitucional e internacional. La fuerza de un Estado serio no se administra por impulsos ni se improvisa ante una crisis. El empleo militar está condicionado por la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la OTAN, la Unión Europea y una opinión pública en la que una parte mira el gasto militar con una mezcla de necesidad, pudor y sospecha.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya advertía sobre amenazas híbridas, desinformación, ciberataques, vulnerabilidad energética, dependencia tecnológica, tensión migratoria y protección de infraestructuras críticas. Después llegó la invasión rusa de Ucrania y Europa descubrió una verdad incómoda: podía tener razón moral frente a una agresión y carecer, al mismo tiempo, de munición suficiente, reservas industriales, control aéreo y espacial, combustible, capacidad de reposición y profundidad logística para sostener durante años una guerra convencional en su vecindad. Un conflicto largo lo sostienen fábricas, talleres, repuestos, transportes, interoperabilidad y una sociedad capaz de comprender lo que está en juego.
España ha reaccionado con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones de euros, y con un Plan Anual de Contratación para 2026 que supera los 4.800 millones en propuestas de contrato, además de acuerdos marco por más de 5.220 millones. Las cifras importan, aunque solo tendrán verdadero sentido si se traducen en capacidades útiles, menor dependencia exterior, conocimiento propio y tejido industrial capaz de sostener lo que se compra. Se fortalece cuando cada inversión encaja en una necesidad operativa y en una industria preparada para responder cuando llegue la exigencia real.
La seguridad nacional no se justifica por la simple compra de material; necesita arquitectura. En el mar, los programas de fragatas y submarinos, la vigilancia marítima, la guerra antisubmarina y la Infantería de Marina recuerdan que tenemos una geografía exigente. Estrecho, Canarias, Baleares, Mediterráneo occidental, Atlántico, Ceuta y Melilla son parte del mapa real de nuestra seguridad. En el aire, la movilidad, y la conectividad determinan la posibilidad de proyectar fuerza y sostener operaciones. En tierra, el 8x8 Dragón, pese a retrasos y controversias, expresa una necesidad evidente: renovar plataformas, sensores, comunicaciones, protección y mando. Su presencia en el Día de las Fuerzas Armadas no debería verse solo como un escaparate, sino como recordatorio de que modernizar cuesta, tarda y exige continuidad.
Córdoba encarna otro giro decisivo. La Base Logística del Ejército de Tierra no es solo una gran obra o una promesa de empleo, en la que Jaén se postulaba inicialmente como emplazamiento. Si se ejecuta con inteligencia, puede convertirse en una pieza doctrinal: mantenimiento predictivo, trazabilidad, almacenes inteligentes, industria 4.0, formación técnica, reparación avanzada y sostenimiento de alto nivel. Ucrania ha devuelto a la intendencia su sitio verdadero. Sin ella, una fuerza armada dura lo que duren sus repuestos.
El personal es otra parte decisiva de la ecuación. La provisión de plazas de 2026, la nueva remesa de reservistas voluntarios, las opciones de permanencia para tropa y marinería y la demanda de perfiles técnicos apuntan a una realidad que no se arregla con improvisación. España necesita militares profesionales, especialistas civiles, reservistas útiles y una relación más madura entre sociedad y ejército. La guerra actual exige perfiles capaces de mantener equipos, interpretar datos, sostener redes, atender bajas, operar drones y asegurar suministros. Resulta llamativo que se discuta la prolongación de la vida laboral en muchos sectores mientras la carrera militar conserva límites propios, exigencias físicas, disponibilidad, destinos y desgaste. No todo se resuelve alargando edades. A veces se resuelve reteniendo talento, cuidando carreras y conectando potencial civil con necesidad militar.
El flanco Sur exige una atención más seria. En muy pocos kilómetros se cruzan crimen organizado, presión migratoria, rutas marítimas, vigilancia, intereses marroquíes, puertos, cables submarinos, energía y soberanía. El Plan Especial para el Campo de Gibraltar nació en 2018 para reforzar estructuras operativas y de inteligencia, ampliar medios aéreos y marítimos y mejorar la coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Su evolución confirma que el problema no quedó encerrado en una comarca: en 2020 se extendió a Cádiz, Málaga y Huelva, y en 2022 alcanzó también Almería, Granada y Sevilla por la aparición de nuevos enclaves logísticos de las organizaciones criminales. En aquel despliegue surgió OCON-Sur, una estructura extraordinaria de la Guardia Civil contra el narcotráfico que concentró agentes, información, continuidad y control sobre las redes. Interior defendió después la integración de sus equipos en unidades orgánicas y permanentes de las comandancias; las críticas parlamentarias y profesionales alertaron del riesgo de perder una herramienta especializada que había dado resultados. Una arquitectura de seguridad vale por su habilidad para conservar especialización, mando claro, inteligencia compartida, presencia sostenida y desafío constante. Donde el Estado diluye coordinación, el adversario aprende y avanza.
Ceuta y Melilla añaden otra variable. El Tratado del Atlántico Norte vincula la defensa colectiva del artículo 5 al ámbito territorial definido en el artículo 6. Esa redacción, pensada para los territorios de las partes en Europa o Norteamérica, Turquía y determinadas islas del Atlántico norte, no encaja de forma automática con las ciudades españolas situadas en el norte de África. Esa precisión jurídica no equivale a desprotección: una crisis tendría una dimensión política, permitiría activar consultas aliadas y obligaría a España a emplear sus propias capacidades. Los refuerzos de presencia, vigilancia y disuasión en Melilla, unidos a la modernización militar de Marruecos y a la cooperación de Rabat con socios como Israel y Estados Unidos, reclaman prudencia estratégica. Una nación seria no espera a que la presión sea irreversible para recordar que su frontera sur también forma parte de su soberanía.
España debe invertir en fragatas, blindados, satélites, logística avanzada y sistemas contra drones. Esa modernización quedará incompleta si el Estrecho, los puertos, Ceuta, Melilla, Canarias y la frontera sur no se entienden como un sistema estratégico continuo. La estrategia española puede estudiar la experiencia báltica, ucraniana o estadounidense, entre otras, siempre que después la traduzca a su propia geografía.
La doctrina de defensa española parece estar en una transición silenciosa. El viejo lenguaje de las misiones internacionales convive ya con la soberanía territorial ampliada, la resiliencia, la producción propia, el mantenimiento y la protección de infraestructuras críticas. La seguridad atraviesa puertos, aeropuertos, redes eléctricas, satélites, universidades, parques tecnológicos y reservas estratégicas.
España no puede delegar indefinidamente la factura de su tranquilidad. La tradición occidental, incluida la cristiana de la guerra justa, reconoce la legítima defensa y la somete a límites: autoridad, causa, último recurso, proporcionalidad y posibilidad razonable de éxito. Esa exigencia moral no debilita a una democracia; la obliga a pensar antes de actuar.
La primera obligación de una arquitectura defensiva coherente consiste en unir industria, personal, territorio y coordinación institucional. Almería puede ser laboratorio; Córdoba, columna logística; el Estrecho, Ceuta, Melilla y Canarias, la prueba de si se entiende de verdad la geografía. La seguridad también se fabrica, se mantiene, se enseña y se entrena. Cuando llega la crisis, ya es tarde para descubrirlo.
Cada año, al acercarse el 30 de mayo, España celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Su origen se remonta a 1978, cuando se buscó acercar los Ejércitos y la Armada a la sociedad; desde el Real Decreto 530/1987 se conmemora el sábado coincidente o más próximo a San Fernando, rey, santo y símbolo de una vieja idea española: la paz exige servicio, disciplina, límites y responsabilidad. La celebración de este año, con medios, unidades, buques, aeronaves y el nuevo 8x8 Dragón en Vigo, invita a mirar más allá del desfile. La pregunta de fondo es qué necesita nuestro país y qué tarea seguimos dejando para mañana.
El debate público sobre seguridad sigue siendo débil, demasiado pendiente del titular inmediato y poco habituado a tratar la defensa como una política de Estado. El interés por Almería como posible polo tecnológico del sector señala un cambio de fondo: la seguridad nacional empieza a medirse también en industria, logística, territorio, universidad, energía y tecnología aplicada. El viejo esquema del cuartel, el desfile y la misión exterior ya no explica por sí solo la seguridad del futuro. Cuenta la capacidad de convertir conocimiento, suelo, talento y empresa en soluciones disponibles.
Almería reivindica su potencial como enclave estratégico. La combinación de espacios de prueba, clima exigente, universidad, energía, presencia militar y llegada de empresas del sector, como EM&E, permite imaginar un entorno útil para ensayos, observación, sistemas no tripulados y tecnologías duales. La reciente campaña de experimentación táctica del Ejército de Tierra en Viator, con drones, vehículos terrestres no tripulados y guerra electrónica, muestra una realidad que ya no pertenece a la ciencia ficción. Una estrategia moderna necesita técnicos, datos, empresas y administraciones capaces de convertir una necesidad operativa en una solución disponible. Quien siga viéndola como un compartimento separado de la economía real no ha entendido Ucrania, el Indo-Pacífico ni la fragilidad de las cadenas de suministro.
La doctrina española parte de una tradición prudente. La PDC-01(A), “Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas”, habla de acción conjunta, legitimidad, subordinación al poder civil, coordinación con otros instrumentos del Estado y actuación dentro del marco constitucional e internacional. La fuerza de un Estado serio no se administra por impulsos ni se improvisa ante una crisis. El empleo militar está condicionado por la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la OTAN, la Unión Europea y una opinión pública en la que una parte mira el gasto militar con una mezcla de necesidad, pudor y sospecha.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya advertía sobre amenazas híbridas, desinformación, ciberataques, vulnerabilidad energética, dependencia tecnológica, tensión migratoria y protección de infraestructuras críticas. Después llegó la invasión rusa de Ucrania y Europa descubrió una verdad incómoda: podía tener razón moral frente a una agresión y carecer, al mismo tiempo, de munición suficiente, reservas industriales, control aéreo y espacial, combustible, capacidad de reposición y profundidad logística para sostener durante años una guerra convencional en su vecindad. Un conflicto largo lo sostienen fábricas, talleres, repuestos, transportes, interoperabilidad y una sociedad capaz de comprender lo que está en juego.
España ha reaccionado con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones de euros, y con un Plan Anual de Contratación para 2026 que supera los 4.800 millones en propuestas de contrato, además de acuerdos marco por más de 5.220 millones. Las cifras importan, aunque solo tendrán verdadero sentido si se traducen en capacidades útiles, menor dependencia exterior, conocimiento propio y tejido industrial capaz de sostener lo que se compra. Se fortalece cuando cada inversión encaja en una necesidad operativa y en una industria preparada para responder cuando llegue la exigencia real.
La seguridad nacional no se justifica por la simple compra de material; necesita arquitectura. En el mar, los programas de fragatas y submarinos, la vigilancia marítima, la guerra antisubmarina y la Infantería de Marina recuerdan que tenemos una geografía exigente. Estrecho, Canarias, Baleares, Mediterráneo occidental, Atlántico, Ceuta y Melilla son parte del mapa real de nuestra seguridad. En el aire, la movilidad, y la conectividad determinan la posibilidad de proyectar fuerza y sostener operaciones. En tierra, el 8x8 Dragón, pese a retrasos y controversias, expresa una necesidad evidente: renovar plataformas, sensores, comunicaciones, protección y mando. Su presencia en el Día de las Fuerzas Armadas no debería verse solo como un escaparate, sino como recordatorio de que modernizar cuesta, tarda y exige continuidad.
Córdoba encarna otro giro decisivo. La Base Logística del Ejército de Tierra no es solo una gran obra o una promesa de empleo, en la que Jaén se postulaba inicialmente como emplazamiento. Si se ejecuta con inteligencia, puede convertirse en una pieza doctrinal: mantenimiento predictivo, trazabilidad, almacenes inteligentes, industria 4.0, formación técnica, reparación avanzada y sostenimiento de alto nivel. Ucrania ha devuelto a la intendencia su sitio verdadero. Sin ella, una fuerza armada dura lo que duren sus repuestos.
El personal es otra parte decisiva de la ecuación. La provisión de plazas de 2026, la nueva remesa de reservistas voluntarios, las opciones de permanencia para tropa y marinería y la demanda de perfiles técnicos apuntan a una realidad que no se arregla con improvisación. España necesita militares profesionales, especialistas civiles, reservistas útiles y una relación más madura entre sociedad y ejército. La guerra actual exige perfiles capaces de mantener equipos, interpretar datos, sostener redes, atender bajas, operar drones y asegurar suministros. Resulta llamativo que se discuta la prolongación de la vida laboral en muchos sectores mientras la carrera militar conserva límites propios, exigencias físicas, disponibilidad, destinos y desgaste. No todo se resuelve alargando edades. A veces se resuelve reteniendo talento, cuidando carreras y conectando potencial civil con necesidad militar.
El flanco Sur exige una atención más seria. En muy pocos kilómetros se cruzan crimen organizado, presión migratoria, rutas marítimas, vigilancia, intereses marroquíes, puertos, cables submarinos, energía y soberanía. El Plan Especial para el Campo de Gibraltar nació en 2018 para reforzar estructuras operativas y de inteligencia, ampliar medios aéreos y marítimos y mejorar la coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Su evolución confirma que el problema no quedó encerrado en una comarca: en 2020 se extendió a Cádiz, Málaga y Huelva, y en 2022 alcanzó también Almería, Granada y Sevilla por la aparición de nuevos enclaves logísticos de las organizaciones criminales. En aquel despliegue surgió OCON-Sur, una estructura extraordinaria de la Guardia Civil contra el narcotráfico que concentró agentes, información, continuidad y control sobre las redes. Interior defendió después la integración de sus equipos en unidades orgánicas y permanentes de las comandancias; las críticas parlamentarias y profesionales alertaron del riesgo de perder una herramienta especializada que había dado resultados. Una arquitectura de seguridad vale por su habilidad para conservar especialización, mando claro, inteligencia compartida, presencia sostenida y desafío constante. Donde el Estado diluye coordinación, el adversario aprende y avanza.
Ceuta y Melilla añaden otra variable. El Tratado del Atlántico Norte vincula la defensa colectiva del artículo 5 al ámbito territorial definido en el artículo 6. Esa redacción, pensada para los territorios de las partes en Europa o Norteamérica, Turquía y determinadas islas del Atlántico norte, no encaja de forma automática con las ciudades españolas situadas en el norte de África. Esa precisión jurídica no equivale a desprotección: una crisis tendría una dimensión política, permitiría activar consultas aliadas y obligaría a España a emplear sus propias capacidades. Los refuerzos de presencia, vigilancia y disuasión en Melilla, unidos a la modernización militar de Marruecos y a la cooperación de Rabat con socios como Israel y Estados Unidos, reclaman prudencia estratégica. Una nación seria no espera a que la presión sea irreversible para recordar que su frontera sur también forma parte de su soberanía.
España debe invertir en fragatas, blindados, satélites, logística avanzada y sistemas contra drones. Esa modernización quedará incompleta si el Estrecho, los puertos, Ceuta, Melilla, Canarias y la frontera sur no se entienden como un sistema estratégico continuo. La estrategia española puede estudiar la experiencia báltica, ucraniana o estadounidense, entre otras, siempre que después la traduzca a su propia geografía.
La doctrina de defensa española parece estar en una transición silenciosa. El viejo lenguaje de las misiones internacionales convive ya con la soberanía territorial ampliada, la resiliencia, la producción propia, el mantenimiento y la protección de infraestructuras críticas. La seguridad atraviesa puertos, aeropuertos, redes eléctricas, satélites, universidades, parques tecnológicos y reservas estratégicas.
España no puede delegar indefinidamente la factura de su tranquilidad. La tradición occidental, incluida la cristiana de la guerra justa, reconoce la legítima defensa y la somete a límites: autoridad, causa, último recurso, proporcionalidad y posibilidad razonable de éxito. Esa exigencia moral no debilita a una democracia; la obliga a pensar antes de actuar.
La primera obligación de una arquitectura defensiva coherente consiste en unir industria, personal, territorio y coordinación institucional. Almería puede ser laboratorio; Córdoba, columna logística; el Estrecho, Ceuta, Melilla y Canarias, la prueba de si se entiende de verdad la geografía. La seguridad también se fabrica, se mantiene, se enseña y se entrena. Cuando llega la crisis, ya es tarde para descubrirlo.
