 |
| .. |
ENRIQUE FERNÁNDEZ BOLEA*
Son hechos consumados. El peor de los desenlaces se ha producido. Lo que iba a ser el desmoche de un campanario que amenazaba con derrumbarse sobre una transitada calle, con todos los riesgos que ello acarreaba, ha acabado en un edificio arrasado, del que apenas restan a día de hoy cicatrices de su existencia de siglos y un montón de escombros aún por retirar. Quién se lo iba a imaginar hace unas jornadas, aunque hubo quien lo sospechó desde el principio. Y pareciese que este destino final estuviese escrito, y sin duda lo estaba con ese trazo grueso con el que el abandono, la negligencia y la irresponsabilidad, la reiterada falta de respuesta ante el deterioro, escriben las páginas más oscuras y vergonzantes.
Hace ahora unos treinta años, tras unos cuantos más de desamparo, en el extremo de la bóveda que se cerraba sobre el arco toral de la nave central comenzó a abrirse un agujero que, con el paso del tiempo y la fuerza erosiva de nuestras habituales lluvias torrenciales, creció hasta convertirse en un boquete por donde las aguas se precipitaban en cascada inundando la solería y expandiendo la corrosiva humedad por toda la estructura de la iglesia. Fue el inicio de un cáncer que la carcomió, la debilitó y contribuyó enseguida a su desestabilización. ¿Lo sabía el Obispado? ¿La administración municipal desde entonces conocía este amenazante estado? ¿La ciudadanía contemplaba desde determinadas perspectivas urbanas ese agujero sobre la techumbre del templo? Pues claro que sí. ¿Se realizó alguna actuación por parte de la diócesis para impedir que el daño avanzase? Nada en absoluto. ¿Hubo algún requerimiento por parte de los distintos gobiernos municipales para que el deterioro y sus nefastas consecuencias se frenasen? ¿Se instó a los propietarios a que remediasen los perjuicios antes de que fuese demasiado tarde? Parece ser que sí, que durante los mandatos con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista solicitaron del Obispado medidas para que la situación no escalase a un punto crítico de ruina, de no retorno. ¿Atendió el Obispado a estas demandas? Según la información disponible, nada se hizo, o al menos nada apreciable, una realidad que queda sobradamente corroborada por el proceso de degradación que ha desembocado en la triste situación actual.
Y en este estado de cosas, ante la inacción de los propietarios (un ente privado, no lo olvidemos, como cualquier otro), ¿nuestras sucesivas administraciones locales deberían haber adoptado medidas más contundentes, contempladas por la normativa, que los forzasen a frenar y contrarrestar unos perjuicios y consecuencias que repercutían sobre toda la comunidad? Indudablemente. ¿Hasta el extremo, en caso necesario, de que hubiese sido el mismo Ayuntamiento el que asumiese los gastos de la intervención pasándole después la factura a los propietarios? ¿Hasta el extremo, si hubiese sido inevitablemente preciso, de iniciar un procedimiento de expropiación forzosa? En mi opinión, sí; aunque, claro está, hay que admitir que la decisión de los responsables locales a la hora de adoptar estas medidas no estaba exenta de evidente riesgo económico para una arcas siempre exhaustas, puesto que existía la nada remota posibilidad –experiencias previas la apoyan– de que sus poderosos y siempre privilegiados propietarios se negasen, escudándose en supuesta insolvencia, a asumir el precio de la intervención. De la misma manera, una expropiación por parte del Ayuntamiento habría supuesto la inmediata asunción de los costes de las actuaciones con cargo a unos presupuestos nada boyantes, es decir, con cargo a la contribución económica de toda la ciudadanía. Quizás por ello, unos y otros optaron, sin éxito, por proponer al Obispado el cambio de titularidad con el fin de integrar el edificio en proyectos que supusiesen su rehabilitación, destinándolo con posterioridad a centro o servicio cultural acorde a sus características históricas y arquitectónicas.
Contemporáneamente al principio del colapso de la techumbre y la bóveda, se observó que la torre campanario presentaba evidentes signos de deterioro que amenazaban con desprendimientos parciales de la estructura e incluso con el completo colapso de la misma en una zona muy transitada y habitada. Gobernaba entonces el Partido Popular –primeros 2000- y, a su requerimiento, el Obispado colocó unas escuadras de metal repartidas por la parte superior de la torre con el fin de grapar la estructura agrietada y concederle una cierta estabilidad, ahuyentado temporalmente el peligro, a la espera de una actuación definitiva. Ya sabemos que tal intervención definitiva nunca se materializó, y que esa solución caducó cuando las inspecciones técnicas determinaron que había peligro de que esa parte elevada del campanario se desprendiese con las consabidas consecuencias. No optó el obispado por un remedio eficiente de refuerzo interno del campanario mediante estructura metálica o de hormigón, aconsejado por algunos técnicos, que hubiese evitado todo lo que después ha acontecido, porque lo consideraron demasiado costoso. Y decidieron su demolición controlada, que trajo consigo el –en principio no previsto– derrumbe de la parte inferior de la torre, desestabilizando por completo un edificio que acumulaba la ruina de la desidia y el descuido de décadas, de lo que resultó una reacción estructural en cadena que aconsejó, para evitar peligros sobre las personas y viviendas cercanas, la demolición de la bóveda, luego la del muro maestro colindante con la calle del Convento y finalmente la desplome forzado de la cúpula del crucero. Todo ello con el consenso de los distintos técnicos que supervisaban los trabajos.
Al final, una pérdida irreparable, que nos apena y nos hace, al menos a mí, sentirnos avergonzados, despojados al mismo tiempo de una parte de nuestra identidad cultural y emocional, que no hemos sabido preservar. Ahí queda un solar como símbolo tenaz de un despropósito, como memorable testimonio de una inmensa desfachatez, antigua y colectiva, que nos ha arrebatado una porción de lo que somos y de lo que fueron quienes nos antecedieron. Es verdad que todos somos responsables de lo que ha acontecido, por inacción, por falta de reivindicación y exigencia, pero unos lo son más que otros, no lo olvidemos. Habrá que esperar que este aciago final sirva para que otros edificios del castigado patrimonio religioso cuevano no acaben de la misma manera. Seguramente lo tendrá que asumir el ayuntamiento, la ciudadanía, tanto en el que es suyo como en el que no lo es. De los de Almería, por ejemplo y trayectoria, no deberíamos esperar nada.
*Enrique Fernández Bolea es cronista oficial de Cuevas del Almanzora.
Hace ahora unos treinta años, tras unos cuantos más de desamparo, en el extremo de la bóveda que se cerraba sobre el arco toral de la nave central comenzó a abrirse un agujero que, con el paso del tiempo y la fuerza erosiva de nuestras habituales lluvias torrenciales, creció hasta convertirse en un boquete por donde las aguas se precipitaban en cascada inundando la solería y expandiendo la corrosiva humedad por toda la estructura de la iglesia. Fue el inicio de un cáncer que la carcomió, la debilitó y contribuyó enseguida a su desestabilización. ¿Lo sabía el Obispado? ¿La administración municipal desde entonces conocía este amenazante estado? ¿La ciudadanía contemplaba desde determinadas perspectivas urbanas ese agujero sobre la techumbre del templo? Pues claro que sí. ¿Se realizó alguna actuación por parte de la diócesis para impedir que el daño avanzase? Nada en absoluto. ¿Hubo algún requerimiento por parte de los distintos gobiernos municipales para que el deterioro y sus nefastas consecuencias se frenasen? ¿Se instó a los propietarios a que remediasen los perjuicios antes de que fuese demasiado tarde? Parece ser que sí, que durante los mandatos con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista solicitaron del Obispado medidas para que la situación no escalase a un punto crítico de ruina, de no retorno. ¿Atendió el Obispado a estas demandas? Según la información disponible, nada se hizo, o al menos nada apreciable, una realidad que queda sobradamente corroborada por el proceso de degradación que ha desembocado en la triste situación actual.
Y en este estado de cosas, ante la inacción de los propietarios (un ente privado, no lo olvidemos, como cualquier otro), ¿nuestras sucesivas administraciones locales deberían haber adoptado medidas más contundentes, contempladas por la normativa, que los forzasen a frenar y contrarrestar unos perjuicios y consecuencias que repercutían sobre toda la comunidad? Indudablemente. ¿Hasta el extremo, en caso necesario, de que hubiese sido el mismo Ayuntamiento el que asumiese los gastos de la intervención pasándole después la factura a los propietarios? ¿Hasta el extremo, si hubiese sido inevitablemente preciso, de iniciar un procedimiento de expropiación forzosa? En mi opinión, sí; aunque, claro está, hay que admitir que la decisión de los responsables locales a la hora de adoptar estas medidas no estaba exenta de evidente riesgo económico para una arcas siempre exhaustas, puesto que existía la nada remota posibilidad –experiencias previas la apoyan– de que sus poderosos y siempre privilegiados propietarios se negasen, escudándose en supuesta insolvencia, a asumir el precio de la intervención. De la misma manera, una expropiación por parte del Ayuntamiento habría supuesto la inmediata asunción de los costes de las actuaciones con cargo a unos presupuestos nada boyantes, es decir, con cargo a la contribución económica de toda la ciudadanía. Quizás por ello, unos y otros optaron, sin éxito, por proponer al Obispado el cambio de titularidad con el fin de integrar el edificio en proyectos que supusiesen su rehabilitación, destinándolo con posterioridad a centro o servicio cultural acorde a sus características históricas y arquitectónicas.
Contemporáneamente al principio del colapso de la techumbre y la bóveda, se observó que la torre campanario presentaba evidentes signos de deterioro que amenazaban con desprendimientos parciales de la estructura e incluso con el completo colapso de la misma en una zona muy transitada y habitada. Gobernaba entonces el Partido Popular –primeros 2000- y, a su requerimiento, el Obispado colocó unas escuadras de metal repartidas por la parte superior de la torre con el fin de grapar la estructura agrietada y concederle una cierta estabilidad, ahuyentado temporalmente el peligro, a la espera de una actuación definitiva. Ya sabemos que tal intervención definitiva nunca se materializó, y que esa solución caducó cuando las inspecciones técnicas determinaron que había peligro de que esa parte elevada del campanario se desprendiese con las consabidas consecuencias. No optó el obispado por un remedio eficiente de refuerzo interno del campanario mediante estructura metálica o de hormigón, aconsejado por algunos técnicos, que hubiese evitado todo lo que después ha acontecido, porque lo consideraron demasiado costoso. Y decidieron su demolición controlada, que trajo consigo el –en principio no previsto– derrumbe de la parte inferior de la torre, desestabilizando por completo un edificio que acumulaba la ruina de la desidia y el descuido de décadas, de lo que resultó una reacción estructural en cadena que aconsejó, para evitar peligros sobre las personas y viviendas cercanas, la demolición de la bóveda, luego la del muro maestro colindante con la calle del Convento y finalmente la desplome forzado de la cúpula del crucero. Todo ello con el consenso de los distintos técnicos que supervisaban los trabajos.
Al final, una pérdida irreparable, que nos apena y nos hace, al menos a mí, sentirnos avergonzados, despojados al mismo tiempo de una parte de nuestra identidad cultural y emocional, que no hemos sabido preservar. Ahí queda un solar como símbolo tenaz de un despropósito, como memorable testimonio de una inmensa desfachatez, antigua y colectiva, que nos ha arrebatado una porción de lo que somos y de lo que fueron quienes nos antecedieron. Es verdad que todos somos responsables de lo que ha acontecido, por inacción, por falta de reivindicación y exigencia, pero unos lo son más que otros, no lo olvidemos. Habrá que esperar que este aciago final sirva para que otros edificios del castigado patrimonio religioso cuevano no acaben de la misma manera. Seguramente lo tendrá que asumir el ayuntamiento, la ciudadanía, tanto en el que es suyo como en el que no lo es. De los de Almería, por ejemplo y trayectoria, no deberíamos esperar nada.
*Enrique Fernández Bolea es cronista oficial de Cuevas del Almanzora.
