ALMERÍA HOY / 09·04·2026
La investigación por la muerte violenta de Lucas, el menor de cuatro años fallecido en Garrucha, ha dado un giro procesal tras la comparecencia voluntaria de su madre, Bárbara Ysmar O.S., en sede judicial. Tras meses sin prestar declaración ante los investigadores, la mujer decidió ayer miércoles dar su versión de los hechos ante el Tribunal de Instancia de Vera, en una sesión destinada a decidir sobre la prórroga de la prisión provisional para los dos investigados.
Durante su intervención, la madre del pequeño ofreció un relato detallado en el que descargó toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre su pareja sentimental, Juan David R.C. Según indica el abogado de éste, la investigada respondió de forma pormenorizada a las cuestiones planteadas, aunque evitó contestar a las preguntas de la defensa del otro encausado. Por su parte, el abogado del hombre centró su estrategia en acreditar el arraigo familiar y laboral de su cliente con el objetivo de solicitar su puesta en libertad, alegando la inexistencia de riesgo de fuga.
La situación personal de la madre también marcó la jornada en los juzgados almerienses. Debido a su avanzado estado de gestación —se espera que dé a luz a mediados del próximo mes—, la mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia desde el centro penitenciario de El Acebuche para poder asistir presencialmente a la comparecencia.
En el plano pericial, el caso ha sumado un documento clave: el informe forense ampliado del Instituto de Medicina Legal de Almería. Las conclusiones de la autopsia son determinantes al confirmar que el fallecimiento del menor se debió a un traumatismo abdominal violento que le provocó un shock hemorrágico. Este dictamen descarta de forma científica la tesis de que las lesiones mortales pudieran ser consecuencia de masajes o supuestas prácticas de curanderismo, ratificando que el desgarro hepático sufrido por el niño fue fruto de una agresión física.
El informe revela además que el pequeño presentaba lesiones previas al día del deceso. Los exámenes óseos han detectado fracturas antiguas en una costilla y en el húmero que se habrían producido entre tres y seis semanas antes de la muerte, lo que apunta a un contexto de violencia continuada. El juzgado tiene previsto comunicar en las próximas horas su decisión sobre si los dos detenidos continúan en prisión provisional o si se modifica la situación personal de alguno de ellos tras las nuevas diligencias practicadas.
Durante su intervención, la madre del pequeño ofreció un relato detallado en el que descargó toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre su pareja sentimental, Juan David R.C. Según indica el abogado de éste, la investigada respondió de forma pormenorizada a las cuestiones planteadas, aunque evitó contestar a las preguntas de la defensa del otro encausado. Por su parte, el abogado del hombre centró su estrategia en acreditar el arraigo familiar y laboral de su cliente con el objetivo de solicitar su puesta en libertad, alegando la inexistencia de riesgo de fuga.
La situación personal de la madre también marcó la jornada en los juzgados almerienses. Debido a su avanzado estado de gestación —se espera que dé a luz a mediados del próximo mes—, la mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia desde el centro penitenciario de El Acebuche para poder asistir presencialmente a la comparecencia.
En el plano pericial, el caso ha sumado un documento clave: el informe forense ampliado del Instituto de Medicina Legal de Almería. Las conclusiones de la autopsia son determinantes al confirmar que el fallecimiento del menor se debió a un traumatismo abdominal violento que le provocó un shock hemorrágico. Este dictamen descarta de forma científica la tesis de que las lesiones mortales pudieran ser consecuencia de masajes o supuestas prácticas de curanderismo, ratificando que el desgarro hepático sufrido por el niño fue fruto de una agresión física.
El informe revela además que el pequeño presentaba lesiones previas al día del deceso. Los exámenes óseos han detectado fracturas antiguas en una costilla y en el húmero que se habrían producido entre tres y seis semanas antes de la muerte, lo que apunta a un contexto de violencia continuada. El juzgado tiene previsto comunicar en las próximas horas su decisión sobre si los dos detenidos continúan en prisión provisional o si se modifica la situación personal de alguno de ellos tras las nuevas diligencias practicadas.
