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J. A. SÁEZ CALVO
Toda reflexión seria sobre Canarias, el Estrecho y Baleares debería empezar por una precisión que en nuestro país se descuida demasiado. Seguridad, defensa y estrategia no son sinónimos. La Ley de Seguridad Nacional recuerda que la seguridad es la base sobre la que una sociedad puede preservar su libertad, su prosperidad y el buen funcionamiento de sus instituciones. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 sigue siendo el marco vigente, y el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 24 de abril de 2025 para elaborar una nueva estrategia confirma, además, que el Estado español quiere revisar ese marco a la luz de un entorno más duro e interdependiente.
La defensa ocupa dentro de ese marco un lugar propio y preciso. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que la política de defensa protege al conjunto de la sociedad española, su Constitución, sus valores, sus instituciones y el pleno ejercicio de derechos y libertades. La Directiva de Defensa Nacional de 2020 insiste en la misma idea cuando presenta la defensa como un servicio público orientado a los intereses de la seguridad de los españoles y al subrayar que acercarla al ciudadano forma parte de la cultura de seguridad.
Dicho de forma clara: la seguridad es la condición que se quiere preservar y la política pública que organiza su protección; la defensa es la función del Estado que prepara, disuade y, llegado el caso, emplea la fuerza legítima para protegerlo; la estrategia es el modo de ordenar medios, tiempo, alianzas, industria, inteligencia y voluntad política para que ni la seguridad ni la defensa dependan de la improvisación o de la benevolencia ajena. Esa distinción importa porque Gibraltar no es solo una disputa histórica ni un problema de frontera. Es el lugar donde España revela, desde hace demasiado tiempo, una dificultad más profunda, porque sabe invocar la seguridad, incluso apela a la defensa, pero le cuesta sostener una estrategia. Por eso el debate español se empobrece cuando se reduce a colas en la verja, fiscalidad opaca, contrabando o empleo transfronterizo. Todo eso existe y tiene su peso social. Lo que no puede hacerse es confundir la gestión del síntoma con la comprensión del problema. Un país serio debe proteger la vida diaria de los trabajadores del Campo de Gibraltar, pero también entender qué significa tener en el Estrecho una base militar británica, un nodo logístico singular y un enclave cuya utilidad para Londres nunca ha sido solo una cuestión sentimental.
La propia terminología española ayuda poco cuando se habla mucho de cultura de defensa y muy poco de cultura estratégica. La cultura de defensa, tal y como la emplean nuestros documentos públicos, busca acercar las Fuerzas Armadas al ciudadano y reforzar la conciencia de su utilidad. Eso es necesario. Lo insuficiente aparece cuando el horizonte termina ahí. La cultura estratégica exige algo más incómodo y adulto: comprender la posición de España en el mundo, aceptar que la geografía no se deroga, identificar intereses permanentes y asumir que la soberanía solo vale de verdad cuando se traduce en capacidad de decisión. No se trata de militarizar la política exterior, sino de dejar de tratar la política exterior, la energía, la inteligencia, las infraestructuras críticas y la defensa como compartimentos estancos. La Estrategia de Seguridad Nacional va justamente en esa dirección, con una noción integral de riesgos, amenazas y resiliencia.
Desde este punto de vista, Gibraltar deja de ser una roca con leyenda y vuelve a ser una prueba de madurez estatal. España arrastra desde hace tres siglos una soberanía cercenada en ese punto de nuestro mapa y sufriendo una ampliación material y funcional del enclave que, desde la óptica española, desborda el marco del artículo X de Utrecht.
El propio BOE ha reiterado en fechas recientes, en declaraciones oficiales españolas sobre tratados extendidos a la Roca, que no cabe interpretar como reconocimiento de derechos, situaciones o espacios no comprendidos en ese artículo 10. A eso se añade otro dato que conviene no olvidar, y es que Gibraltar sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización conforme a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
España ha sido capaz de defender su posición jurídica, pero ha permitido demasiadas veces que la agenda de cooperación y normalización desplazara la cuestión de fondo sin convertir la utilidad táctica en ganancia estratégica.
También es importante recalcar la diferencia de conducta histórica entre quien consolida y quien protesta. El Reino Unido ha tratado Gibraltar como un activo vivo. Lo ha protegido, dotado, integrado en su arquitectura de seguridad y defendido como pieza útil de presencia militar y de proyección exterior. España, en cambio, ha oscilado con frecuencia entre la protesta ritual, la resignación práctica y la esperanza de que el tiempo corrigiera por sí solo lo que nunca se arregla por sí solo. De esta posición solo se incuba el desgaste. La soberanía empieza a vaciarse cuando el poder público deja de fijar el marco y se acostumbra a gestionar hechos consumados. No desaparece en un día, se erosiona a fuerza de rutina.
El momento posterior al Brexit lo ha confirmado con especial claridad. La salida británica de la Unión Europea abrió una ocasión que España no tenía desde hacía décadas: el encaje futuro de Gibraltar con el espacio europeo dejaba de ser una mera inercia y pasaba a depender de una nueva negociación.
La Comisión Europea adoptó en febrero de 2026 sus propuestas para la firma, aplicación provisional y conclusión del acuerdo entre la Unión y el Reino Unido respecto de su colonia. El 1 de abril de este año, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) dio luz verde a los textos del acuerdo y a las decisiones de firma y aplicación provisional, con la expectativa de que esta última comience el 15 de julio de 2026. Ese dato ha sido presentado por Bruselas en clave práctica, como normalización de flujos de paso, con la eliminación de barreras físicas y prosperidad regional. Conviene mirar también la otra mitad del espejo, lo que esto puede implicar de cara al futuro para nuestros intereses.
Londres no ha escondido su lectura. El Gobierno británico afirmó al publicar el borrador del tratado que este no afecta en modo alguno a la soberanía y protege la autonomía británica de instalaciones militares clave. Su Estrategia de Seguridad Nacional va más allá y declara expresamente que mantendrá su presencia militar en el estrecho para cumplir objetivos de defensa del Reino Unido. Todo esto debería bastar para disipar una ingenuidad muy española: Gibraltar no es para Londres una reliquia pintoresca ni un decorado para la siempre inoportuna visita protocolaria, ni un simple centro financiero o un problema local que convenga administrar sin ruido. Es una pieza funcional de poder en el acceso occidental al Mediterráneo.
Por eso el error español no consiste en reclamar un pasado, sino en pensar en corto su futuro. Un país puede negociar con prudencia y, al mismo tiempo, saber lo que defiende. Debe cuidar la cooperación transfronteriza y mantener intacta la conciencia de sus intereses nacionales.
Lo ruinoso es dar por suficiente un lenguaje de prosperidad compartida cuando la otra parte habla sin rodeos de soberanía, autonomía militar y objetivos nacionales. Ahí aparece el síntoma de una anemia estratégica.
La prosperidad solo es compartida de verdad cuando la relación no descansa sobre una asimetría consolidada a favor de uno y asumida resignadamente por el otro.
Gibraltar importa, en fin, por lo que es y por lo que enseña. La defensa no puede reducirse a uniformes, ni la seguridad a tranquilidad momentánea, tampoco la estrategia a una sucesión de respuestas tácticas. Muestra que la geografía sigue mandando, que los aliados no dejan de tener intereses propios y que una nación sin esa continuidad estratégica acaba convirtiendo sus mejores razones en simples memorias del agravio. España no necesita protestas vacías, ni consignas, ni nostalgia imperial. Requiere claridad, duración y sentido de Estado. Obliga a recordar que la soberanía no se declama, se ejerce. Y que, en el Estrecho, como en casi todo lo que cuenta de verdad, primero pierde el que se acostumbra a no pensar en términos de poder.
La defensa ocupa dentro de ese marco un lugar propio y preciso. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que la política de defensa protege al conjunto de la sociedad española, su Constitución, sus valores, sus instituciones y el pleno ejercicio de derechos y libertades. La Directiva de Defensa Nacional de 2020 insiste en la misma idea cuando presenta la defensa como un servicio público orientado a los intereses de la seguridad de los españoles y al subrayar que acercarla al ciudadano forma parte de la cultura de seguridad.
Dicho de forma clara: la seguridad es la condición que se quiere preservar y la política pública que organiza su protección; la defensa es la función del Estado que prepara, disuade y, llegado el caso, emplea la fuerza legítima para protegerlo; la estrategia es el modo de ordenar medios, tiempo, alianzas, industria, inteligencia y voluntad política para que ni la seguridad ni la defensa dependan de la improvisación o de la benevolencia ajena. Esa distinción importa porque Gibraltar no es solo una disputa histórica ni un problema de frontera. Es el lugar donde España revela, desde hace demasiado tiempo, una dificultad más profunda, porque sabe invocar la seguridad, incluso apela a la defensa, pero le cuesta sostener una estrategia. Por eso el debate español se empobrece cuando se reduce a colas en la verja, fiscalidad opaca, contrabando o empleo transfronterizo. Todo eso existe y tiene su peso social. Lo que no puede hacerse es confundir la gestión del síntoma con la comprensión del problema. Un país serio debe proteger la vida diaria de los trabajadores del Campo de Gibraltar, pero también entender qué significa tener en el Estrecho una base militar británica, un nodo logístico singular y un enclave cuya utilidad para Londres nunca ha sido solo una cuestión sentimental.
La propia terminología española ayuda poco cuando se habla mucho de cultura de defensa y muy poco de cultura estratégica. La cultura de defensa, tal y como la emplean nuestros documentos públicos, busca acercar las Fuerzas Armadas al ciudadano y reforzar la conciencia de su utilidad. Eso es necesario. Lo insuficiente aparece cuando el horizonte termina ahí. La cultura estratégica exige algo más incómodo y adulto: comprender la posición de España en el mundo, aceptar que la geografía no se deroga, identificar intereses permanentes y asumir que la soberanía solo vale de verdad cuando se traduce en capacidad de decisión. No se trata de militarizar la política exterior, sino de dejar de tratar la política exterior, la energía, la inteligencia, las infraestructuras críticas y la defensa como compartimentos estancos. La Estrategia de Seguridad Nacional va justamente en esa dirección, con una noción integral de riesgos, amenazas y resiliencia.
Desde este punto de vista, Gibraltar deja de ser una roca con leyenda y vuelve a ser una prueba de madurez estatal. España arrastra desde hace tres siglos una soberanía cercenada en ese punto de nuestro mapa y sufriendo una ampliación material y funcional del enclave que, desde la óptica española, desborda el marco del artículo X de Utrecht.
El propio BOE ha reiterado en fechas recientes, en declaraciones oficiales españolas sobre tratados extendidos a la Roca, que no cabe interpretar como reconocimiento de derechos, situaciones o espacios no comprendidos en ese artículo 10. A eso se añade otro dato que conviene no olvidar, y es que Gibraltar sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización conforme a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
España ha sido capaz de defender su posición jurídica, pero ha permitido demasiadas veces que la agenda de cooperación y normalización desplazara la cuestión de fondo sin convertir la utilidad táctica en ganancia estratégica.
También es importante recalcar la diferencia de conducta histórica entre quien consolida y quien protesta. El Reino Unido ha tratado Gibraltar como un activo vivo. Lo ha protegido, dotado, integrado en su arquitectura de seguridad y defendido como pieza útil de presencia militar y de proyección exterior. España, en cambio, ha oscilado con frecuencia entre la protesta ritual, la resignación práctica y la esperanza de que el tiempo corrigiera por sí solo lo que nunca se arregla por sí solo. De esta posición solo se incuba el desgaste. La soberanía empieza a vaciarse cuando el poder público deja de fijar el marco y se acostumbra a gestionar hechos consumados. No desaparece en un día, se erosiona a fuerza de rutina.
El momento posterior al Brexit lo ha confirmado con especial claridad. La salida británica de la Unión Europea abrió una ocasión que España no tenía desde hacía décadas: el encaje futuro de Gibraltar con el espacio europeo dejaba de ser una mera inercia y pasaba a depender de una nueva negociación.
La Comisión Europea adoptó en febrero de 2026 sus propuestas para la firma, aplicación provisional y conclusión del acuerdo entre la Unión y el Reino Unido respecto de su colonia. El 1 de abril de este año, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) dio luz verde a los textos del acuerdo y a las decisiones de firma y aplicación provisional, con la expectativa de que esta última comience el 15 de julio de 2026. Ese dato ha sido presentado por Bruselas en clave práctica, como normalización de flujos de paso, con la eliminación de barreras físicas y prosperidad regional. Conviene mirar también la otra mitad del espejo, lo que esto puede implicar de cara al futuro para nuestros intereses.
Londres no ha escondido su lectura. El Gobierno británico afirmó al publicar el borrador del tratado que este no afecta en modo alguno a la soberanía y protege la autonomía británica de instalaciones militares clave. Su Estrategia de Seguridad Nacional va más allá y declara expresamente que mantendrá su presencia militar en el estrecho para cumplir objetivos de defensa del Reino Unido. Todo esto debería bastar para disipar una ingenuidad muy española: Gibraltar no es para Londres una reliquia pintoresca ni un decorado para la siempre inoportuna visita protocolaria, ni un simple centro financiero o un problema local que convenga administrar sin ruido. Es una pieza funcional de poder en el acceso occidental al Mediterráneo.
Por eso el error español no consiste en reclamar un pasado, sino en pensar en corto su futuro. Un país puede negociar con prudencia y, al mismo tiempo, saber lo que defiende. Debe cuidar la cooperación transfronteriza y mantener intacta la conciencia de sus intereses nacionales.
Lo ruinoso es dar por suficiente un lenguaje de prosperidad compartida cuando la otra parte habla sin rodeos de soberanía, autonomía militar y objetivos nacionales. Ahí aparece el síntoma de una anemia estratégica.
La prosperidad solo es compartida de verdad cuando la relación no descansa sobre una asimetría consolidada a favor de uno y asumida resignadamente por el otro.
Gibraltar importa, en fin, por lo que es y por lo que enseña. La defensa no puede reducirse a uniformes, ni la seguridad a tranquilidad momentánea, tampoco la estrategia a una sucesión de respuestas tácticas. Muestra que la geografía sigue mandando, que los aliados no dejan de tener intereses propios y que una nación sin esa continuidad estratégica acaba convirtiendo sus mejores razones en simples memorias del agravio. España no necesita protestas vacías, ni consignas, ni nostalgia imperial. Requiere claridad, duración y sentido de Estado. Obliga a recordar que la soberanía no se declama, se ejerce. Y que, en el Estrecho, como en casi todo lo que cuenta de verdad, primero pierde el que se acostumbra a no pensar en términos de poder.
