ALMERÍA HOY / 23·04·2026
La batalla por la permanencia del monumento a los Mártires de la Libertad en la plaza Vieja de Almería ha concluido con una mezcla de victoria social y sanción económica. La asociación Amigos de la Alcazaba ha hecho público el abono de los 1.000 euros en costas judiciales derivados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un pago que asumen como el precio final de una movilización que, tras siete años de conflicto, ha conseguido blindar la presencia del monumento y el arbolado en su ubicación histórica.
El triunfo de la movilización ciudadana frente al proyecto de plaza diáfana
El conflicto se originó en 2018 ante la intención municipal de transformar la plaza Vieja en un espacio diáfano para eventos y terrazas, lo que implicaba la eliminación de los árboles y el traslado del monumento. Frente a este plan, la respuesta social fue contundente: se recogieron 23.000 firmas y se presentaron 117 alegaciones. Estos logros ciudadanos han permitido que, a pesar de la resistencia inicial del consistorio, la fisonomía de uno de los espacios más emblemáticos de Almería permanezca intacta.
La paradoja judicial: pagar por una protección que finalmente se concede
La sanción económica de 1.000 euros proviene de un recurso interpuesto por la asociación cuando el Ayuntamiento "olvidó" incluir el Pingurucho en el catálogo de bienes protegidos. Aunque el tribunal falló a favor de la potestad municipal para decidir qué proteger, la realidad política se vio forzada a cambiar. Solo meses después de celebrarse la sentencia condenatoria, el Ayuntamiento ha incluido finalmente el monumento en su nueva ampliación del Catálogo Municipal de Bienes Protegidos, dándole la razón en la práctica a quienes hoy pagan la multa.
Un compromiso con el patrimonio financiado con recursos propios
Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba, subraya que la defensa de la plaza Vieja ha requerido tres acciones judiciales y un inmenso esfuerzo de voluntariado. La declaración del monumento como Lugar de Memoria Democrática fue el espaldarazo definitivo para garantizar su permanencia y permitir el traslado de los restos de los mártires. Para el colectivo, estos 1.000 euros no son una derrota, sino el testimonio del coste real que asumen las asociaciones altruistas para suplir la falta de fervor patrimonial de las administraciones.
El triunfo de la movilización ciudadana frente al proyecto de plaza diáfana
El conflicto se originó en 2018 ante la intención municipal de transformar la plaza Vieja en un espacio diáfano para eventos y terrazas, lo que implicaba la eliminación de los árboles y el traslado del monumento. Frente a este plan, la respuesta social fue contundente: se recogieron 23.000 firmas y se presentaron 117 alegaciones. Estos logros ciudadanos han permitido que, a pesar de la resistencia inicial del consistorio, la fisonomía de uno de los espacios más emblemáticos de Almería permanezca intacta.
La paradoja judicial: pagar por una protección que finalmente se concede
La sanción económica de 1.000 euros proviene de un recurso interpuesto por la asociación cuando el Ayuntamiento "olvidó" incluir el Pingurucho en el catálogo de bienes protegidos. Aunque el tribunal falló a favor de la potestad municipal para decidir qué proteger, la realidad política se vio forzada a cambiar. Solo meses después de celebrarse la sentencia condenatoria, el Ayuntamiento ha incluido finalmente el monumento en su nueva ampliación del Catálogo Municipal de Bienes Protegidos, dándole la razón en la práctica a quienes hoy pagan la multa.
Un compromiso con el patrimonio financiado con recursos propios
Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba, subraya que la defensa de la plaza Vieja ha requerido tres acciones judiciales y un inmenso esfuerzo de voluntariado. La declaración del monumento como Lugar de Memoria Democrática fue el espaldarazo definitivo para garantizar su permanencia y permitir el traslado de los restos de los mártires. Para el colectivo, estos 1.000 euros no son una derrota, sino el testimonio del coste real que asumen las asociaciones altruistas para suplir la falta de fervor patrimonial de las administraciones.
