ALMERÍA HOY / 01·04·2026
El panorama judicial de Almería ha iniciado 2026 bajo un cambio de paradigma estructural tras la desaparición de los tradicionales juzgados de Primera Instancia e Instrucción, ahora integrados en los nuevos tribunales de instancia. Este giro organizativo coincide con la publicación de los datos definitivos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2025, el último año del modelo anterior, que sitúan a la provincia como uno de los territorios con menor tasa de pleitos en comparación con el resto de Andalucía y el conjunto del país.
Durante el pasado ejercicio, la provincia almeriense registró una media de 141,51 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es notablemente inferior a la media nacional de 153,70 y se aleja de forma significativa de los 158,15 puntos que promedia la comunidad andaluza. De hecho, Almería ha experimentado un descenso de casi seis puntos y medio en este indicador respecto a los datos de 2024, lo que se traduce en que aproximadamente uno de cada siete almerienses tuvo contacto con el sistema judicial el año pasado.
En términos globales, los órganos de la provincia tramitaron 108.697 nuevos expedientes, lo que supone una reducción del 3,2% en la carga de trabajo de entrada respecto al año anterior. Este descenso en la entrada de causas es el tercero más pronunciado de toda Andalucía, solo superado por los retrocesos registrados en Málaga y Cádiz. Por jurisdicciones, el ámbito civil sigue siendo el mayoritario al concentrar el 45% de la actividad, aunque ha logrado mejorar sus indicadores de eficiencia al reducir la pendencia en un 7,4% y elevar la resolución de casos un 10%.
No obstante, el balance presenta claroscuros según el área analizada. Mientras que los juzgados de lo Social y lo Contencioso-Administrativo consiguieron rebajar sus niveles de congestión pese al aumento de demanda en este último, la jurisdicción penal muestra una tendencia inversa. El área penal cerró 2025 con más de 18.000 asuntos pendientes de resolución, lo que representa un incremento del 11% en la acumulación de casos, convirtiéndose en el principal reto para la nueva estructura judicial que acaba de echar a andar en la provincia.
Durante el pasado ejercicio, la provincia almeriense registró una media de 141,51 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es notablemente inferior a la media nacional de 153,70 y se aleja de forma significativa de los 158,15 puntos que promedia la comunidad andaluza. De hecho, Almería ha experimentado un descenso de casi seis puntos y medio en este indicador respecto a los datos de 2024, lo que se traduce en que aproximadamente uno de cada siete almerienses tuvo contacto con el sistema judicial el año pasado.
En términos globales, los órganos de la provincia tramitaron 108.697 nuevos expedientes, lo que supone una reducción del 3,2% en la carga de trabajo de entrada respecto al año anterior. Este descenso en la entrada de causas es el tercero más pronunciado de toda Andalucía, solo superado por los retrocesos registrados en Málaga y Cádiz. Por jurisdicciones, el ámbito civil sigue siendo el mayoritario al concentrar el 45% de la actividad, aunque ha logrado mejorar sus indicadores de eficiencia al reducir la pendencia en un 7,4% y elevar la resolución de casos un 10%.
No obstante, el balance presenta claroscuros según el área analizada. Mientras que los juzgados de lo Social y lo Contencioso-Administrativo consiguieron rebajar sus niveles de congestión pese al aumento de demanda en este último, la jurisdicción penal muestra una tendencia inversa. El área penal cerró 2025 con más de 18.000 asuntos pendientes de resolución, lo que representa un incremento del 11% en la acumulación de casos, convirtiéndose en el principal reto para la nueva estructura judicial que acaba de echar a andar en la provincia.
