ALMERÍA HOY / 17·03·2026
La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha dado luz verde a una moción que exige al Gobierno de España iniciar la descontaminación de los suelos radiactivos en Palomares, Almería. La iniciativa, que contó con el impulso del Partido Popular y el respaldo de la Izquierda Confederal, fue rechazada por el PSOE. El texto aprobado establece una hoja de ruta técnica que debería comenzar a ejecutarse en julio de 2027, planteando el almacenamiento provisional de las tierras afectadas en territorio nacional hasta que se concrete su traslado definitivo a Estados Unidos.
Viabilidad técnica y urgencia histórica
Durante el debate parlamentario, el senador Jesús Caicedo defendió que la rehabilitación es un proceso técnica y jurídicamente viable. Según el parlamentario, existe un plan de actuación diseñado por el Ciemat desde el año 2010 que solo requeriría actualizaciones mínimas. Caicedo subrayó que, tras seis décadas desde el accidente nuclear que dispersó nueve kilos de plutonio en la zona, es inaceptable seguir supeditando la limpieza a un acuerdo diplomático con Washington que no llega, señalando que ni la Declaración de Intenciones de 2015 ni los contactos posteriores entre España y Estados Unidos han dado resultados. La moción propone que España asuma la responsabilidad de habilitar los espacios necesarios para el depósito temporal de los residuos antes de que termine 2026.
Desde la perspectiva de los proponentes, la falta de una intervención inmediata supone un agravio para los 1.300 residentes de la pedanía y un riesgo reputacional para el país. Por ello, la Cámara Alta solicita que el Ministerio para la Transición Ecológica declare formalmente los terrenos como suelos contaminados bajo el principio de que quien contamina paga, señalando directamente a Estados Unidos como el responsable original del vertido.
Discrepancias sobre la gestión de residuos y seguridad
Por el contrario, el senador socialista José Antonio Valbuena justificó el voto negativo de su formación al considerar que la propuesta carece de profundidad técnica. Para el Grupo Socialista, el documento actual no constituye un plan operativo completo, ya que no detalla de forma rigurosa la gestión, catalogación y transporte de los materiales radiactivos. Valbuena rechazó la opción del almacenamiento temporal en España y defendió que cualquier solución debe ser fruto de una cooperación internacional profunda y bilateral con el Gobierno estadounidense.
Asimismo, el representante del PSOE envió un mensaje de tranquilidad a la población, negando que exista un peligro radiológico inminente para los habitantes o el entorno natural. En este sentido, apeló al rigor científico y pidió que no se cuestione la labor de vigilancia constante que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear en la zona desde hace décadas.
Transparencia y dotación presupuestaria
La resolución aprobada incluye también exigencias de transparencia, solicitando que toda la información del plan de rehabilitación sea pública y se someta a consulta de las organizaciones y personas afectadas. Además, el Senado reclama la creación de una partida presupuestaria plurianual que garantice la financiación de las labores de limpieza a partir de 2027. Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno deberá comparecer semestralmente ante la comisión correspondiente para informar sobre los avances en la recuperación de la zona de Almería.
Viabilidad técnica y urgencia histórica
Durante el debate parlamentario, el senador Jesús Caicedo defendió que la rehabilitación es un proceso técnica y jurídicamente viable. Según el parlamentario, existe un plan de actuación diseñado por el Ciemat desde el año 2010 que solo requeriría actualizaciones mínimas. Caicedo subrayó que, tras seis décadas desde el accidente nuclear que dispersó nueve kilos de plutonio en la zona, es inaceptable seguir supeditando la limpieza a un acuerdo diplomático con Washington que no llega, señalando que ni la Declaración de Intenciones de 2015 ni los contactos posteriores entre España y Estados Unidos han dado resultados. La moción propone que España asuma la responsabilidad de habilitar los espacios necesarios para el depósito temporal de los residuos antes de que termine 2026.
Desde la perspectiva de los proponentes, la falta de una intervención inmediata supone un agravio para los 1.300 residentes de la pedanía y un riesgo reputacional para el país. Por ello, la Cámara Alta solicita que el Ministerio para la Transición Ecológica declare formalmente los terrenos como suelos contaminados bajo el principio de que quien contamina paga, señalando directamente a Estados Unidos como el responsable original del vertido.
Discrepancias sobre la gestión de residuos y seguridad
Por el contrario, el senador socialista José Antonio Valbuena justificó el voto negativo de su formación al considerar que la propuesta carece de profundidad técnica. Para el Grupo Socialista, el documento actual no constituye un plan operativo completo, ya que no detalla de forma rigurosa la gestión, catalogación y transporte de los materiales radiactivos. Valbuena rechazó la opción del almacenamiento temporal en España y defendió que cualquier solución debe ser fruto de una cooperación internacional profunda y bilateral con el Gobierno estadounidense.
Asimismo, el representante del PSOE envió un mensaje de tranquilidad a la población, negando que exista un peligro radiológico inminente para los habitantes o el entorno natural. En este sentido, apeló al rigor científico y pidió que no se cuestione la labor de vigilancia constante que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear en la zona desde hace décadas.
Transparencia y dotación presupuestaria
La resolución aprobada incluye también exigencias de transparencia, solicitando que toda la información del plan de rehabilitación sea pública y se someta a consulta de las organizaciones y personas afectadas. Además, el Senado reclama la creación de una partida presupuestaria plurianual que garantice la financiación de las labores de limpieza a partir de 2027. Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno deberá comparecer semestralmente ante la comisión correspondiente para informar sobre los avances en la recuperación de la zona de Almería.
