Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para el primer edil
ALMERÍA HOY / 16·03·2026
La vista oral prevista para este lunes en la Audiencia Provincial de Almería contra el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha sido pospuesta hasta el próximo 7 de abril. El motivo del retraso ha sido la baja médica presentada el pasado viernes por el abogado del constructor que se sienta en el banquillo junto al regidor. Ante la imposibilidad de que el letrado asistiera a la sesión, el tribunal ha decidido suspender la jornada y fijar de inmediato la nueva fecha para el proceso.
Las claves de la acusación contra Ismael Torres
El Ministerio Fiscal solicita para el primer edil una condena de dos años y nueve meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. La acusación se centra en un presunto delito de prevaricación urbanística. Según la Fiscalía, Torres habría frenado de manera deliberada un expediente sancionador abierto por la Policía Local tras detectar la construcción de dos viviendas sin permiso en suelo no urbanizable de especial protección entre los años 2016 y 2017.
El escrito de acusación sostiene que el alcalde recibió la propuesta de los servicios municipales para iniciar el expediente el 13 de noviembre de 2017. Sin embargo, presuntamente rechazó firmar el documento digital con la anotación "voy a ver el expediente", manteniéndolo paralizado durante más de un año. No fue hasta diciembre de 2018 cuando el procedimiento se reactivó bajo el mandato de la entonces alcaldesa, Ángeles Castillo, tras prosperar una moción de censura.
Cargos contra el promotor y las obras en suelo rústico
Por su parte, el constructor implicado se enfrenta también a una petición de dos años y nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal detalla que las edificaciones, situadas en el camino del Potro, se levantaron sin ninguna licencia municipal en terrenos protegidos, posteriormente clasificados como suelo rústico preservado: una vivienda cuya estructura está dividida en cinco bloques que suman 134 metros cuadrados y una segunda edificación de 63 metros cuadrados junto a un pequeño almacén.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama para ambos acusados el pago de multas durante 18 meses y exige al promotor que sufrague la demolición de las obras, cuyo coste de reposición del terreno se ha valorado en 15.528,84 euros.
Las claves de la acusación contra Ismael Torres
El Ministerio Fiscal solicita para el primer edil una condena de dos años y nueve meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. La acusación se centra en un presunto delito de prevaricación urbanística. Según la Fiscalía, Torres habría frenado de manera deliberada un expediente sancionador abierto por la Policía Local tras detectar la construcción de dos viviendas sin permiso en suelo no urbanizable de especial protección entre los años 2016 y 2017.
El escrito de acusación sostiene que el alcalde recibió la propuesta de los servicios municipales para iniciar el expediente el 13 de noviembre de 2017. Sin embargo, presuntamente rechazó firmar el documento digital con la anotación "voy a ver el expediente", manteniéndolo paralizado durante más de un año. No fue hasta diciembre de 2018 cuando el procedimiento se reactivó bajo el mandato de la entonces alcaldesa, Ángeles Castillo, tras prosperar una moción de censura.
Cargos contra el promotor y las obras en suelo rústico
Por su parte, el constructor implicado se enfrenta también a una petición de dos años y nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal detalla que las edificaciones, situadas en el camino del Potro, se levantaron sin ninguna licencia municipal en terrenos protegidos, posteriormente clasificados como suelo rústico preservado: una vivienda cuya estructura está dividida en cinco bloques que suman 134 metros cuadrados y una segunda edificación de 63 metros cuadrados junto a un pequeño almacén.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama para ambos acusados el pago de multas durante 18 meses y exige al promotor que sufrague la demolición de las obras, cuyo coste de reposición del terreno se ha valorado en 15.528,84 euros.
