Las autoridades locales de municipios como Pulpí y Mojácar han denunciado la presencia recurrente de estas gomas en sus playas donde operan con impunidad
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| Gomas en Almería (Imagen de archivo) |
ALMERÍA HOY / 24·02·2026
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha iniciado un expediente gubernativo para analizar la creciente presencia de embarcaciones de alta velocidad en las costas de la comunidad. Esta medida administrativa constituye el paso previo a una posible investigación de oficio y responde a la inquietud generada por el uso de estas naves, cuya tenencia está prohibida en España desde el año 2018 debido a sus características técnicas vinculadas al narcotráfico.
Impunidad en Almería
La decisión del ministerio público se sustenta en la alarma social derivada de los continuos avistamientos en calas, puertos deportivos y cauces fluviales como el Guadalquivir, donde estas naves suelen buscar refugio durante los temporales. En este contexto, cobran especial relevancia los episodios denunciados en la provincia de Almería, donde las autoridades locales de municipios como Pulpí y Mojácar han alertado sobre la presencia recurrente de estas gomas en sus playas. Los alcaldes de ambas localidades han expresado públicamente su preocupación por la impunidad con la que estas embarcaciones operan cerca de la línea de costa, afectando a la seguridad y a la imagen de sus zonas turísticas.
Recopilación de datos fundamentales en redes sociales
Para la instrucción de este expediente, la fiscalía está recopilando datos procedentes de la policía adscrita, redes sociales y medios de comunicación. El objetivo es evaluar si la frecuencia de estos incidentes requiere una respuesta judicial coordinada que refuerce la vigilancia en puntos críticos del litoral almeriense y el resto de Andalucía. La fiscal considera que la exhibición de estas lanchas de gran potencia, que permanecen en ocasiones a la vista de los ciudadanos mientras esperan mejores condiciones marítimas para sus actividades ilícitas, requiere un análisis profundo de las capacidades de respuesta actuales.
Una vez procesada toda la información recabada sobre estos refugios temporales en calas de difícil acceso, la fiscalía determinará si existen indicios suficientes para judicializar los hechos. Esta actuación busca frenar el sentimiento de inseguridad que han manifestado tanto los representantes municipales de la costa de Almería como los colectivos vecinales afectados por la presencia de estas infraestructuras logísticas del crimen organizado.
Impunidad en Almería
La decisión del ministerio público se sustenta en la alarma social derivada de los continuos avistamientos en calas, puertos deportivos y cauces fluviales como el Guadalquivir, donde estas naves suelen buscar refugio durante los temporales. En este contexto, cobran especial relevancia los episodios denunciados en la provincia de Almería, donde las autoridades locales de municipios como Pulpí y Mojácar han alertado sobre la presencia recurrente de estas gomas en sus playas. Los alcaldes de ambas localidades han expresado públicamente su preocupación por la impunidad con la que estas embarcaciones operan cerca de la línea de costa, afectando a la seguridad y a la imagen de sus zonas turísticas.
Recopilación de datos fundamentales en redes sociales
Para la instrucción de este expediente, la fiscalía está recopilando datos procedentes de la policía adscrita, redes sociales y medios de comunicación. El objetivo es evaluar si la frecuencia de estos incidentes requiere una respuesta judicial coordinada que refuerce la vigilancia en puntos críticos del litoral almeriense y el resto de Andalucía. La fiscal considera que la exhibición de estas lanchas de gran potencia, que permanecen en ocasiones a la vista de los ciudadanos mientras esperan mejores condiciones marítimas para sus actividades ilícitas, requiere un análisis profundo de las capacidades de respuesta actuales.
Una vez procesada toda la información recabada sobre estos refugios temporales en calas de difícil acceso, la fiscalía determinará si existen indicios suficientes para judicializar los hechos. Esta actuación busca frenar el sentimiento de inseguridad que han manifestado tanto los representantes municipales de la costa de Almería como los colectivos vecinales afectados por la presencia de estas infraestructuras logísticas del crimen organizado.
