El delegado de Inclusión Social "habría dirigido una empresa privada mientras ocupaba su cargo en la Junta, incluso su empresa recibió 370.000 euros en contratos públicos mientras él ya ejercía como delegado territorial"
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| Mateo Hernández (PSOE) |
ALMERÍA HOY / 10·02·2026
El parlamentario autonómico del PSOE de Almería, Mateo Hernández, ha formalizado ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra Francisco González Bellido, actual delegado territorial de Inclusión Social y secretario general del Partido Popular de Almería. Los socialistas reclaman su destitución inmediata al considerar que existen indicios de irregularidades graves relacionadas con la compatibilidad de sus funciones públicas y sus intereses privados.
Según la documentación aportada por la formación socialista, González Bellido habría mantenido su puesto como administrador de una mercantil privada durante más de cuatro meses tras su nombramiento como alto cargo de la Junta de Andalucía en septiembre de 2022. Mateo Hernández subraya que esta situación, que no aparecía reflejada en su declaración pública de bienes, vulnera presuntamente la exigencia de dedicación exclusiva que requiere su actual responsabilidad institucional.
La denuncia adquiere mayor calado al desvelar que, en ese mismo periodo de convivencia entre el cargo público y la gestión empresarial, la mercantil en cuestión recibió adjudicaciones de la Diputación Provincial de Almería. En concreto, el PSOE señala contratos vinculados a la marca Sabores Almería por un importe de 120.000 euros, elevando la cifra total de adjudicaciones a 370.000 euros en menos de un año.
Desde el PSOE vinculan estos hechos con la etapa de gestión de Javier Aureliano García y Fernando Giménez en la institución provincial, ambos bajo investigación judicial en una presunta trama de corrupción. Hernández ha criticado que estas adjudicaciones se produjeran bajo el mando de responsables ahora investigados por delitos de cohecho y malversación, lo que, a su juicio, agrava la sospecha sobre la limpieza en la contratación.
Ante lo que califican como pruebas suficientes, los socialistas urgen al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a que aparte de sus funciones al delegado territorial. El parlamentario socialista ha lamentado la negativa del Partido Popular a crear comisiones de investigación tanto en la Diputación como en el Parlamento andaluz, lo que interpretan como un intento de obstaculizar la fiscalización de estos procesos.
Según la documentación aportada por la formación socialista, González Bellido habría mantenido su puesto como administrador de una mercantil privada durante más de cuatro meses tras su nombramiento como alto cargo de la Junta de Andalucía en septiembre de 2022. Mateo Hernández subraya que esta situación, que no aparecía reflejada en su declaración pública de bienes, vulnera presuntamente la exigencia de dedicación exclusiva que requiere su actual responsabilidad institucional.
La denuncia adquiere mayor calado al desvelar que, en ese mismo periodo de convivencia entre el cargo público y la gestión empresarial, la mercantil en cuestión recibió adjudicaciones de la Diputación Provincial de Almería. En concreto, el PSOE señala contratos vinculados a la marca Sabores Almería por un importe de 120.000 euros, elevando la cifra total de adjudicaciones a 370.000 euros en menos de un año.
Desde el PSOE vinculan estos hechos con la etapa de gestión de Javier Aureliano García y Fernando Giménez en la institución provincial, ambos bajo investigación judicial en una presunta trama de corrupción. Hernández ha criticado que estas adjudicaciones se produjeran bajo el mando de responsables ahora investigados por delitos de cohecho y malversación, lo que, a su juicio, agrava la sospecha sobre la limpieza en la contratación.
Ante lo que califican como pruebas suficientes, los socialistas urgen al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a que aparte de sus funciones al delegado territorial. El parlamentario socialista ha lamentado la negativa del Partido Popular a crear comisiones de investigación tanto en la Diputación como en el Parlamento andaluz, lo que interpretan como un intento de obstaculizar la fiscalización de estos procesos.
