ALMERÍA HOY / 13·01·2026
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha recogido este lunes la publicación íntegra de la normativa urbanística que cataloga el sector de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección. Este movimiento administrativo supone la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras, cumpliendo finalmente con las exigencias judiciales de protección ambiental para este entorno natural.
Cumplimiento del mandato judicial
La inserción del texto en el boletín se ha realizado dentro del límite temporal establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que fijó el 19 de enero como fecha tope. De no haberse cumplido, el alcalde del municipio, Salvador Hernández, se enfrentaba a multas coercitivas de 1.000 euros por cada veinte días de retraso.
Con este paso, el consistorio acata de forma oficial la anulación de la ordenación de los sectores S-T1 (El Algarrobico) y S-T2 (El Canillar). Esta reforma del planeamiento municipal da respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2018, que ratificaba un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras las denuncias de colectivos ecologistas.
Detalles de la modificación urbanística
El documento ahora vigente anula y archiva definitivamente ambos sectores en el PGOU, integrándolos como espacios protegidos tanto en la memoria general como en la cartografía oficial. Según la resolución los cambios ya figuran en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, igualmente se ha realizado la anotación correspondiente en el registro autonómico con fecha de septiembre de 2025. La versión actualizada incluye la corrección de errores tipográficos detectados en el borrador de marzo del año pasado.
La licencia del hotel, un frente aún abierto
A pesar de este avance urbanístico, la situación jurídica del hotel construido por Azata del Sol sigue siendo compleja. Desde Greenpeace España, el abogado José Ignacio Domínguez ha advertido que el expediente para la revisión de oficio de la licencia de obras ha caducado.
Según la organización, el plazo de seis meses expiró el pasado 11 de enero sin que el ayuntamiento lograra resolverlo, presuntamente por enviar documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía. El colectivo ecologista lamenta que, tras décadas de litigios y múltiples sentencias del Supremo, todavía quede pendiente la anulación formal del permiso de construcción por parte del ayuntamiento.
Ante este escenario, los ecologistas han solicitado al TSJA que obligue al consistorio a iniciar un nuevo expediente de revisión, lo que supone un nuevo capítulo en la larga trayectoria administrativa de este polémico complejo.
Cumplimiento del mandato judicial
La inserción del texto en el boletín se ha realizado dentro del límite temporal establecido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que fijó el 19 de enero como fecha tope. De no haberse cumplido, el alcalde del municipio, Salvador Hernández, se enfrentaba a multas coercitivas de 1.000 euros por cada veinte días de retraso.
Con este paso, el consistorio acata de forma oficial la anulación de la ordenación de los sectores S-T1 (El Algarrobico) y S-T2 (El Canillar). Esta reforma del planeamiento municipal da respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2018, que ratificaba un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras las denuncias de colectivos ecologistas.
Detalles de la modificación urbanística
El documento ahora vigente anula y archiva definitivamente ambos sectores en el PGOU, integrándolos como espacios protegidos tanto en la memoria general como en la cartografía oficial. Según la resolución los cambios ya figuran en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, igualmente se ha realizado la anotación correspondiente en el registro autonómico con fecha de septiembre de 2025. La versión actualizada incluye la corrección de errores tipográficos detectados en el borrador de marzo del año pasado.
La licencia del hotel, un frente aún abierto
A pesar de este avance urbanístico, la situación jurídica del hotel construido por Azata del Sol sigue siendo compleja. Desde Greenpeace España, el abogado José Ignacio Domínguez ha advertido que el expediente para la revisión de oficio de la licencia de obras ha caducado.
Según la organización, el plazo de seis meses expiró el pasado 11 de enero sin que el ayuntamiento lograra resolverlo, presuntamente por enviar documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía. El colectivo ecologista lamenta que, tras décadas de litigios y múltiples sentencias del Supremo, todavía quede pendiente la anulación formal del permiso de construcción por parte del ayuntamiento.
Ante este escenario, los ecologistas han solicitado al TSJA que obligue al consistorio a iniciar un nuevo expediente de revisión, lo que supone un nuevo capítulo en la larga trayectoria administrativa de este polémico complejo.
