La mujer había encadenado un total de 25 contratos temporales que el tribunal ha calificado como fraude de ley
ALMERÍA HOY / 27·01·2026
El Juzgado de lo Social número 4 de Almería ha propinado un nuevo revés judicial a Correos al declarar improcedente el despido de una empleada que acumulaba dos décadas de vinculación con la entidad. La sentencia reconoce la antigüedad de la trabajadora desde el año 2005, tras haber encadenado un total de 25 contratos temporales que el tribunal ha calificado como fraude de ley. Ante el fallo, la empresa pública ha renunciado a la readmisión y ha optado por abonar una indemnización de 26.693 euros, admitiendo así un despido tácito que carecía de causa legal o carta formal.
Críticas a la gestión de fondos públicos
El procedimiento, liderado por el gabinete jurídico del sindicato Sipcte, pone de relieve el uso sistemático de la temporalidad en la provincia. El responsable sindical en Almería, Paco Sabio, se ha mostrado muy crítico con la postura de la dirección al afirmar que "Correos vuelve a hacer lo mismo: despedir mal, perder en los juzgados y pagar con dinero público". Según el representante de los trabajadores, la empresa prefiere recurrir al talonario antes que corregir su política de personal, asegurando que "prefieren indemnizar antes de reconocer el fraude y readmitir".
Para el sindicato, la negativa de la empresa pública a reincorporar a la empleada es una estrategia para evitar un precedente sobre la estabilidad de la plantilla. Sabio sostiene que “no readmiten porque readmitir sería reconocer que esa plaza es estructural y que llevan años actuando fuera de la ley”. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, es vista por la organización como parte de una metodología habitual de contratación en la provincia de Almería que termina costando miles de euros a las arcas estatales.
Un sistema basado en la precariedad
La sentencia aplica la doctrina de la unidad esencial del vínculo, que impide a las empresas romper la antigüedad real de un trabajador mediante el encadenamiento de contratos breves. Desde Sipcte insisten en que este fallo es solo la punta del iceberg de un problema estructural. El responsable sindical advierte que "esto no va de una trabajadora, va de un sistema basado en la temporalidad fraudulenta", y vaticina que, de no cambiar el rumbo, "hoy pagan 26.000 euros; mañana serán más sentencias y más indemnizaciones".
Finalmente, el sindicato ha hecho un llamamiento a otros empleados en situaciones similares para que acudan a la vía judicial. Bajo la premisa de que "cuando se denuncia, se gana", Paco Sabio concluye que la única forma de frenar estos abusos es la acción legal, ya que "lo que no puede seguir pasando es que el miedo salga más barato que la ilegalidad". Por ello, la organización ha anunciado que intensificará las demandas contra el abuso de la contratación temporal en los centros de trabajo de la capital y la provincia.
Críticas a la gestión de fondos públicos
El procedimiento, liderado por el gabinete jurídico del sindicato Sipcte, pone de relieve el uso sistemático de la temporalidad en la provincia. El responsable sindical en Almería, Paco Sabio, se ha mostrado muy crítico con la postura de la dirección al afirmar que "Correos vuelve a hacer lo mismo: despedir mal, perder en los juzgados y pagar con dinero público". Según el representante de los trabajadores, la empresa prefiere recurrir al talonario antes que corregir su política de personal, asegurando que "prefieren indemnizar antes de reconocer el fraude y readmitir".
Para el sindicato, la negativa de la empresa pública a reincorporar a la empleada es una estrategia para evitar un precedente sobre la estabilidad de la plantilla. Sabio sostiene que “no readmiten porque readmitir sería reconocer que esa plaza es estructural y que llevan años actuando fuera de la ley”. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, es vista por la organización como parte de una metodología habitual de contratación en la provincia de Almería que termina costando miles de euros a las arcas estatales.
Un sistema basado en la precariedad
La sentencia aplica la doctrina de la unidad esencial del vínculo, que impide a las empresas romper la antigüedad real de un trabajador mediante el encadenamiento de contratos breves. Desde Sipcte insisten en que este fallo es solo la punta del iceberg de un problema estructural. El responsable sindical advierte que "esto no va de una trabajadora, va de un sistema basado en la temporalidad fraudulenta", y vaticina que, de no cambiar el rumbo, "hoy pagan 26.000 euros; mañana serán más sentencias y más indemnizaciones".
Finalmente, el sindicato ha hecho un llamamiento a otros empleados en situaciones similares para que acudan a la vía judicial. Bajo la premisa de que "cuando se denuncia, se gana", Paco Sabio concluye que la única forma de frenar estos abusos es la acción legal, ya que "lo que no puede seguir pasando es que el miedo salga más barato que la ilegalidad". Por ello, la organización ha anunciado que intensificará las demandas contra el abuso de la contratación temporal en los centros de trabajo de la capital y la provincia.
