ALMERÍA HOY / 18·12·2025
Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha revelado la existencia de sospechas fundadas sobre un posible beneficio económico obtenido por Ana Julia Quezada. Según Ramírez, existen indicios de que la condenada habría percibido un pago anticipado por participar en la grabación de un documental desde la prisión de Brieva, donde cumple la pena de prisión permanente revisable.
Embargo de ingresos para Ana Julia
Estas declaraciones, realizadas en una entrevista para Canal Sur TV que recoge Europa Press, coinciden con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Almería. El tribunal ha rechazado el recurso de la defensa de Quezada y ha ratificado el embargo de su peculio (el dinero para gastos personales en prisión) y de cualquier otro ingreso futuro. La justicia determina que, al tener sus necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario, cualquier excedente debe destinarse prioritariamente a pagar la indemnización de 500.000 euros que adeuda a los padres del menor.
Falta de información y presuntas irregularidades
Ramírez ha expresado su malestar por la falta de transparencia oficial respecto a la situación de la interna. A través de terceros, la madre de Gabriel ha tenido conocimiento de supuestas irregularidades en el centro penitenciario tales como uso de videollamadas no autorizadas para la producción audiovisual; la posesión de dispositivos de telefonía y el hecho de que la condenada lleva tres años trabajando en prisión sin que esos ingresos se hayan destinado al pago de su responsabilidad civil.
"Si no tiene para fumar, que se fastidie", ha aseverado Ramírez, insistiendo en que la asesina de su hijo debe cumplir su condena sin privilegios y respetando el Estatuto de la Víctima.
Rastreo de bienes en el extranjero
Siete años después del crimen cometido en Níjar, la familia sigue reclamando que se investigue el patrimonio de Quezada fuera de España. Patricia Ramírez lamenta la falta de avances en la localización de una vivienda en la República Dominicana, una pista que, según denuncia, no ha sido agotada por las autoridades competentes.
La sentencia de 2019, además de la pena privativa de libertad, impuso a Quezada el pago de 250.000 euros a cada progenitor por daños morales, a lo que se suman más de 200.000 euros por los gastos que originó la búsqueda del niño en febrero de 2018
Embargo de ingresos para Ana Julia
Estas declaraciones, realizadas en una entrevista para Canal Sur TV que recoge Europa Press, coinciden con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Almería. El tribunal ha rechazado el recurso de la defensa de Quezada y ha ratificado el embargo de su peculio (el dinero para gastos personales en prisión) y de cualquier otro ingreso futuro. La justicia determina que, al tener sus necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario, cualquier excedente debe destinarse prioritariamente a pagar la indemnización de 500.000 euros que adeuda a los padres del menor.
Falta de información y presuntas irregularidades
Ramírez ha expresado su malestar por la falta de transparencia oficial respecto a la situación de la interna. A través de terceros, la madre de Gabriel ha tenido conocimiento de supuestas irregularidades en el centro penitenciario tales como uso de videollamadas no autorizadas para la producción audiovisual; la posesión de dispositivos de telefonía y el hecho de que la condenada lleva tres años trabajando en prisión sin que esos ingresos se hayan destinado al pago de su responsabilidad civil.
"Si no tiene para fumar, que se fastidie", ha aseverado Ramírez, insistiendo en que la asesina de su hijo debe cumplir su condena sin privilegios y respetando el Estatuto de la Víctima.
Rastreo de bienes en el extranjero
Siete años después del crimen cometido en Níjar, la familia sigue reclamando que se investigue el patrimonio de Quezada fuera de España. Patricia Ramírez lamenta la falta de avances en la localización de una vivienda en la República Dominicana, una pista que, según denuncia, no ha sido agotada por las autoridades competentes.
La sentencia de 2019, además de la pena privativa de libertad, impuso a Quezada el pago de 250.000 euros a cada progenitor por daños morales, a lo que se suman más de 200.000 euros por los gastos que originó la búsqueda del niño en febrero de 2018
