ALMERÍA HOY / 25·11·2025
La representación legal del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha impugnado el procedimiento llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación derivada del 'Caso Mascarillas', que se centra en presuntas irregularidades en la contratación pública.
Los hechos se remontan al martes 18 de noviembre, cuando agentes de la UCO se personaron en la vivienda del regidor, procedieron a su detención por delitos como cohecho y malversación, y posteriormente realizaron un registro.
La defensa ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para solicitar la nulidad de las diligencias de entrada y registro, así como la detención del hijo del alcalde.
NULIDAD POR VULNERACIÓN DE DERECHOS
El letrado de Sánchez argumenta que la detención del hijo fue «carente de cobertura legal» al producirse antes de que comenzara el registro. Además, insisten en que se vulneró el derecho a la intimidad del alcalde, pues consideran que el auto de entrada y registro es demasiado amplio y poco específico, actuando como un «cheque en blanco» para los agentes.
El recurso critica que la autorización judicial permitía:
- Acceder y copiar comunicaciones privadas sin acotar (sin especificar fechas, interlocutores o temáticas), lo que, según la defensa, da acceso «indiscriminado a la totalidad de la vida digital y personal» del investigado.
- Modificar las credenciales de acceso a cuentas de correo, una medida calificada como «grave» y desproporcionada que supone una «expropiación de la identidad digital».
- Autorizar la transferencia de fondos o acceso a plataformas de criptoactivos, algo que, para los abogados, excede la función de investigación y se convierte en una medida cautelar de embargo sin amparo.
- Grabar durante el operativo y clonar terminales móviles de forma genérica, sin la debida ponderación judicial.
Por estas razones, la defensa solicita la nulidad de todas las actuaciones por haberse practicado sin la necesaria «cobertura legal ni judicial». Por el momento, se desconoce la postura de los abogados de otros implicados en el caso, como el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García.
Los hechos se remontan al martes 18 de noviembre, cuando agentes de la UCO se personaron en la vivienda del regidor, procedieron a su detención por delitos como cohecho y malversación, y posteriormente realizaron un registro.
La defensa ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para solicitar la nulidad de las diligencias de entrada y registro, así como la detención del hijo del alcalde.
NULIDAD POR VULNERACIÓN DE DERECHOS
El letrado de Sánchez argumenta que la detención del hijo fue «carente de cobertura legal» al producirse antes de que comenzara el registro. Además, insisten en que se vulneró el derecho a la intimidad del alcalde, pues consideran que el auto de entrada y registro es demasiado amplio y poco específico, actuando como un «cheque en blanco» para los agentes.
El recurso critica que la autorización judicial permitía:
- Acceder y copiar comunicaciones privadas sin acotar (sin especificar fechas, interlocutores o temáticas), lo que, según la defensa, da acceso «indiscriminado a la totalidad de la vida digital y personal» del investigado.
- Modificar las credenciales de acceso a cuentas de correo, una medida calificada como «grave» y desproporcionada que supone una «expropiación de la identidad digital».
- Autorizar la transferencia de fondos o acceso a plataformas de criptoactivos, algo que, para los abogados, excede la función de investigación y se convierte en una medida cautelar de embargo sin amparo.
- Grabar durante el operativo y clonar terminales móviles de forma genérica, sin la debida ponderación judicial.
Por estas razones, la defensa solicita la nulidad de todas las actuaciones por haberse practicado sin la necesaria «cobertura legal ni judicial». Por el momento, se desconoce la postura de los abogados de otros implicados en el caso, como el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García.
