ALMERÍA HOY / 07·11·2025
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha intensificado sus requerimientos para asegurar la ejecución de la sentencia que busca clasificar finalmente como no urbanizable el paraje de El Algarrobico, donde se ubica el polémico hotel.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha instado a la Diputación Provincial de Almería a detallar las acciones realizadas tras la orden judicial del pasado 17 de septiembre. Dicha orden exigía la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la normativa urbanística modificada para los sectores ST-1 y ST-2 (El Canillar). Esta publicación es crucial para restaurar el nivel de protección original, tal como confirmó una sentencia del Tribunal Supremo en 2018.
PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL PGOU
Mediante una providencia emitida el 5 de noviembre, el TSJA ha solicitado un oficio a la Diputación para que informe sobre los procedimientos seguidos para la publicación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobado en julio. La necesidad de este paso surge a raíz de una solicitud de la Junta de Andalucía para que se corrigiera la publicación inicial, al considerarla incompleta.
La Junta objetó que la publicación del 17 de septiembre solo se limitaba a señalar la disponibilidad del acuerdo plenario y la documentación técnica del expediente en enlaces de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carboneras. Según la Junta, esta fórmula no era suficiente, pues faltaba "el articulado íntegro de las normas urbanísticas".
El tribunal ha concedido un plazo de 15 días a la Diputación para que envíe "toda la documentación que se relacione con el contenido del informe".
Esta acción del TSJA se suma a una petición anterior realizada el 15 de octubre al Ayuntamiento de Carboneras para que rectificase el anuncio, siguiendo las advertencias de la Junta, y así la normativa urbanística pudiera tener plena efectividad. No obstante, no se han realizado nuevas publicaciones tras el plazo otorgado.
LA BÚSQUEDA DE SECRETARIO PARALIZA LA REVISIÓN DE LA LICENCIA
En paralelo al trámite urbanístico, el TSJA ha puesto en conocimiento de las partes involucradas las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras relativas a la falta de un secretario municipal para avanzar en el expediente de revisión de oficio de la licencia del hotel, otorgada en 2003 con "vicios de nulidad".
El tribunal había concedido cinco días al Consistorio para que detallara las medidas tomadas en los últimos cuatro meses para cumplir con la sentencia que obliga a revisar dicho permiso, preguntando "en especial" si el expediente ya había sido remitido al Consejo Consultivo de Andalucía.
El Ayuntamiento ha respondido presentando documentación que argumenta la dificultad para cubrir el puesto de secretario y detalla los procedimientos administrativos iniciados para solventar la vacante, incluyendo un concurso unitario abierto para las plazas de secretario, interventor y tesorero. También informó al tribunal de la denegación por parte de la Diputación de Almería de la asistencia jurídica solicitada para responder a la oposición formulada por la constructora Azata del Sol.
Pese a las dificultades, el alcalde ha reafirmado su compromiso de cumplir con "su obligación constitucional de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes".
CRÍTICAS POR PRESUNTA “CADUCIDAD” DEL EXPEDIENTE
Esta situación no satisface a las organizaciones ecologistas. Greenpeace ha solicitado al TSJA que imponga multas periódicas al alcalde, argumentando una presunta intención de dejar "caducar" el expediente iniciado.
La organización ecologista ha recordado que el Consejo Consultivo dispone de 30 días para emitir un dictamen una vez solicitado, pero ya han transcurrido más de tres meses de los seis de plazo que tiene el Ayuntamiento para resolver el expediente. Según Greenpeace, es "muy difícil que lo pueda finalizar antes del 11 de enero de 2026".
Desde la Junta de Andalucía también se ha criticado al Ayuntamiento por emplear "prácticas dilatorias" en la tramitación de la revisión de oficio, instando al tribunal a intervenir para garantizar la "debida ejecución" del fallo. La nulidad de la licencia municipal es un paso necesario que podría acelerar la demolición del hotel.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ha instado a la Diputación Provincial de Almería a detallar las acciones realizadas tras la orden judicial del pasado 17 de septiembre. Dicha orden exigía la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la normativa urbanística modificada para los sectores ST-1 y ST-2 (El Canillar). Esta publicación es crucial para restaurar el nivel de protección original, tal como confirmó una sentencia del Tribunal Supremo en 2018.
PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL PGOU
Mediante una providencia emitida el 5 de noviembre, el TSJA ha solicitado un oficio a la Diputación para que informe sobre los procedimientos seguidos para la publicación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobado en julio. La necesidad de este paso surge a raíz de una solicitud de la Junta de Andalucía para que se corrigiera la publicación inicial, al considerarla incompleta.
La Junta objetó que la publicación del 17 de septiembre solo se limitaba a señalar la disponibilidad del acuerdo plenario y la documentación técnica del expediente en enlaces de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carboneras. Según la Junta, esta fórmula no era suficiente, pues faltaba "el articulado íntegro de las normas urbanísticas".
El tribunal ha concedido un plazo de 15 días a la Diputación para que envíe "toda la documentación que se relacione con el contenido del informe".
Esta acción del TSJA se suma a una petición anterior realizada el 15 de octubre al Ayuntamiento de Carboneras para que rectificase el anuncio, siguiendo las advertencias de la Junta, y así la normativa urbanística pudiera tener plena efectividad. No obstante, no se han realizado nuevas publicaciones tras el plazo otorgado.
LA BÚSQUEDA DE SECRETARIO PARALIZA LA REVISIÓN DE LA LICENCIA
En paralelo al trámite urbanístico, el TSJA ha puesto en conocimiento de las partes involucradas las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras relativas a la falta de un secretario municipal para avanzar en el expediente de revisión de oficio de la licencia del hotel, otorgada en 2003 con "vicios de nulidad".
El tribunal había concedido cinco días al Consistorio para que detallara las medidas tomadas en los últimos cuatro meses para cumplir con la sentencia que obliga a revisar dicho permiso, preguntando "en especial" si el expediente ya había sido remitido al Consejo Consultivo de Andalucía.
El Ayuntamiento ha respondido presentando documentación que argumenta la dificultad para cubrir el puesto de secretario y detalla los procedimientos administrativos iniciados para solventar la vacante, incluyendo un concurso unitario abierto para las plazas de secretario, interventor y tesorero. También informó al tribunal de la denegación por parte de la Diputación de Almería de la asistencia jurídica solicitada para responder a la oposición formulada por la constructora Azata del Sol.
Pese a las dificultades, el alcalde ha reafirmado su compromiso de cumplir con "su obligación constitucional de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes".
CRÍTICAS POR PRESUNTA “CADUCIDAD” DEL EXPEDIENTE
Esta situación no satisface a las organizaciones ecologistas. Greenpeace ha solicitado al TSJA que imponga multas periódicas al alcalde, argumentando una presunta intención de dejar "caducar" el expediente iniciado.
La organización ecologista ha recordado que el Consejo Consultivo dispone de 30 días para emitir un dictamen una vez solicitado, pero ya han transcurrido más de tres meses de los seis de plazo que tiene el Ayuntamiento para resolver el expediente. Según Greenpeace, es "muy difícil que lo pueda finalizar antes del 11 de enero de 2026".
Desde la Junta de Andalucía también se ha criticado al Ayuntamiento por emplear "prácticas dilatorias" en la tramitación de la revisión de oficio, instando al tribunal a intervenir para garantizar la "debida ejecución" del fallo. La nulidad de la licencia municipal es un paso necesario que podría acelerar la demolición del hotel.
