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J. A. SÁEZ CALVO
La Hispanidad no es un eslogan ni una nostalgia del pasado, es la idea de una comunidad histórica que se pensó a ambos lados del mar como parte de un mismo cuerpo político. No es casual que el 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz lo formularan con precisión jurídica: “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. El sentido es claro, un mismo sujeto, una misma ley, una aspiración de ciudadanía compartida en las dos orillas. No es un apéndice ultramarino, ni un establecimiento con una gestión aparte, sino un proyecto de integración que se expresó en papel público y que hoy podemos leer sin intermediarios, directamente y sin interpretaciones.
Para entender esa integración conviene empezar por lo elemental. La base de la estructura era la ciudad, y su diseño respondía a un propósito: fijar un marco estable de convivencia, justicia, culto, enseñanza, comercio y asistencia. Esa intención no se dejó en manos de la improvisación. Felipe II dictó en 1573 las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación, y ahí ordenó fundar con plano, elegir sitio sano, asegurar agua y madera, orientar calles, dimensionar la plaza mayor, colocar portales, reservar ejidos y prever edificios civiles y religiosos. El lenguaje es deliberadamente práctico en cuanto a cómo trazar, repartir, poblar, o sostener. Incluso se evitó el término “conquista” para subrayar que lo decisivo debía ser poblar en paz y con reglas. Es un programa de urbanismo aplicado, que dejó huella visible en el continente y que se puede seguir sobre plano en cada asentamiento hoy heredado y patrimonializado.
Esa primera fundación, con cabildo, plaza, parroquia y hospital, formó una escuela cotidiana de ciudadanía. La plaza reunió justicia y mercado; el cabildo deliberó y regló el suministro, el precio del pan, las obras públicas, la limpieza y el orden de fiestas; las cofradías sostuvieron hospitales y obras pías; las escuelas enseñaron primeras letras y doctrina; las universidades impartieron estudios mayores con grados reconocidos. Nada de esto fue solo un aspecto costumbrista y decorativo. La organización urbana transmitió hábitos como discutir asuntos comunes, pagar cargas, aprender oficios, asistir a enfermos, mantener acequias, sostener caminos y puentes. La vida pública se aprendía con el desarrollo diario, y ese aprendizaje nos legó documentación: actas, mandatos, padrones, libros de fábrica, cuentas de hospitales y expedientes de obra.
La arquitectura legal acompañó esa práctica. Las primeras normas que relacionaron la vida americana entraron en detalle en las áreas del trabajo, el descanso, la enseñanza y la tutela, con la idea de someter la fuerza a reglas. Las Leyes de Burgos (1512–1513) son el primer esfuerzo real por ordenar ese terreno; y en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, en una línea diáfana, declararon a los naturales “vasallos libres” que debían ser “bien tratados en sus personas e bienes”, con obligación de instruirlos. Este no es un detalle retórico, es el punto de partida de una cultura jurídica que reconoce a los indígenas como parte del orden civil, con derechos que pueden alegarse y defenderse.
A la vez, la Iglesia fijó límites doctrinales y prácticos. La bula Sublimis Deus (1537) afirmó la humanidad y libertad de los indios, y prohibió su reducción a servidumbre, referencia que luego impregna la normativa civil. Y los concilios, como el III de Lima, mandaron imprimir catecismos en quechua y aymara, porque el gobierno de almas y la enseñanza de la doctrina suponían hablar y escribir en las lenguas del lugar. La gramática y la traducción fueron herramientas de civilización, no solamente costumbristas. Los ejemplos abundan: el Arte de Molina en náhuatl, la Grammatica de Santo Tomás en lengua general del Perú, y la Doctrina Christiana del concilio limense son piezas que cualquiera puede consultar hoy, prueba material de una política de comunicación y enseñanza.
La ley cuidó, además, de instituir intérpretes para asegurar que los procesos fuesen inteligibles. La Recopilación de Indias, al compendiar la normativa, dedica un título entero a los traductores de lengua de indios. Así se describe quiénes pueden serlo, su remuneración, qué fidelidad se les exige y qué sanciones reciben si faltan a la verdad. Es claramente un reconocimiento de que el derecho, para ser justo, debe ser entendido y traducido con rigor. En las Leyes de Indias (1681) se puede leer “Que los Intérpretes de los naturales tengan las partes y calidades necesarias, y se les pague el salario”.
Otro punto que acostumbra a olvidarse es el de la propiedad y las tierras de los pueblos originarios. La documentación es extensa en mandatos para formar pueblos, delimitar ejidos y proteger bienes de comunidad, y exige formalidades estrictas para cualquier enajenación, precisamente para evitar abusos. La historiografía sobre terrenos adyacentes a los núcleos de población y fundos legales muestra con detalle el procedimiento de asignación, defendiendo tierras a favor de poblaciones indígenas en los siglos XVII y XVIII, y cómo funcionaron las composiciones de tierras y aguas. En las Ordenanzas de 1573 (Felipe II) encontramos “Elíjanse los sitios… sin perjuicio de los indios, por no los tener ocupados o porque ellos lo consientan de su voluntad”. Eso no borra conflictos ni tensiones locales, pero sí desautoriza la caricatura de la Leyenda Negra de un vaciamiento sistemático. La pauta general, con un mundo real de resistencias y triquiñuelas fue dotar a los pueblos de instrumentos legales para conservar su base material. Hoy en día no existen, ni de lejos, mundos ideales y en los inicios de la Era Moderna, con la construcción hispana, se tomó en cuenta hacer lo mejor que se pudo hacer con las circunstancias y el conocimiento del momento.
La asistencia y la enseñanza se pusieron en pie muy temprano, antes incluso de cualquier bonanza extractiva. En Santo Domingo, el Hospital San Nicolás de Bari se levanta a inicios del siglo XVI y deja una integración con la iglesia de Nuestra Señora de Gracias en la extensa y magnífica Ciudad o Zona Colonial, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. En México, el Hospital de Jesús, fundado en 1524, sigue activo siglos después. No son episodios sueltos, forman parte del mismo programa que atiende, enseña, cura y entierra, y que deja cuentas, reglamentos y patronatos. La red hospitalaria y universitaria explica por qué, cuando uno recorre los archivos, encuentra tanta letra en torno a enfermerías, boticas, médicos, cátedras y grados. La universidad de México y la de Lima, ambas de 1551, son hitos de ese impulso. Se trataba de enseñar y proveer de estudios superiores para gobernar, juzgar, curar y enseñar en el Nuevo Mundo.
Como todos, un sistema no es idílico. Hubo, como en cualquier sociedad, abusos, arbitrariedades y violencia. Pero lo importante es que se aplicó un método para crear resortes de corrección. Las Audiencias sirvieron de tribunal superior y freno, con días dedicados a causas independientemente del origen. Los juicios de residencia sometieron a examen público la gestión de gobernadores, oidores y oficiales al término de su mandato. El Protector de Indios articuló legalmente las quejas del más débil. Cuando se mira de verdad la historia y los legajos que duermen en las bibliotecas y archivos, y se deja a un lado la consigna, la política y la opinión sin respaldo, aparece una cultura burocrática que permitió corregir y, por momentos, sancionar con dureza comportamientos que el modelo rechazaba. Esta cultura del control explica que tantas veces uno halle expedientes con nombres propios, sanciones, reposiciones de tierras y restituciones de tributos. De nuevo, no borra sombras, pero dibuja otro patrón de fondo.
Esa manera de entender, dispersa en miles de cédulas y ordenanzas, se ordenó en el siglo XVII en un gran compendio legal, la Recopilación de 1680/81. Nueve libros, más de seis mil disposiciones, títulos por materias, fuentes citadas, cronología y autoridad de cada precepto. Lo fundamental no es la grandilocuencia del volumen, sino su utilidad cotidiana. El corregidor, el oidor o el cabildo podían consultar y encontrar criterio común para poblamiento, justicia, trabajo, escuelas, hospitales, mercados, minas, imprentas y hasta fiestas. El Estado, en el sentido clásico de “cosa pública”, actuó de forma escritural y previsible en un gobierno por papeles. Quien hoy quiera argumentar sin fanatismos puede abrir la edición facsimilar del BOE y leer por sí mismo.
También aquí el lenguaje importa. La orden de 1573 de no dar “título ni nombre de conquistas” a los descubrimientos para evitar que el nombre justificara fuerza o agravio no fue un gesto retórico, sino que encauzó el modo en que debían actuar quienes recibían licencia o poblar con plano, levantar urbes, predicar, enseñar, administrar justicia, proteger bienes y personas. Podemos encontrar en el texto “…no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hazer fuerça ni agravio a los Indios”. Esta semántica práctica la heredaron tanto el urbanismo como la administración de justicia, y se transparenta en miles de folios de actas y ordenanzas. Cuando la propaganda adversaria hablaba de exterminio, la documentación administrativa habla de poblar y pacificar. Y ahí están los papeles.
Las lenguas fueron un pilar fundamental. A la obligación de intérpretes se suma la evidencia material de gramáticas, vocabularios y catecismos en idiomas indígenas. La catolicidad (universalidad) se expresó aquí como esfuerzo sostenido de traducir y enseñar, sin mutilar el idioma del otro. Y la práctica dio frutos como fijar el léxico, se imprimieron libros, se formaron predicadores, profesores, pensadores que hablaban y escribían en la lengua general de su distrito. De nuevo, lo importante no son nuestras opiniones, lo relevante es la pieza documental, los ejemplares impresos que pueden descargarse hoy y que, ya en su portada, exhiben el propósito, que era explicar la fe y la vida cristiana en lengua local.
Conviene recordar un punto que a veces molesta a los seguidores de falsas leyendas: la mezcla. El mundo hispánico no se ordenó como un sistema de reservas raciales estancas. Hubo jerarquías y desigualdades, sí, pero la pauta más general fue incorporar matrimonios, oficios, milicias, cabildos y cofradías. Esa mezcla dejó huella sólida en los apellidos, gastronomías, músicas, devociones y fiestas. Y también miles de pleitos, títulos de tierras, inventarios, testamentos y protocolos notariales que nos permiten medir la continuidad de pueblos y barrios. Por eso sorprende que aún se repitan consignas de vaciamiento demográfico sistemático donde el rastro documental habla de poblamiento, parroquias, hospitales, mercados y escuelas.
Que la historia posterior con guerras, intereses y traiciones frustrara parte de esa apuesta, no borra el sentido del proyecto. Es importante decirlo con serenidad que la palabra “nación” de nuestra primera Constitución refleja una aspiración de unidad cívica que no nace de la nada, sino que se apoya en la red de provincias y virreinatos de una única Corona y en la gramática legal que se ha recorrido durante centurias.
¿Dónde quedan entonces los lugares comunes de la llamada leyenda negra? Nacieron de la guerra de la propaganda, prendieron porque se repitieron con talento y se conservaron porque halagan prejuicios. La salida no es cambiarlos por una leyenda blanca, sino abrir archivos, leer, aprender de nuestra historia. Ver las Disposiciones de 1573, leer el artículo 1 de 1812, repasar las Leyes Nuevas, revisar el título de intérpretes de la Recopilación. Asimismo, medir la configuración de las ciudades, visitar un hospital en funcionamiento desde el XVI, comprobando sus logros y prácticas pioneras para la medicina y estudiar de qué modo se protegieron tierras y cómo operaron las composiciones. Con esos papeles delante, el lector honesto descubre matices y cambia de tono.
La conclusión es sobria. La Hispanidad nació como una comunidad global que quiso civilizar, enseñar, cuidar, incorporar a la Corona mediante escuelas, hospitales y procedimientos de control del poder. No se niegan sombras y obliga a contarlas con rigor. Pero deja una enseñanza contemporánea de que el bien común se construye con norma pública, lengua, estructura y justicia. Si hoy se exige una toma de postura, que sea ésta, con menos consignas y más archivo abierto, con menos ira y más estudio, con menos tópicos y más comparación honesta. Lo demás, son repeticiones de una polémica europea que tiene cinco siglos y que ya no nos sirve para educar.
Para entender esa integración conviene empezar por lo elemental. La base de la estructura era la ciudad, y su diseño respondía a un propósito: fijar un marco estable de convivencia, justicia, culto, enseñanza, comercio y asistencia. Esa intención no se dejó en manos de la improvisación. Felipe II dictó en 1573 las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación, y ahí ordenó fundar con plano, elegir sitio sano, asegurar agua y madera, orientar calles, dimensionar la plaza mayor, colocar portales, reservar ejidos y prever edificios civiles y religiosos. El lenguaje es deliberadamente práctico en cuanto a cómo trazar, repartir, poblar, o sostener. Incluso se evitó el término “conquista” para subrayar que lo decisivo debía ser poblar en paz y con reglas. Es un programa de urbanismo aplicado, que dejó huella visible en el continente y que se puede seguir sobre plano en cada asentamiento hoy heredado y patrimonializado.
Esa primera fundación, con cabildo, plaza, parroquia y hospital, formó una escuela cotidiana de ciudadanía. La plaza reunió justicia y mercado; el cabildo deliberó y regló el suministro, el precio del pan, las obras públicas, la limpieza y el orden de fiestas; las cofradías sostuvieron hospitales y obras pías; las escuelas enseñaron primeras letras y doctrina; las universidades impartieron estudios mayores con grados reconocidos. Nada de esto fue solo un aspecto costumbrista y decorativo. La organización urbana transmitió hábitos como discutir asuntos comunes, pagar cargas, aprender oficios, asistir a enfermos, mantener acequias, sostener caminos y puentes. La vida pública se aprendía con el desarrollo diario, y ese aprendizaje nos legó documentación: actas, mandatos, padrones, libros de fábrica, cuentas de hospitales y expedientes de obra.
La arquitectura legal acompañó esa práctica. Las primeras normas que relacionaron la vida americana entraron en detalle en las áreas del trabajo, el descanso, la enseñanza y la tutela, con la idea de someter la fuerza a reglas. Las Leyes de Burgos (1512–1513) son el primer esfuerzo real por ordenar ese terreno; y en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, en una línea diáfana, declararon a los naturales “vasallos libres” que debían ser “bien tratados en sus personas e bienes”, con obligación de instruirlos. Este no es un detalle retórico, es el punto de partida de una cultura jurídica que reconoce a los indígenas como parte del orden civil, con derechos que pueden alegarse y defenderse.
A la vez, la Iglesia fijó límites doctrinales y prácticos. La bula Sublimis Deus (1537) afirmó la humanidad y libertad de los indios, y prohibió su reducción a servidumbre, referencia que luego impregna la normativa civil. Y los concilios, como el III de Lima, mandaron imprimir catecismos en quechua y aymara, porque el gobierno de almas y la enseñanza de la doctrina suponían hablar y escribir en las lenguas del lugar. La gramática y la traducción fueron herramientas de civilización, no solamente costumbristas. Los ejemplos abundan: el Arte de Molina en náhuatl, la Grammatica de Santo Tomás en lengua general del Perú, y la Doctrina Christiana del concilio limense son piezas que cualquiera puede consultar hoy, prueba material de una política de comunicación y enseñanza.
La ley cuidó, además, de instituir intérpretes para asegurar que los procesos fuesen inteligibles. La Recopilación de Indias, al compendiar la normativa, dedica un título entero a los traductores de lengua de indios. Así se describe quiénes pueden serlo, su remuneración, qué fidelidad se les exige y qué sanciones reciben si faltan a la verdad. Es claramente un reconocimiento de que el derecho, para ser justo, debe ser entendido y traducido con rigor. En las Leyes de Indias (1681) se puede leer “Que los Intérpretes de los naturales tengan las partes y calidades necesarias, y se les pague el salario”.
Otro punto que acostumbra a olvidarse es el de la propiedad y las tierras de los pueblos originarios. La documentación es extensa en mandatos para formar pueblos, delimitar ejidos y proteger bienes de comunidad, y exige formalidades estrictas para cualquier enajenación, precisamente para evitar abusos. La historiografía sobre terrenos adyacentes a los núcleos de población y fundos legales muestra con detalle el procedimiento de asignación, defendiendo tierras a favor de poblaciones indígenas en los siglos XVII y XVIII, y cómo funcionaron las composiciones de tierras y aguas. En las Ordenanzas de 1573 (Felipe II) encontramos “Elíjanse los sitios… sin perjuicio de los indios, por no los tener ocupados o porque ellos lo consientan de su voluntad”. Eso no borra conflictos ni tensiones locales, pero sí desautoriza la caricatura de la Leyenda Negra de un vaciamiento sistemático. La pauta general, con un mundo real de resistencias y triquiñuelas fue dotar a los pueblos de instrumentos legales para conservar su base material. Hoy en día no existen, ni de lejos, mundos ideales y en los inicios de la Era Moderna, con la construcción hispana, se tomó en cuenta hacer lo mejor que se pudo hacer con las circunstancias y el conocimiento del momento.
La asistencia y la enseñanza se pusieron en pie muy temprano, antes incluso de cualquier bonanza extractiva. En Santo Domingo, el Hospital San Nicolás de Bari se levanta a inicios del siglo XVI y deja una integración con la iglesia de Nuestra Señora de Gracias en la extensa y magnífica Ciudad o Zona Colonial, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. En México, el Hospital de Jesús, fundado en 1524, sigue activo siglos después. No son episodios sueltos, forman parte del mismo programa que atiende, enseña, cura y entierra, y que deja cuentas, reglamentos y patronatos. La red hospitalaria y universitaria explica por qué, cuando uno recorre los archivos, encuentra tanta letra en torno a enfermerías, boticas, médicos, cátedras y grados. La universidad de México y la de Lima, ambas de 1551, son hitos de ese impulso. Se trataba de enseñar y proveer de estudios superiores para gobernar, juzgar, curar y enseñar en el Nuevo Mundo.
Como todos, un sistema no es idílico. Hubo, como en cualquier sociedad, abusos, arbitrariedades y violencia. Pero lo importante es que se aplicó un método para crear resortes de corrección. Las Audiencias sirvieron de tribunal superior y freno, con días dedicados a causas independientemente del origen. Los juicios de residencia sometieron a examen público la gestión de gobernadores, oidores y oficiales al término de su mandato. El Protector de Indios articuló legalmente las quejas del más débil. Cuando se mira de verdad la historia y los legajos que duermen en las bibliotecas y archivos, y se deja a un lado la consigna, la política y la opinión sin respaldo, aparece una cultura burocrática que permitió corregir y, por momentos, sancionar con dureza comportamientos que el modelo rechazaba. Esta cultura del control explica que tantas veces uno halle expedientes con nombres propios, sanciones, reposiciones de tierras y restituciones de tributos. De nuevo, no borra sombras, pero dibuja otro patrón de fondo.
Esa manera de entender, dispersa en miles de cédulas y ordenanzas, se ordenó en el siglo XVII en un gran compendio legal, la Recopilación de 1680/81. Nueve libros, más de seis mil disposiciones, títulos por materias, fuentes citadas, cronología y autoridad de cada precepto. Lo fundamental no es la grandilocuencia del volumen, sino su utilidad cotidiana. El corregidor, el oidor o el cabildo podían consultar y encontrar criterio común para poblamiento, justicia, trabajo, escuelas, hospitales, mercados, minas, imprentas y hasta fiestas. El Estado, en el sentido clásico de “cosa pública”, actuó de forma escritural y previsible en un gobierno por papeles. Quien hoy quiera argumentar sin fanatismos puede abrir la edición facsimilar del BOE y leer por sí mismo.
También aquí el lenguaje importa. La orden de 1573 de no dar “título ni nombre de conquistas” a los descubrimientos para evitar que el nombre justificara fuerza o agravio no fue un gesto retórico, sino que encauzó el modo en que debían actuar quienes recibían licencia o poblar con plano, levantar urbes, predicar, enseñar, administrar justicia, proteger bienes y personas. Podemos encontrar en el texto “…no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hazer fuerça ni agravio a los Indios”. Esta semántica práctica la heredaron tanto el urbanismo como la administración de justicia, y se transparenta en miles de folios de actas y ordenanzas. Cuando la propaganda adversaria hablaba de exterminio, la documentación administrativa habla de poblar y pacificar. Y ahí están los papeles.
Las lenguas fueron un pilar fundamental. A la obligación de intérpretes se suma la evidencia material de gramáticas, vocabularios y catecismos en idiomas indígenas. La catolicidad (universalidad) se expresó aquí como esfuerzo sostenido de traducir y enseñar, sin mutilar el idioma del otro. Y la práctica dio frutos como fijar el léxico, se imprimieron libros, se formaron predicadores, profesores, pensadores que hablaban y escribían en la lengua general de su distrito. De nuevo, lo importante no son nuestras opiniones, lo relevante es la pieza documental, los ejemplares impresos que pueden descargarse hoy y que, ya en su portada, exhiben el propósito, que era explicar la fe y la vida cristiana en lengua local.
Conviene recordar un punto que a veces molesta a los seguidores de falsas leyendas: la mezcla. El mundo hispánico no se ordenó como un sistema de reservas raciales estancas. Hubo jerarquías y desigualdades, sí, pero la pauta más general fue incorporar matrimonios, oficios, milicias, cabildos y cofradías. Esa mezcla dejó huella sólida en los apellidos, gastronomías, músicas, devociones y fiestas. Y también miles de pleitos, títulos de tierras, inventarios, testamentos y protocolos notariales que nos permiten medir la continuidad de pueblos y barrios. Por eso sorprende que aún se repitan consignas de vaciamiento demográfico sistemático donde el rastro documental habla de poblamiento, parroquias, hospitales, mercados y escuelas.
Que la historia posterior con guerras, intereses y traiciones frustrara parte de esa apuesta, no borra el sentido del proyecto. Es importante decirlo con serenidad que la palabra “nación” de nuestra primera Constitución refleja una aspiración de unidad cívica que no nace de la nada, sino que se apoya en la red de provincias y virreinatos de una única Corona y en la gramática legal que se ha recorrido durante centurias.
¿Dónde quedan entonces los lugares comunes de la llamada leyenda negra? Nacieron de la guerra de la propaganda, prendieron porque se repitieron con talento y se conservaron porque halagan prejuicios. La salida no es cambiarlos por una leyenda blanca, sino abrir archivos, leer, aprender de nuestra historia. Ver las Disposiciones de 1573, leer el artículo 1 de 1812, repasar las Leyes Nuevas, revisar el título de intérpretes de la Recopilación. Asimismo, medir la configuración de las ciudades, visitar un hospital en funcionamiento desde el XVI, comprobando sus logros y prácticas pioneras para la medicina y estudiar de qué modo se protegieron tierras y cómo operaron las composiciones. Con esos papeles delante, el lector honesto descubre matices y cambia de tono.
La conclusión es sobria. La Hispanidad nació como una comunidad global que quiso civilizar, enseñar, cuidar, incorporar a la Corona mediante escuelas, hospitales y procedimientos de control del poder. No se niegan sombras y obliga a contarlas con rigor. Pero deja una enseñanza contemporánea de que el bien común se construye con norma pública, lengua, estructura y justicia. Si hoy se exige una toma de postura, que sea ésta, con menos consignas y más archivo abierto, con menos ira y más estudio, con menos tópicos y más comparación honesta. Lo demás, son repeticiones de una polémica europea que tiene cinco siglos y que ya no nos sirve para educar.
