Los hechos juzgados ocurrieron hace 19 años
ALMERÍA HOY / 23·10·2025
La Audiencia Provincial de Almería celebra este jueves la vista oral contra Jerónimo Robles, exalcalde del municipio almeriense de Dalías, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos relacionados con la construcción irregular de una guardería municipal y una sala de usos múltiples hace casi dos décadas.
La Fiscalía solicita para el exprimer edil, que gobernó bajo diversas siglas (PP, PAL y como independiente), una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, y cinco meses de prisión por malversación. La acusación se centra en las irregularidades cometidas en 2006, cuando el acusado habría ordenado "verbalmente" a una empresa constructora la ejecución de las obras sin incoar ningún procedimiento administrativo ni contar con el acuerdo plenario que era preceptivo.
OBRAS 'A DEDO' Y SIN ACUERDO DE PLENO
Según el escrito de acusación provisional, los hechos se remontan a 19 años atrás. El Ministerio Público sostiene que Jerónimo Robles, en su condición de máximo responsable municipal, encargó los trabajos para la guardería y la sala de usos múltiples sin tener competencias para ello, lo que supuso el inicio de las obras "ilegalmente acordadas" entre noviembre y diciembre de 2006.
El procedimiento legal exigía que este tipo de actuaciones urbanísticas y contratos fueran avalados por el Pleno municipal, algo que no ocurrió en el momento de dar la orden de inicio. La tesis fiscal apunta a que el acusado era plenamente "consciente" de la ilegalidad de su maniobra, pero siguió adelante con la construcción.
Una vez que las obras estuvieron en marcha, el exregidor habría intentado forzar su "cobertura" legal. Para ello, se sucedieron varios intentos de validación a través de sesiones plenarias, a menudo por la vía de urgencia, buscando una "apariencia de legalidad" para los trabajos ya iniciados.
MÚLTIPLES REPAROS DE INTERVENCIÓN
Una pieza central en la acusación son los constantes "reparos" emitidos por el secretario-interventor municipal ante los intentos del entonces alcalde de justificar las obras a posteriori.
En un primer momento, el 4 de diciembre de 2006, el Pleno aprobó de manera extraordinaria la primera fase de las obras para ser financiadas "con fondos del patrimonio municipal de suelo". Sin embargo, el interventor advirtió que el uso de dichos fondos para tal fin era "contrario a la legalidad" y que la división en fases no estaba justificada. Este acuerdo no se llegó a ejecutar.
Meses después, en enero y mayo de 2007, el exalcalde volvió a llevar a Pleno, también por la vía de urgencia, sendos proyectos y convenios urbanísticos. El objetivo era utilizar un procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de la guardería y su financiación, y en otro caso, buscar una permuta de suelo público con la constructora para saldar la deuda.
El fiscal subraya que, a pesar de las reiteradas advertencias de la Secretaría sobre la imposibilidad de emitir informes de legalidad y la "ilegalidad" de los convenios propuestos —algunos de ellos sin siquiera estar rubricados por los intervinientes—, la Corporación persistió en la tramitación. Se destaca que uno de los acuerdos "ocultaba la permuta ilegal de un bien inmueble" que, además, "carecía de valoración".
MALVERSACIÓN POR SOBREVALORACIÓN DE TERRENOS
Respecto al delito de malversación, la Fiscalía sostiene que la maniobra no solo fue ilegal en su procedimiento, sino que también causó un perjuicio económico al Ayuntamiento.
Los acuerdos fallidos buscaban pagar a la constructora mediante la cesión de varias parcelas y aprovechamientos de suelo público. El Ministerio Público cifra en 1.067.580,72 euros el valor real de los suelos que se pretendía entregar a la empresa, en contraste con los 788.572,47 euros en que supuestamente fueron valorados en los documentos. Esta diferencia, de 279.008,25 euros, representa el perjuicio que se habría causado al Ayuntamiento si la permuta se hubiese concretado.
Los documentos internos, elaborados por los servicios jurídicos a petición del acusado, indicaban una valoración de las fincas que, según el fiscal, "no respondió al valor real de ese patrimonio municipal" sino a "la negociación entre el acusado, responsables urbanísticos del ayuntamiento de Dalías y la empresa constructora". Es decir, se pactó un precio notablemente superior al real.
Finalmente, ninguno de los convenios urbanísticos presentados fueron aceptados ni firmados por la mercantil, que interpuso una demanda. La sentencia judicial condenó al Consistorio a pagar a la constructora una suma total de 993.189,92 euros por las obras ejecutadas.
El juicio se celebra este jueves en la Audiencia Provincial, mientras que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento para otros once investigados en la causa por la prescripción de los delitos.
La Fiscalía solicita para el exprimer edil, que gobernó bajo diversas siglas (PP, PAL y como independiente), una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, y cinco meses de prisión por malversación. La acusación se centra en las irregularidades cometidas en 2006, cuando el acusado habría ordenado "verbalmente" a una empresa constructora la ejecución de las obras sin incoar ningún procedimiento administrativo ni contar con el acuerdo plenario que era preceptivo.
OBRAS 'A DEDO' Y SIN ACUERDO DE PLENO
Según el escrito de acusación provisional, los hechos se remontan a 19 años atrás. El Ministerio Público sostiene que Jerónimo Robles, en su condición de máximo responsable municipal, encargó los trabajos para la guardería y la sala de usos múltiples sin tener competencias para ello, lo que supuso el inicio de las obras "ilegalmente acordadas" entre noviembre y diciembre de 2006.
El procedimiento legal exigía que este tipo de actuaciones urbanísticas y contratos fueran avalados por el Pleno municipal, algo que no ocurrió en el momento de dar la orden de inicio. La tesis fiscal apunta a que el acusado era plenamente "consciente" de la ilegalidad de su maniobra, pero siguió adelante con la construcción.
Una vez que las obras estuvieron en marcha, el exregidor habría intentado forzar su "cobertura" legal. Para ello, se sucedieron varios intentos de validación a través de sesiones plenarias, a menudo por la vía de urgencia, buscando una "apariencia de legalidad" para los trabajos ya iniciados.
MÚLTIPLES REPAROS DE INTERVENCIÓN
Una pieza central en la acusación son los constantes "reparos" emitidos por el secretario-interventor municipal ante los intentos del entonces alcalde de justificar las obras a posteriori.
En un primer momento, el 4 de diciembre de 2006, el Pleno aprobó de manera extraordinaria la primera fase de las obras para ser financiadas "con fondos del patrimonio municipal de suelo". Sin embargo, el interventor advirtió que el uso de dichos fondos para tal fin era "contrario a la legalidad" y que la división en fases no estaba justificada. Este acuerdo no se llegó a ejecutar.
Meses después, en enero y mayo de 2007, el exalcalde volvió a llevar a Pleno, también por la vía de urgencia, sendos proyectos y convenios urbanísticos. El objetivo era utilizar un procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de la guardería y su financiación, y en otro caso, buscar una permuta de suelo público con la constructora para saldar la deuda.
El fiscal subraya que, a pesar de las reiteradas advertencias de la Secretaría sobre la imposibilidad de emitir informes de legalidad y la "ilegalidad" de los convenios propuestos —algunos de ellos sin siquiera estar rubricados por los intervinientes—, la Corporación persistió en la tramitación. Se destaca que uno de los acuerdos "ocultaba la permuta ilegal de un bien inmueble" que, además, "carecía de valoración".
MALVERSACIÓN POR SOBREVALORACIÓN DE TERRENOS
Respecto al delito de malversación, la Fiscalía sostiene que la maniobra no solo fue ilegal en su procedimiento, sino que también causó un perjuicio económico al Ayuntamiento.
Los acuerdos fallidos buscaban pagar a la constructora mediante la cesión de varias parcelas y aprovechamientos de suelo público. El Ministerio Público cifra en 1.067.580,72 euros el valor real de los suelos que se pretendía entregar a la empresa, en contraste con los 788.572,47 euros en que supuestamente fueron valorados en los documentos. Esta diferencia, de 279.008,25 euros, representa el perjuicio que se habría causado al Ayuntamiento si la permuta se hubiese concretado.
Los documentos internos, elaborados por los servicios jurídicos a petición del acusado, indicaban una valoración de las fincas que, según el fiscal, "no respondió al valor real de ese patrimonio municipal" sino a "la negociación entre el acusado, responsables urbanísticos del ayuntamiento de Dalías y la empresa constructora". Es decir, se pactó un precio notablemente superior al real.
Finalmente, ninguno de los convenios urbanísticos presentados fueron aceptados ni firmados por la mercantil, que interpuso una demanda. La sentencia judicial condenó al Consistorio a pagar a la constructora una suma total de 993.189,92 euros por las obras ejecutadas.
El juicio se celebra este jueves en la Audiencia Provincial, mientras que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento para otros once investigados en la causa por la prescripción de los delitos.
