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| Vertedero ilegal en Roquetas |
ALMERÍA HOY / 24·09·2025
La Fiscalía de Almería ha solicitado una pena de tres años de prisión y una multa de casi 3,6 millones de euros para un empresario de la provincia, acusado de un delito agravado contra el medio ambiente. El gerente de una empresa de gestión de residuos habría acumulado de forma "incontrolada" y durante casi una década, toneladas de desechos en cinco parcelas en Roquetas de Mar.
La acusación señala que la acumulación de residuos plásticos, orgánicos de invernaderos y otras basuras "peligrosas" se produjo entre 2013 y septiembre de 2022. La zona afectada, el paraje de Las Palmerillas, sumaba cerca de dos hectáreas de terreno. La Fiscalía subraya el alto grado de contaminación detectado en el lugar, lo que ha justificado la petición de una multa millonaria calculada sobre el daño medioambiental.
Este caso, que se remonta a varios años de irregularidades, ya había sido objeto de investigación. Ya en octubre de 2022, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, actuando de forma provisional, precintó las instalaciones tras un expediente sancionador. En paralelo a la vía judicial, la Junta de Andalucía también abrió su propio procedimiento sancionador.
La Junta de Andalucía había estado siguiendo a esta empresa durante al menos una década. Según fuentes del Gobierno andaluz, se realizaron hasta nueve actuaciones por parte de los agentes de Medio Ambiente, entre denuncias e informes, debido a las presuntas irregularidades. Sin embargo, la instrucción de los expedientes se vio dificultada por los "cambios de denominación social de la empresa", lo que obligó a reactivar varios de ellos que se daban por caducados.
El último procedimiento sancionador, iniciado en agosto de 2022, se centró en una presunta infracción muy grave y otra grave, e incluyó una medida cautelar que prohibía a la empresa seguir recibiendo residuos. La sanción administrativa por la infracción muy grave podría haber alcanzado los 2,4 millones de euros, además de obligar a la empresa a restaurar el daño y entregar los residuos a gestores autorizados.
La investigación judicial, por su parte, se abrió a partir de los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que documentaron la acumulación de residuos con "potencial tóxico" como plásticos, restos de fitosanitarios y abonos. Las inspecciones revelaron la presencia de vertidos que podrían estar causando un "daño sustancial al suelo y las aguas subterráneas", ya que la superficie no contaba con ningún tratamiento o impermeabilización para contener los desechos. La investigación incluso detectó la presencia de compuestos contaminantes que podrían afectar a la salud de las personas.
La acusación señala que la acumulación de residuos plásticos, orgánicos de invernaderos y otras basuras "peligrosas" se produjo entre 2013 y septiembre de 2022. La zona afectada, el paraje de Las Palmerillas, sumaba cerca de dos hectáreas de terreno. La Fiscalía subraya el alto grado de contaminación detectado en el lugar, lo que ha justificado la petición de una multa millonaria calculada sobre el daño medioambiental.
Este caso, que se remonta a varios años de irregularidades, ya había sido objeto de investigación. Ya en octubre de 2022, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, actuando de forma provisional, precintó las instalaciones tras un expediente sancionador. En paralelo a la vía judicial, la Junta de Andalucía también abrió su propio procedimiento sancionador.
La Junta de Andalucía había estado siguiendo a esta empresa durante al menos una década. Según fuentes del Gobierno andaluz, se realizaron hasta nueve actuaciones por parte de los agentes de Medio Ambiente, entre denuncias e informes, debido a las presuntas irregularidades. Sin embargo, la instrucción de los expedientes se vio dificultada por los "cambios de denominación social de la empresa", lo que obligó a reactivar varios de ellos que se daban por caducados.
El último procedimiento sancionador, iniciado en agosto de 2022, se centró en una presunta infracción muy grave y otra grave, e incluyó una medida cautelar que prohibía a la empresa seguir recibiendo residuos. La sanción administrativa por la infracción muy grave podría haber alcanzado los 2,4 millones de euros, además de obligar a la empresa a restaurar el daño y entregar los residuos a gestores autorizados.
La investigación judicial, por su parte, se abrió a partir de los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que documentaron la acumulación de residuos con "potencial tóxico" como plásticos, restos de fitosanitarios y abonos. Las inspecciones revelaron la presencia de vertidos que podrían estar causando un "daño sustancial al suelo y las aguas subterráneas", ya que la superficie no contaba con ningún tratamiento o impermeabilización para contener los desechos. La investigación incluso detectó la presencia de compuestos contaminantes que podrían afectar a la salud de las personas.
