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J. A. SÁEZ CALVO
El Contrato Social no es una figura retórica; es la premisa que legitima el poder. Los ciudadanos obedecen leyes y pagan impuestos a cambio de derechos protegidos, seguridad jurídica, una justicia que funcione y un horizonte razonable de prosperidad. Hobbes imaginó ese pacto como salida del caos; Locke lo acotó a la defensa de vida, libertad y propiedad; Rousseau lo vinculó a la voluntad general; Rawls lo releyó con reglas diseñadas como si no supiéramos qué lugar ocuparíamos en la sociedad. Más allá de escuelas y épocas, todos comparten una idea simple y exigente: sin correspondencia verificable entre sacrificio ciudadano y resultados públicos, el acuerdo se cuartea.
Esa correspondencia se traduce en un instrumento que solemos tratar con ligereza: el programa electoral. No es un catálogo de deseos, sino un compromiso operativo con cuatro piezas mínimas. Primero, diagnóstico claro del problema. Segundo, medidas con objetivos, hitos y plazos. Tercero, números que incluyan coste, financiación, techo de gasto o de inversión y senda de deuda. Cuarto, evaluación con indicadores y palancas de corrección. Sin esto, el voto se queda sin control y el pacto cívico se vuelve un rito cíclico y periódico. Un Estado serio explica para qué recauda, en qué gasta, por qué se endeuda y cómo corrige. Y más en España, donde el desgaste es visible en la conversación pública, en la economía cotidiana y en la confianza institucional.
Primera fractura: la deuda. No es un porcentaje cualquiera, es impuesto diferido. Endeudarse puede ser razonable si financia capital con retorno. Hablamos de formación útil, de red eléctrica y logística para que la economía no se atranque, de I+D que convierta ciencia en valor, de una administración y una justicia digital que acorten tiempos y den certezas. Si, en cambio, la deuda paga gasto corriente, duplicidades o favores, entonces solo hipotecamos a los que vienen y degradamos el crédito del Estado. La sostenibilidad no es un tecnicismo contable, es la condición de cualquier política social que aspire a durar.
Segunda fisura: la inflación y el IRPF sin deflactar. No basta con que el IPC se modere. Lo que cuenta es la pérdida acumulada. Si no se actualizan los tramos, muchos contribuyentes saltan de escalón sin ganar poder adquisitivo. Es la llamada progresividad en frío “bracket creep”. La autoridad fiscal AIReF ha cuantificado el efecto en torno a mil ochocientos millones de euros al año. La conclusión es sencilla y poco polémica: si suben los precios y no hay ajuste, es como subir impuestos por la puerta de atrás. Así se erosiona el pacto sin decirlo, se castiga el salario medio y se alimenta una sensación de juego trucado que mina la confianza.
Tercera brecha: juventud y trabajo. España mantiene una tasa de paro juvenil por encima de la media europea. No es un mal de un mes, sino una trampa que combina temporalidad encubierta, parcialidad no deseada y rotación sin aprendizaje. Cuando el empleo deja de integrar, el acuerdo se rompe por la base generacional. Un país que empuja a su gente joven a la precariedad o a la emigración debilita productividad, pensiones y cohesión. También pierde ambición. El talento no florece espontáneamente; necesita continuidad, expectativas y un horizonte nítido de mérito y recompensa.
Cuarto aviso: calidad institucional. El Estado de derecho no se defiende solo. Sin límites a la discrecionalidad, sin transparencia con datos abiertos y sin justicia a tiempo y para todos, la igualdad ante la ley se evapora y lo que queda es obediencia selectiva. Los índices comparados detectan caídas que marcan tendencia. Este hecho debe invitar a un compromiso sobrio, nombramientos con mérito, órganos de control blindados, evaluación independiente de políticas y una cultura que valore la ley por encima del atajo. La credibilidad de un país empieza en su capacidad para tratar igual a quien piensa distinto.
Esa correspondencia se traduce en un instrumento que solemos tratar con ligereza: el programa electoral. No es un catálogo de deseos, sino un compromiso operativo con cuatro piezas mínimas. Primero, diagnóstico claro del problema. Segundo, medidas con objetivos, hitos y plazos. Tercero, números que incluyan coste, financiación, techo de gasto o de inversión y senda de deuda. Cuarto, evaluación con indicadores y palancas de corrección. Sin esto, el voto se queda sin control y el pacto cívico se vuelve un rito cíclico y periódico. Un Estado serio explica para qué recauda, en qué gasta, por qué se endeuda y cómo corrige. Y más en España, donde el desgaste es visible en la conversación pública, en la economía cotidiana y en la confianza institucional.
Primera fractura: la deuda. No es un porcentaje cualquiera, es impuesto diferido. Endeudarse puede ser razonable si financia capital con retorno. Hablamos de formación útil, de red eléctrica y logística para que la economía no se atranque, de I+D que convierta ciencia en valor, de una administración y una justicia digital que acorten tiempos y den certezas. Si, en cambio, la deuda paga gasto corriente, duplicidades o favores, entonces solo hipotecamos a los que vienen y degradamos el crédito del Estado. La sostenibilidad no es un tecnicismo contable, es la condición de cualquier política social que aspire a durar.
Segunda fisura: la inflación y el IRPF sin deflactar. No basta con que el IPC se modere. Lo que cuenta es la pérdida acumulada. Si no se actualizan los tramos, muchos contribuyentes saltan de escalón sin ganar poder adquisitivo. Es la llamada progresividad en frío “bracket creep”. La autoridad fiscal AIReF ha cuantificado el efecto en torno a mil ochocientos millones de euros al año. La conclusión es sencilla y poco polémica: si suben los precios y no hay ajuste, es como subir impuestos por la puerta de atrás. Así se erosiona el pacto sin decirlo, se castiga el salario medio y se alimenta una sensación de juego trucado que mina la confianza.
Tercera brecha: juventud y trabajo. España mantiene una tasa de paro juvenil por encima de la media europea. No es un mal de un mes, sino una trampa que combina temporalidad encubierta, parcialidad no deseada y rotación sin aprendizaje. Cuando el empleo deja de integrar, el acuerdo se rompe por la base generacional. Un país que empuja a su gente joven a la precariedad o a la emigración debilita productividad, pensiones y cohesión. También pierde ambición. El talento no florece espontáneamente; necesita continuidad, expectativas y un horizonte nítido de mérito y recompensa.
Cuarto aviso: calidad institucional. El Estado de derecho no se defiende solo. Sin límites a la discrecionalidad, sin transparencia con datos abiertos y sin justicia a tiempo y para todos, la igualdad ante la ley se evapora y lo que queda es obediencia selectiva. Los índices comparados detectan caídas que marcan tendencia. Este hecho debe invitar a un compromiso sobrio, nombramientos con mérito, órganos de control blindados, evaluación independiente de políticas y una cultura que valore la ley por encima del atajo. La credibilidad de un país empieza en su capacidad para tratar igual a quien piensa distinto.
Quinto espejismo: crecer sin ganar músculo. Hubo un año de buen crecimiento, apoyado en servicios e inmigración. Sin embargo, el PIB per cápita avanza con más pereza. Crecemos de forma extensiva, no intensiva. El empleo agregado sube, pero la productividad no despega y la inversión privada recupera niveles previos sin dar un salto de calidad. Si nos conformamos con el volumen y descuidamos el capital, la mejora se queda en espuma. Harían falta más tracción tecnológica, más competencia en mercados cerrados y un marco estable para invertir a diez o quince años. La prosperidad duradera no vive de impulsos, sino de estructura.
Sexto punto delicado: fondos europeos y trazabilidad. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es una oportunidad real, pero condicionada. Exige hitos, reformas y seguimiento. Ha habido avisos desde Bruselas, cuellos administrativos y ejecución irregular. No basta con licitar ni con cortar cintas. Hacen falta auditorías independientes, trazabilidad por proyecto, publicación de bases de datos abiertas y evaluación ex post de productividad. El dinero europeo no es un botín, es una responsabilidad. Debe traducirse en más productividad, mejores salarios y una economía menos frágil, o será un gasto sin efectos persistentes ni capacidad instalada.
Volvamos a lo esencial. La libertad económica ayuda a sostener la libertad política: quien puede trabajar, ahorrar o emprender sin pedir permiso depende menos del poder y puede discrepar sin miedo. Cuando casi todo se decide desde arriba, faltan datos reales y sobran errores: crecen la ineficiencia y el privilegio del bien conectado. Por eso propiedad y Estado de derecho no son abstracciones: ponen reglas iguales que protegen, sobre todo, a quien no tiene padrinos.
También conviene hablar del clima cívico. Tocqueville alentaba a las democracias a crear asociaciones para resolver lo cercano, sin caridad, sino autogobierno. En España hay muchas organizaciones, pero dependen en exceso de la subvención y del vaivén del poder. Recuperar independencia y pluralidad sanea el Contrato: entidades que rinden cuentas a sus socios, no al despacho que firma la ayuda. Si esas redes se debilitan, el ciudadano queda solo ante un poder que promete cuidado a cambio de consentimiento, y esa protección acaba volviéndose dependencia y se pierde autonomía.
También hay tradición española que conviene recordar. Ortega previno contra el Estado hipertrofiado que paraliza la iniciativa y convierte la vida pública en tutela. Marañón desconfiaba del poder que convierte derechos en meras gracias. Y Julián Marías recordaba que la libertad es estructura, no adorno.
En clave contemporánea, Víctor Lapuente insiste en que la calidad de gobierno asegura la igualdad real de trato; Fernando Vallespín describe cómo la desintermediación y la emotivización estrechan el espacio para el acuerdo racional; Ignacio Sánchez-Cuenca advierte de los costes de la polarización, que castiga la negociación y premia la identidad de trinchera; y Manuel Arias Maldonado explica cómo la política “sentimentalizada” dificulta la renuncia parcial que exige todo pacto.
Nada de esto es teoría alejada de la calle: es una guía práctica para recomponer el vínculo entre instituciones y ciudadanía.
Reparar el Contrato Social empieza por convertir las promesas en compromisos verificables: cada propuesta con su coste, la fuente de financiación, el techo de gasto o inversión que no se piensa rebasar, la senda de deuda compatible con la solvencia y los riesgos si el escenario se tuerce. La fiscalidad debe hablar claro: con inflación, o se deflacta o se explica por qué no, mostrando quién gana, quién pierde y cómo se compensa a rentas medias y bajas. Mantener la progresividad en frío (bracket creep) como recurso tácito erosiona la confianza y distorsiona trabajo y ahorro. Subir o bajar impuestos puede ser razonable según prioridades y ciclo, pero hay que decir cuánto, a quién, durante cuánto y con qué objetivo, con datos y evaluaciones periódicas que verifiquen resultados.
La deuda ha de ser herramienta, no coartada. Con un stock elevado y tipos normalizados, el crédito se reserva para inversiones con retorno verificable: capital humano, redes energéticas y logísticas, I+D útil, justicia y administración digitales. El gasto corriente a crédito encarece el futuro y vacía el margen cuando llegue el próximo shock. Con los fondos europeos, la regla es la misma: ayudas condicionadas a productividad, empleo de calidad, exportaciones y ahorro neto de emisiones; verificación independiente; y trazabilidad pública por proyecto, proveedor y resultado. Si el hito no se cumple, no hay cheque. Vincular el euro público a resultados medibles no es tecnocracia, es respeto al ciudadano que financia el esfuerzo.
El empleo joven necesita estructura, no parches, si no Formación Profesional dual real, itinerarios de aprendizaje en la empresa, incentivos a la estabilidad efectiva, trámites sencillos para prácticas de calidad y una vía legal de migración vinculada a vacantes. Un primer contrato digno a tiempo vale más que cien discursos. Todo ello reposa en límites y ley. Separar tiempos del legislador y del juez, blindar controles, profesionalizar nombramientos, acelerar la justicia y evaluar normas antes y después. Reforzar el Parlamento como espacio de escrutinio con datos, abrir la contratación pública a más competencia y menos excepción. Cuando la regla es previsible, baja la discrecionalidad, sube la inversión y se encoge el espacio del favor.
La energía es la base física del resto. Sin inversión suficiente en transporte, distribución y almacenamiento, la transición se queda en titulares. Invertir en red evita cortes, estabiliza precios, integra renovables y sostiene a la industria y a los hogares. Una planificación creíble, reglas estables y una remuneración que premie la inversión eficiente generan confianza, y la confianza abarata la factura del futuro. El lenguaje también importa. Llamar a los impuestos “aportaciones” cuando suben y “reducciones fiscales” cuando bajan confunde. La claridad no es frialdad, es respeto: recursos finitos, prioridades explícitas y costes de oportunidad a la vista. Tratar al ciudadano como adulto fortalece el suelo común.
España puede crecer con más ambición y con mejor calidad. Tiene talento, empresas que compiten fuera, universidades e institutos de investigación que producen conocimiento y una sociedad con vocación de estabilidad. Lo que falta es un pacto de madurez política y ciudadana. Menos magia y más oficio. Menos titulares y más gobernar. Menos fuga hacia la deuda fácil y más selección de proyectos que de verdad cambian la base productiva. Tocqueville diría que la democracia se sostiene cuando los ciudadanos se asocian para resolver lo que está cerca, y cuando el poder no lo invade todo. Esa es una guía útil para la España que mira a la próxima década.
Ortega recordaría que la nación es un proyecto de vida en común que exige un Estado capaz, contenido y previsible. Marañón pediría no confundir derechos con favores. Marías insistiría en que sin libertad la justicia es un nombre hueco. La propiedad y el emprendimiento no son enemigos de la justicia social, la hacen posible cuando se encauzan al bien común.
Lo demás es ruido. Y cuando el ruido sustituye a las cuentas, el acuerdo se rompe. Si queremos reparar la grieta, habrá que volver a lo sencillo y más difícil: aplicación de reglas, hábitos saludables y dar ejemplo. El resto, incluso el discurso más brillante, dura un día o un titular.
